Prof. José Ramón Amor Pan: «¿Se quiere domesticar la Bioética en Galicia?»

 

La Comunidad Autónoma de Galicia fue bastante adelantada en esto de la Bioética. Así, incluso antes que hubiese legislación estatal al respecto, el Parlamento de Galicia promulgó, ya en el año 2001, la Ley reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, con una redacción y una fundamentación impecables.

 

Ese mismo año se creó también la Comisión Gallega de Bioética. Un año antes, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales había aprobado un decreto por el que se regulaba la creación y autorización de los Comités de Ética Asistencial, que ya venían funcionando en algunos hospitales desde hacía unos años. En toda esta dinámica hay que reconocer y agradecer la siembra llevada a cabo por Diego Gracia y Azucena Couceiro con el apoyo de la desaparecida Rosalía Mera a través de la Fundación Paideia.

 

Esos inicios tan prometedores, sin embargo, no tuvieron el adecuado desarrollo y hoy, con la perspectiva que da el paso del tiempo, hay que reconocer que en esas decisiones políticas hubo bastante de cosmética y más bien poco de compromiso institucional claro con la Bioética. Sirva para ilustrarlo un dato: la mencionada Comisión Gallega de Bioética no se dotó del indispensable reglamento de funcionamiento interno hasta el 24 de noviembre de 2010, cuando la comisión ya había sido renovada tres veces, y sus miembros apenas se habían reunido ni habían producido documento alguno, que yo tenga constancia, signo patente de que su existencia era sobre el papel más que otra cosa.

 

Sin embargo, los profesionales sanitarios gallegos no se desentendieron de la Bioética. Al contrario, hay que reconocer que un buen número de ellos han estado verdaderamente interesados y comprometidos en el desarrollo del nuevo paradigma moral, como pone en evidencia el magnífico funcionamiento de los comités de ética asistencial y el esfuerzo de muchos de estos profesionales por formarse en Bioética, incluso buscando fuera de la Comunidad la formación que no encontraban en Galicia y pagándosela de su bolsillo.

 

La llegada a la presidencia del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña del doctor Luciano Vidán marcó un punto de inflexión. Desde el principio de su mandato, él y su junta directiva se comprometieron con el desarrollo de la Bioética, convencidos de que la Ética y la Deontología Profesional son una de las razones fundamentales de la existencia de los colegios médicos. Las dos ediciones del Máster de Bioética (la tercera está en ya en gestación), los numerosos foros de debate organizados y la presencia en A Coruña de personajes tan relevantes como el norteamericano Tom Beauchamp (uno de los dos autores del famosísimo libro Principios de ética biomédica), el holandés Henk ten Have (entonces responsable de Bioética en la UNESCO) o las españolas Adela Cortina y Victoria Camps dan buena prueba de ello.

 

El terreno parecía bien abonado para que de una vez por todas la Bioética arraigase con vigor en Galicia, y que incluso el tan demandado Instituto Gallego de Bioética por fin viese la luz, como un centro superior de formación, investigación y divulgación, independiente, plural e interdisciplinario, alejado de cualquier posible veleidad política o partidista.

 

Sin embargo, las autoridades sanitarias gallegas se empecinan en caminar en sentido contrario, de manera totalmente suicida, como cuando un coche circula en dirección contraria a gran velocidad por una autopista, justo cuando la pluralidad moral y política de nuestra sociedad, los numerosos problemas éticos que la asistencia sanitaria plantea cotidianamente y la propia sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público demandan un esfuerzo colectivo serio de análisis y deliberación prudencial, con máxima transparencia, imparcialidad e independencia, que es lo que implica la Bioética rectamente entendida.

 

En marzo de 2015 se conocía la dimisión de siete miembros de la Comisión Gallega de Bioética por la negativa de la Consellería a publicar íntegro el Informe sobre desigualdades en la asistencia sanitaria, algo que terminó por dinamitar la existencia misma de la comisión. En septiembre de 2015 estallaba públicamente el caso Andrea, para quien sus padres pedían la suspensión de la alimentación y la hidratación artificiales y que la dejaran morir en paz, una solicitud avalada por el comité de ética asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago en un informe impecable y magníficamente fundamentado, a pesar de lo cual la máxima autoridad sanitaria gallega decidió no apoyar dicha petición, con algunas declaraciones francamente impresentables.

 

Dicen que no hay dos sin tres. Y en la Consejería de Sanidad parecen empeñados en hacer bueno el refrán. Si graves fueron los sucesos que acabo de reseñar, las autoridades sanitarias gallegas se superan superlativamente ahora con el anteproyecto de decreto para regular los comités de ética asistencial de Galicia. Si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? ¿Por qué precisamente ahora? Estas serían las primeras preguntas que cabe formular.

 

El anteproyecto incluye como principal novedad al personal directivo dentro de los CEA, algo que contradice el consenso básico alcanzado desde la noche de los tiempos acerca de la no conveniencia de incluir directivos en los CEA, por más que haya excepciones en algunos territorios, buscando garantizar al máximo la independencia e imparcialidad de los CEA. Además, se dice que los miembros de los CEA serán nombrados por el titular de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, una formulación lo suficientemente ambigua como para poder preguntarse con total legitimidad si también los va a seleccionar o si cabe no otorgar el placet a algún candidato. Dado que se impone la extinción de los CEA actualmente existentes a los seis meses de la entrada en vigor de este decreto, un borrón y cuenta nueva en toda regla, y que la solicitud de autorización del nuevo CEA (¿no sería mejor hablar de acreditación, un término menos imperativo?) será formulada por la persona titular de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada, también cabe preguntarse si será ésta la persona llamada a seleccionar a los integrantes del nuevo CEA.

 

La deliberación prudencial a la que convoca la Bioética nunca es abstracta ni meramente especulativa, siempre habrá de realizarse teniendo muy en cuenta el contexto, los tiempos y las circunstancias. Y éstas son las que son en Galicia, la tierra que me vio nacer y en la que trabajo desde que hace 16 años decidiera regresar para atender a mis padres con la calidad, cariño y dedicación que ellos se merecían. Pareciera que se pretende domesticar los CEA, ¿no les parece?

 

Recuérdese que en la nueva regulación dada a la extinta Comisión Gallega de Bioética, ahora Consejo Gallego de Bioética, a pesar de las alegaciones presentadas al respecto y de los lamentables sucesos acaecidos, la misma autoridad que nombra es quien selecciona a los miembros, lo cual produce un sesgo claro de inicio que amenaza claramente la independencia e imparcialidad del órgano. Y que los siete miembros dimisionarios, a pesar de lo manifestado en un principio, no fueron invitados a formar parte del nuevo órgano, tan sólo fueron invitados quienes no habían dimitido, es decir, fueron claramente represaliados.

 

Resulta tremendamente doloroso comprobar que en la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia no han aprendido absolutamente nada de los errores pasados. El último rayo de esperanza descansa en que el nuevo Consejo Gallego de Bioética no pase por ahí y logre echar para atrás este borrador de decreto. Si sus miembros no logran parar este disparate, siempre les quedará el camino que otros hemos seguido en similares circunstancias, dimitir, y con ello presionar al más puro estilo de militancia que propugnaban los padres de la Bioética. Como decía Julián Marías, y Diego Gracia gusta de recordar, por mí que no quede.