El exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán y, hasta ahora, adjunto primero en la Oficina del Defensor del Pueblo sustituirá temporalmente a Soledad Becerril en su cargo tras su decisión de no renovar su mandato al frente de la institución, que finaliza el próximo 21 de julio. Becerril se despide con la presentación, a finales de este mes, del balance correspondiente de este semestre y otro de los cinco años de su gestión
En rueda de prensa, celebrada ayer, la todavía Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, afirmó que no tiene intención de renovar su mandato al frente de la institución,»Considero que cinco años son un tiempo suficiente para llevar a cabo una labor. Acaba aquí mi tiempo como Defensora», según señaló.
A partir de esa fecha, será hasta ahora adjunto al Defensor, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, quien actuará como interino hasta que tres quintos del Congreso de los Diputados (210 votos) y del Senado acuerden el próximo candidato para dirigir esta Institución.
Ante los medios de comunicación, en la sede de la Institución, Becerril ha indicado que para ella ha sido «un gran honor» haber intentado complir con el mandato de la Constitución para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y actuar como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como Mecanismo de Prevención de la Tortura. «Si hay una sola persona en España que no puede quejarse, esa es la Defensora del Pueblo», ha celebrado.
Asimismo, ha hecho un repaso de su labor al frente del Defensor del Pueblo, y ha enumerado los informes presentados: cinco anuales, cuatro semestrales, 22 monográficos y cinco como Mecanismo de Prevención de la Tortura. Entre estos trabajos cabe destacar el relativo al ámbito sanitario donde a lo largo de estos años ha venido incidiendo sobre los problemas y necesidades de los ciudadanos en materia sanitaria.
La primera Defensora del Pueblo -tras dos años de interinidad de María Luisa Cava de Llano- señaló que su prioridad durante el mandato ha sido el de «abrir la institución al mayor número de personas posible», así como el de acortar los tiempos de respuesta de las administraciones, facilitar la llegada de información o efectuar recomendaciones a las instituciones públicas, al tiempo que celebró que el grado de aceptación de las recomendaciones de la Institución ha pasado del 70% en 2012 al 82% en 2016 hasta las 1.771.
La Defensora también destacó que los tiempos medios de respuesta a las quejas de los ciudadanos han pasado de los 62 días de 2013 a los 30 de 2017; los del Defensor a la Administración, de 81 días a 43, en el mismo periodo, mientras que los de las administraciones públicas al Defensor, de 77 a 75.
«Me gustaría que los tiempos en que tardan en contestar las administraciones se redujeran mucho más porque detrás de cada queja hay un ciudadano que necesita una solución», ha insistido. También ha subrayado que la gestión ha mejorado durante estos cinco años con menos presupuesto: En 2012 fue de 14,49 millones de euros y en 2017 de 14,18, el mismo que el año anterior.
Becerril ha aprovechado esta rueda de prensa para recordar los logros de la Institución durante esta etapa, entre los que destacó el trabajo contra la trata de seres humanos, con las recomendaciones al gobierno para su persecución y la acogida de las personas explotadas; la «preocupación» por la situación de los refugiados con la visita a centros de acogida en Italia, Turquía y Jordania. También se refirió, entre otras, a las actuaciones por la pobreza energética, como el bono social y que se recoja en el reglamento que tiene que culminar el Gobierno las circunstancias de las personas en situación vulnerable, y las 101 visitas del Mecanismo Nacional contra la Tortura.
