La Dra. Mª Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Médicos, participó el pasado viernes, 26 de mayo, en las jornadas ‘Datos de salud. Claves ético-jurídicas para la transformación digital en el ámbito sanitario (BioDat)’ en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia
La Dra. Mª Isabel Moya formó parte de la mesa de debate ‘La estrategia de datos a nivel europeo y su incidencia en el ámbito sanitario’ junto a Itziar Alkorta Idiakez, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco; Julián Valero Torrijos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia; y Susana Navas Navarro, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Elena García Quiñones, delegada de protección de datos del Sercicio Murciano de Salud, ejerció de moderadora.
En su intervención, la Dra. Moya expuso que la estrategia de la propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios consiste en compartir entre los países de la Unión Europea (también terceros) los datos sanitarios “para favorecer la prestación sanitaria directa y disponer de información a gran escala que permita mejorar la investigación y el diseño de políticas sanitarias eficaces”, afirmó.
Así, las personas físicas de la UE tendrían un mayor control sobre sus datos sanitarios electrónicos bajo un marco jurídico común. Por otra parte, la vicepresidenta primera del CGCOM destacó que, de este modo, los investigadores, innovadores, responsables políticos y reguladores de los Estados miembros podrían acceder a los datos sanitarios electrónicos “para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el bienestar de las personas físicas, y dar lugar a políticas mejores y bien informadas”. Con este reglamento también se persigue crear un auténtico mercado único de productos y servicios sanitarios digitales, y armonizar las normas, señaló la doctora.
Desde el CGCOM se creó un grupo de trabajo que incluye distintos puntos de vista (ASD, especialistas en genética, Comisión Central de Deontología Médica, especialistas en inteligencia artificial, la European Junior Doctors, juristas especializados en protección de datos y en identidad digital) para estudiar en profundidad la propuesta y plantear enmiendas al texto propuesto. Así, desde la organización se trasladó un documento sobre la propuesta del EEDS a todos los eurodiputados de las comisiones parlamentarias designadas por el Parlamento para la elaboración del informe, en el que se presentaron un total de 51 enmiendas al texto, de las cuales 24 han sido recogidas de forma oficial.
Mª Isabel Moya explicó que la interoperabilidad actual de los datos sanitarios en España permite que: “Los datos sanitarios de ciudadanos de España pueden ser consultados por médicos de los países Portugal, Francia, Croacia, Luxemburgo y Malta; los médicos de España pueden acceder a los datos de los ciudadanos de Portugal, Croacia, Luxemburgo y Malta; y, las recetas electrónicas de España pueden recogerse en farmacias de Portugal, Croacia, Polonia y Finlandia”. Por ello, el EEDS conllevaría una serie de beneficios, entre ellos, “mejoraría la atención médica al disponer de más información, se produciría menos iatrogenia, los profesionales compartiríamos más conocimientos y mejor; y se facilitaría la investigación”, señaló.
Sin embargo, también existen una serie de riesgos como la colisión de esta norma con las leyes nacionales, con los derechos de confidencialidad, secreto profesional, consentimiento y autonomía del paciente, con la seguridad y confianza en los procedimientos, o como la vulneración de los principios éticos de la Medicina.
En cuanto al uso primario de los datos, se plantean cuestiones cómo si estos estarán centralizados o federados, a quién pertenece la responsabilidad, si el paciente podrá aportar o quitar datos o si habrá una propiedad efectiva de los datos por parte de los ciudadanos, explicó la Dra. Moya. Asimismo, añadió que “se recomienda el uso de los más altos estándares de seguridad”.
En referencia al uso secundario de los datos, desde el CGCOM se considera necesario “reflexionar profundamente sobre el sistema de consentimiento propuesto por la Comisión para tal efecto, denominado op-out, en sus garantías y su sistema técnico y de control, definir mejor los fines de uso, sancionar la divulgación no autorizada y el uso indebido e involucrar a los comités de ética en todo el proceso”, afirmó.
En cuanto a las responsabilidades y la rendición de cuentas, Moya considera que la responsabilidad del médico en la interoperabilidad y el acceso a los datos debe aclararse y nunca incrementarse. Además, expuso que los profesionales de la Medicina deben “quedar excluidos de la obligación de proporcionar datos de salud para uso secundario”.
En definitiva, según la doctora, con la actual redacción de la propuesta europea se plantean grandes desafíos que deben resolverse antes de su definitiva aprobación, y que se resumen en: “evitar la colisión con las leyes nacionales de cada país y, en España, concretamente con los principios contenidos en la ley de autonomía del paciente, la definición de la responsabilidad de cada interviniente, la necesidad de alfabetización digital ciudadana, y la gestión adecuada del cambio cultural que este reglamento supondrá para los médicos europeos al implicarlos en la importancia de la calidad del dato con registros estandarizados para que este espacio común resulte un éxito”.
