El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III; el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); y el Dr. Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento; se cuestionan, en esta entrega de la ronda de artículos de opinión conjuntos, cómo la función de Autoridad Sanitaria “está sujeta a una presión creciente de todo orden y naturaleza, tratando de miniaturizar su función de gobierno”
Deseamos expresar en primer término y sin ambigüedad alguna, que quienes asumen responsabilidades en el ámbito de las Administraciones Sanitarias, en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), son tributarios, en razón a su ejercicio de responsabilidad pública, del mayor respeto y consideración por parte de todos los agentes del sector y de la propia sociedad. Y lo constatamos aquí de forma fehaciente porque la función de Autoridad y Rectoría sanitaria es cada vez más compleja, exigente y no exenta de tensiones.
Sabemos por otra parte que el ecosistema sanitario no sólo es económico, tecnológico, organizativo y epistemológico, también lo es antropológico, sociológico, cultural, cívico, humanista y moral. En la aplicación de los principios de buen gobierno (transparencia, rendición de cuentas, participación, integridad y autoridad decisional) y la eficiente gestión pública, se sustenta la proeza de la sostenibilidad del SNS para las próximas generaciones, y ello requiere necesariamente de iniciativas gubernamentales para articular institucionalmente aquellas reformas acordadas en el ámbito de las políticas sanitarias y sociales.
Es responsabilidad de todos quienes hemos recogido este inmenso legado sanitario transferirlo a las siguientes generaciones en condiciones de solvencia financiera y social, así como de estabilidad orgánica y apropiada coordinación territorial. Este propósito requiere de políticas eficientes de modernización organizativa, talento gestor y liderazgo institucional para que el SNS no decline por autocomplacencia, dejación o desidia. No debemos olvidar que el SNS es un sujeto colectivo, un proyecto nacional común y solidario, dotado de legitimidad social y de dignidad cívica -civilidad-, y que todos debemos preservar y reforzar para hacerlo sostenible y mejorable en calidad asistencial y humanización.
La grandeza de servir al interés general y al bien común como virtud de la función de rectoría política del SNS, debe ser constatable mediante un ejercicio de ejemplaridad pública en representación de la ciudadanía y del conjunto de la sociedad. Sin embargo, hoy sabemos que la función gubernamental se ve interferida por los poderosos intereses agenciales -de parte- que operan en el sector sanitario y que constituyen una fuerza inquietante de presión vertical sobre el sistema, lo cual exige a la Autoridad Sanitaria profundas convicciones, firmeza y calidad democrática, liderazgo institucional y ética pública ejemplarizante.
Es por ello que, a práctica política, en medio de presiones financieras, burocratización refractaria a todo proceso de modernización y persistente riesgo de involución social, convierten en demasiado desafiante sostener una motivación para un liderazgo transformador y reformista. Ello hace que una parte del talento político y gestor de nuestro SNS no esté disponible para entrar en esta “primera línea de fuego a campo abierto”, más allá de la capacidad personal de aclimatación a entornos hostiles y situaciones desalentadoras, lo que requiere gran madurez y compromiso personal, así como de habilidades competenciales para asumir el fracaso, si lo hubiere, de forma constructiva y resiliente. Este nivel abrasivo de exposición pública y mediática predetermina sin lugar a dudas determinadas decisiones en la programación y desarrollo de muchas de las iniciativas de gobierno y de gestión que marcan la agenda de la responsabilidad política.
Hoy la turbulencia es mucho más severa e implacable con quienes han asumido con mucha generosidad esta función política para la gobernanza del sistema sanitario. Si bien es cierto que la Autoridad Sanitaria -desde la primacía del propio mandato Constitucional- tiene la legitimidad política como representación de un Estado Democrático y de Derecho, no es un eximente, más bien al contrario, de la responsabilidad que nos impele -a todos-, en nuestra condición de ciudadanía sanitaria, para otorgar la mayor protección y confianza a quienes nos representan en la tarea de gobierno y gestión sanitaria.
Es verdaderamente descorazonador constatar cómo la función de Autoridad Sanitaria está sujeta a una presión creciente de todo orden y naturaleza, tratando de miniaturizar su función de gobierno, relativizar los valores identitarios del sistema, considerar prescindibles, por irrelevantes a la legítima representación social y profesional, y banalizar el comportamiento moral en las relaciones de agencia, lo que conduce inexorablemente a que la responsabilidad de ejercicio que compete legítimamente al Estado se vea desplazada hacia dominios del mercado, y sin duda, con complicidades entreveradas bien incrustadas en el propio ámbito público.
A más, de forma silente, los grupos dominantes de presión económica (preferentemente sector manufacturero y canales de distribución e intermediación corporativa) que operan en el sector sanitario, van adquiriendo posicionamientos crecientes en ámbitos decisionales de Autoridad Sanitaria a través de sus eficientes “redes tentaculares” -de muy diversa naturaleza- (muy bien descritas y documentadas hace ya muchos años en la Comisión de Sanidad del Parlamento Británico), en algunos casos, con la propia anuencia de determinados agentes gubernamentales y colaboradores profesionales abducidos “franquiciados”, bien pertrechados en la cadena de valor gerencial, asistencial y la función de I+D del propio sistema. Las denominadas “puertas giratorias”, también presentes en este sector, siguen siendo un buen indicador predictivo y explicativo de algunas de estas graves patologías intrínsecas de la organización sanitaria pública que deslegitiman las credenciales éticas y sociales de nuestro SNS.
Es claro y notorio el cómo las alianzaslobbistas de la manufactura sanitaria, los grupos gremiales corporativos y la intermediación agencial han encontrado un frágil terreno en la función de Autoridad Sanitaria, más evidente si cabe en esta época pandémica Covid-19, en donde la competencia política colegiada del conjunto del SNS -desde la misión de coordinación inter-autonómica- para articular políticas de salud compartidas y solidarias, ha dado señales inquietantes de “barullo” y desorientación en materia de cohesión social territorial, insuficiente liderazgo gubernamental, vidriosa lealtad institucional, perplejidad jurídico-competencial, anquilosamiento organizativo y funcional e inexcusable desatención a los principios de buen gobierno.
Quienes creemos en la primacía de la soberanía y Autoridad Sanitaria, sustentada en la legitimación social y ejemplaridad en el ejercicio de la responsabilidad pública, consideramos que ha llegado el momento de discernir “sin medias tintas” sobre los riesgos involutivos en la cohesión territorial, equidad y solidaridad del SNS, y señalar la urgencia en dar voz a la ciudadanía sanitaria y al profesionalismo competente y éticamente persuasivo.
* Las tribunas y artículos publicados en medicosypacientes.com no representan posturas o posicionamientos oficiales del CGCOM
