En la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso se aprobaron en su sesión de ayer jueves varias proposiciones no de ley como la de promover la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria en todas las Facultades, proteger laboralmente a los donantes de órganos en vida y hacer frente al maltrato al anciano, entre otras
La proposición no de ley sobre Medicina de Familia fue impulsada por el Grupo Popular, para promover la asignatura en todas las facultades de medicina e incluir esta especialidad en el catálogo de áreas de conocimiento.
«Cuesta creer que todavía haya Facultades donde los alumnos no puedan estudiar esta asignatura», lamentó el diputado socialista Ricardo Cortés, que llegó a un acuerdo con el PP para una transaccional en la que también piden que los médicos de familia puedan incorporarse al cuerpo docente del Grado de Medicina para impartir esa iniciativa.
El portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, defendió que los criterios de acceso a la docencia deben ser «iguales para todos» con independencia de la especialidad y ha pedido más medidas para hacerla más atractiva para los nuevos médicos.
Algo en lo que coincidió la representante de Unidos Podemos, Amparo Botejara, que aseguró que si los estudiantes no eligen Atención Primaria es porque «ven que las consultas están masificadas y hay pocos recursos». «Y si los MIR que acaban la especialidad repiten y eligen otra es por el trabajo temporal y precario que se le da», lamentó.
Ampliación de permisos y protección
de despidos a donantes de órganos en vida
La Comisión aprobó, asimismo, por unanimidad una proposición no de ley para que el Gobierno amplíe la protección socio-laboral de las personas que donan un órgano en vida, de modo que puedan acceder a permisos antes y después del trasplante y estén protegidos ante un posible despido durante ese proceso.
«Los donantes vivos arriesgan su vida por ayudar a otros, aunque eso conlleva complicaciones y no está exento de mortalidad. Por eso queremos que el Gobierno se haga cargo de cambiar la ley y proteja a los más generosos de este sistema», defendió Francisco Igea, de Ciudadanos y autor de dicha iniciativa.
Esta situación ya ha sido reclamada desde hace un año por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y los Ministerios de Sanidad y Empleo se comprometieron entonces para garantizar la protección laboral de estas personas durante las pruebas y estudios de compatibilidad previos al trasplante, así como durante la posterior recuperación.
De hecho, el entonces director de esta institución, Rafael Matesanz, pidió en marzo del año pasado una protección similar a las que tienen las mujeres durante el embarazo y postparto, para evitar que estos donantes tengan problemas en sus puestos de trabajo por este motivo.
Sin embargo, según denunció la diputada del PSOE Miriam Alconchel, ya ha pasado un año y «mucha gente se siente frustrada por la inacción del Gobierno en este sentido».
Por ello, en la propuesta transaccionada por ambos partidos piden al Gobierno que la donación de un órgano en vida se considere una causa de incapacidad temporal y esté cubierta por las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes durante todo el proceso médico necesario, incluida la posterior convelecencia hasta que el donante recupera su plena capacidad laboral.
Asimismo, Ciudadanos pedía la posibilidad de declarar nulos los despidos que tengan lugar durante el año siguiente al proceso siempre que se pueda achacar a consecuencias de la donación.
«La tónica general es que luego el despido se declare improcedente pero no nulo, por eso pedimos todas las modificaciones legislativas necesarias para que una incapacidad laboral por donación de vivo nunca pueda ser causa de despido», indicó Alconchel.
La diputada ‘popular’ María del Mar Blanco ha defendido que el Gobierno lleva un año trabajando en la elaboración de una propuesta normativa que amplíe esta protección, y según fuentes de la ONT, los ministerios de Empleo y Sanidad ya han iniciado los contactos para dar una solución a este problema.
Lucha contra el maltrato a ancianos
Por otra parte, se reclamó al Gobierno que la lucha contra el maltrato a los ancianos sea una de las líneas prioritarias a trabajar dentro de la Estrategia Nacional de mayores. La iniciativa, del PP y transaccionada con Foro Asturias, contó con el apoyo de Ciudadanos y Compromís y la abstención de PSOE y Unidos Podemos.
La portavoz ‘popular’ en esta comisión, Dolores Marcos, recordó durante el debate de esta proposición no de ley que España se encuentra «a la cabeza mundial en el ámbito del envejecimiento» con la previsión que existe para 2025: de los actuales 8,5 millones de habitantes mayores de 65 años, España pasará a tener unos 17 millones.
«El aumento de la esperanza de vida se sitúa hoy en los 83 años, frente a los 77 años de 1990», señaló la diputada, quien añadió que a esta realidad debe sumarse «la deuda de la sociedad española hacia los mayores». En esta línea defendieron la necesidad de políticas públicas específicas y ambiciosas a favor de los mayores, más si cabe ante «un problema oculto» como es el de la lucha contra los malos tratos a los mayores, ante el miedo o la incapacidad de los agredidos para denunciar.
Según explicó Marcos, «se trata de un grave problema de salud pública y de un profundo problema social» dado que las cifras de las que se dispone sobre el maltrato físico, el abuso sexual o el maltrato psicológico a los mayores «están lejos de la realidad», pues en muchas ocasiones los agredidos presentan una fuerte «dependencia» de sus agresores y eso imposibilita las denuncias de todas estas agresiones.
Medidas contra una alimentación insana
Otra iniciativa presentada por la representante de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Rita Bosaho relacionada con la alimentación insana en España, planteando una batería de medidas que han salido adelante gracias al apoyo de Esquerra Republicana y Grupo Mixto, pese al voto en contra del PSOE y las abstenciones de PP y Ciudadanos.
Entre otras medidas, la proposición no de ley plantea incorporar elementos en el ámbito educativo que actúen sobre el ambiente alimentario insano, garantizar que en los centros existan opciones saludables de alimentación y que exista un control efectivo de la publicidad y distribución de la alimentación malsana.
Junto a ello también pide incluir medidas impositivas sobre los alimentos malsanos que permitan desincentivar su consumo, así como reducir los impuestos sobre las opciones alimentarias saludables, en particular productos frescos o con mínimos procesados.
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