La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para prevenir el consumo de alcohol entre los menores “poniendo el foco en su entorno y no en los chavales”.
Este anteproyecto de ley pretende proteger la salud de los menores frente al consumo de alcohol con medidas para regular su venta, limitar la exposición de bebidas alcohólicas y su publicidad y comunicación comercial, así como su prohibición en centros educativos.
Sin embargo, resaltó la ministra de Sanidad, “no ponemos el foco en los menores y el consumo individual sino en el entorno y en las condiciones que ayudan a prevenir el consumo de alcohol, y por eso instamos a las administraciones locales y autonómicas a que se fomente un ocio saludable”.
De hecho, subrayó, “no existe cantidad de consumo de alcohol que no tenga riesgo, ya que no existe la dosis buena, y menos para los menores. El consumo precoz tiene consecuencias en el desarrollo. El alcohol es perjudicial para la salud y para el neurodesarrollo de los niños”.
Por todo ello, añadió, “los principios rectores de esta ley son proteger la salud y la seguridad de los menores, evitar el consumo y los daños físicos, psíquicos y sociales que produce su consumo, así como disminuir el acceso al alcohol y contribuir a ese cambio cultural para dejar de banalizar este consumo entre menores”.
DATOS PREOCUPANTES
Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes), el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 a 18 años. A este respecto, García destacó que “en 2023, el 75,9% afirmó haberlo consumido alguna vez en su vida, el 73,6% en el último año, y el 56,6% en el último mes”.
Además, remarcó Mónica García, la percepción de los adolescentes sobre la facilidad para adquirir bebidas alcohólicas es muy alta y el porcentaje que consideran que les resultaría fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas alcanza el 93%, pese a que las normativas autonómicas prohíben la venta a menores de edad.
Ante estos datos, el anteproyecto de ley pretende establecer obligaciones para las Administraciones Públicas en materia de educación, sanidad, cultura, deporte, investigación, seguridad vial, ámbito laboral y familiar.
MEDIDAS
El anteproyecto de ley también recoge la prohibición del consumo de alcohol para todas las personas en centros docentes de educación Infantil, Primaria, Secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y de Enseñanzas Especiales, así como en centros de protección de menores y residencias de estudiantes.
Asimismo, se prohibirá la venta ambulante y sin licencia administrativa en la vía pública y en los demás lugares y circunstancias establecidos en otra ley estatal o autonómica, o en una ordenanza municipal.
Igualmente, el suministro automático de bebidas alcohólicas requerirá que las máquinas de dispensación incorporen mecanismos técnicos eficaces, con vigilancia y custodia directa, que permitan impedir su adquisición por personas menores de edad.
Junto a estas medidas, el anteproyecto de ley también contempla que la exposición y acceso a las bebidas alcohólicas en los establecimientos de autoservicio deberá limitarse a un espacio concreto dentro del propio local que esté separado de los espacios con productos específicamente destinados a las personas menores de edad.
VENTA Y PUBLICIDAD
Del mismo modo, en los establecimientos dedicados mayoritariamente a la venta de productos para personas menores de edad, no podrán venderse bebidas alcohólicas ni otros productos que los imiten.
También se prohibirá cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas. Además, en la publicidad o comunicaciones comerciales no se podrá usar la imagen o la voz de personas con menos de 21 años ni personas o personajes, reales o de ficción, cuya popularidad esté vinculada con la población menor de edad.
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el Ministerio de Sanidad publicará el texto del anteproyecto de ley para su trámite de audiencia e información pública y recabará los informes del resto de ministerios, así como de otras instituciones y organismos en la administración con competencias en los ámbitos que se regulan en el anteproyecto de ley.
Además, se dará trámite de audiencia a entidades cuyos fines asociativos, derechos o intereses pudieran verse afectados por la normativa. Una vez finalizados dichos trámites, el texto volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria.
