El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en esta sexta entrega de la ronda de opiniones bajo el título de "Profesionalismo Médico, Economía y Sociedad", hablan de la necesidad a consolidar aquellas políticas públicas que configuran "el Estado Social, siendo la función sanitaria la preferente conforme al pensamiento y a los criterios/juicios de valor de nuestra sociedad"
Cultura y ciencia siempre han ido solapadas en su desarrollo y difusión; es más, evaluando los presupuestos públicos en los países económica y socialmente más avanzados, constatamos que aquellos que invierten más en cultura, lo hacen también en ciencia. Comparativamente, nuestro país va rezagado en estas funciones en relación a otras economías y sociedades paneuropeas, y por ello, debemos exigiremos todos, no sólo los gobiernos, contribuir a una España creciente aprovechando este ciclo revulsivo de Fondos Europeos, para consolidar aquellas políticas públicas que configuran el Estado Social, siendo la función sanitaria la preferente conforme al pensamiento y a los criterios/juicios de valor de nuestra sociedad.
En este contexto, en donde la innovación –principio de innovación– se viene considerando en las últimas décadas un “dogma de fe”, un “dios terrenal” al que hay que “servir y adorar” siguiendo la lógica dominante del mercado, quizá sería oportuno replantear o redefinir ante la sociedad y en clave de seguridad y garantías públicas, algunos conceptos de ciencia e innovación en los sistemas sanitarios contemporáneos, en donde quede custodiado el “poder de la razón”, la epistemología crítica, la virtuosa transparencia -buen gobierno- frente al marketing global, el monopolio del saber o la ciencia hegemónica de corte comercial, la protección decisional del poder político, social y profesional frente a la presión vertical de los agentes económicos, la rendición de cuentas de los comités de ética en la evaluación de la investigación, y todo aquello que cuestione los “dogmas y verdades únicas” construidas sobre la base de la maximización del beneficio económico y la captura moral de los decisores. Sin duda, quienes detentan el poder en nombre de la ortodoxia, marcan las reglas y preferencias para así establecer los mecanismos de dominio categórico para la subordinación de los agentes intervinientes y en determinados casos, la enajenación de las discrepancias.
Sobre este tema, es verdaderamente inquietante que figuras credencialistas en las ciencias biomédicas se vengan expresando en las últimas décadas en términos como:
- “la ciencia ha dado un giro oscurantista” —–“una parte de la investigación científica no es fiable, si no totalmente falsa, y por lo tanto fraudulenta” Offline: What is Medicine`s 5 Sigma? Richard Charles Horton (Editor Jefe The Lancet);
- “no es posible creer gran parte de la investigación clínica que se publica o confiar en el juicio de los médicos acreditados o seguir las pautas médicas autorizadas” Drug Companies&Doctors: A story of Corruption.2009. Marcia Angell (Ex-Editora Jefe. New England Journal of Medicine);
- “los médicos acabarán cayendo en desgracia ante la opinión pública, como ya ha ocurrido con periodistas, diputados, banqueros, por no haber sido capaces de ver hasta qué punto han aceptado la corrupción“. Richard Smith (Ex-Editor Jefe British Medical Journal; PloS Medicine;
- “Los estudios que muestran resultados positivos de un fármaco o un dispositivo bajo prueba tienen más probabilidades de ser publicados que los estudios negativos”. Harvey Markovitch. (Ex-Editor Jefe. Archives of Disease in Childhood and of Clinical Risk; Ex-Editor Asociado. BMJ Publishing Group).
Como refiere Ben Michael Goldacre (Centre for Evidence- Based Medicine: University of Oxford) “se ha normalizado una relación de los médicos y la industria farmacéutica, que sería inaceptable -desde una axiología profesional- por la opinión pública si se conociera”.
Por estas y otras razones, sabemos que de forma persistente la credibilidad de la industria farmacéutica está siendo muy cuestionada, y qué sigue ocupando críticamente muchos espacios en la literatura científica y de la prensa general. Algunos son de dominio público, como que el precio de un nuevo fármaco no está estrechamente justificado por el escandallo completo de costes en su proceso manufacturero de fabricación, más allá de los costes de la función I+D+i y de comercialización.
En posible que en la cultura empresarial del big pharma actual no parece que los costes reputacionales tengan la relevancia que sí la tuvieron en el pasado, dado que los resultados económicos en estas corporaciones globales en la última década están siendo exuberantes, incluso en instituciones cuya moral corporativa ha sido cuestionada. Entonces, por qué cambiar el modelo de prácticas de gobernanza, rectoría o dirección corporativa??. Por qué no renunciar definitivamente a la competencia como principio de legitimación del neocapitalismo contemporáneo??. La ética empresarial que quede residenciada académicamente en las business school y no tanto en los mercados cautivos bien protegidos por las patentes, sustentados en un mercantilismo pragmático.
Asentando nuestro profesionalismo
En las entregas precedentes hemos venido reflexionando sobre la cultura de profesionalismo médico y la misión agencial en una sociedad plural, conjugando nuestro ideario credencialista y las responsabilidades que emanan del mismo, preferentemente las de protección de la salud y prestación de servicios sanitarios a una población con derechos sustantivos de ciudadanía, pero también aquellas que contribuyen a garantizar el desarrollo y promoción profesional, bienestar y seguridad laboral, participación activa en la esfera pública y emprendimiento reformista en el sistema sanitario.
La Escuela de la Profesión Médica promovida desde el Consejo General de Colegios de Médicos de España es sin duda el mejor marco institucional e instrumental posible para asentar las bases de un pensamiento renovado y transformador de lo que hemos venido denominando en las últimas décadas “nuevo profesionalismo médico”, y cuyo foco de acción dentro de la esfera pública, sanitaria y social adquiere una especial relevancia como consecuencia de la crisis pandémica y económica que estamos viviendo, y que exige un esfuerzo colectivo para salir recuperados y fortalecidos en lo que más directamente nos concierne, como es nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS).
Sabemos que el conocimiento -con todas sus tipologías y variantes que ya hemos desarrollado en otros textos, y que determinan las competencias profesionales y sociales de las organizaciones sanitarias- constituye el principal activo fijo de nuestras instituciones y servicios de salud, y que implícitamente custodia Valores (no es neutral) que forman parte de nuestra identidad profesional, porque bien conocemos, que ninguna decisión racional en la vida personal y de servicio está libre de ellos. Por tanto la importancia de una Escuela de Valores para el ejercicio profesional del médico que otorgue la legitimidad social y el reconocimiento de una sociedad pluralista que aprecia la misión de servicio y confía en nuestra protección y tutela. Sostener y desarrollar estos fundamentos éticos del profesionalismo médico, es quizás la principal tarea de este Nuevo Ente Formativo representativo de nuestras mejores credenciales.
Sin duda, estamos en el buen camino. Poniendo énfasis en la ciudadanía, necesitamos participar activamente y cooperar con todas aquellas entidades asociativas, instituciones civiles, organizaciones comunitarias y movimientos sociales que contribuyen a robustecer e integrar la sociedad civil. Este logro reconocible y reconocido fortalece nuestra base de legitimación para así poder tomar iniciativas propias que ayuden a consolidar los procesos de interlocución a nivel gubernamental, social e institucional.
Para este empeño de presencialidad y representación pública activa no tenemos más ideario o señas de identidad que nuestra propia historia moral -siempre inacabada-, el valor del compromiso incondicional con una sociedad a la que debemos incondicionalmente toda atención, cuidado y protección de su salud, la participación proactiva en experiencias de solidaridad, comunidad e integración social, la contribución humilde a perfeccionar una sociedad civil autorregulada y civilizada, sin dominios coercitivos ni miembros excluidos de la misma, basada en el desarrollo de la libertad, equidad y renuncia a todo neocorporativismo elitista o categorización excluyente.
Sin duda, esta nueva realidad que vivimos y sentimos, nos exige una vez más como profesión axiológica y moral dar pasos firmes en la buena dirección, que no es otra que la de anteponer el interés general y el bien común, por encima de todo lo particular, por muy necesario y legítimo que así lo entendamos. Nada fácil para la filosofía y cultura dominante de nuestro tiempo.
Una deseabilidad compartida e incierta
El señuelo de un gran Pacto de Estado por la Sanidad sólo genera “atractividad” en su propia formulación, porque la esperanza de su materialización quedó en el alero hace ya muchos años,….
Desafortunadamente, tampoco a día de hoy, se dan las condiciones, ni de lejos, para que una “sentada” de responsabilidad social y política sea posible. Posiblemente, lo más sensato sería, para no continuar en un estado diletante, recoger alguno de los epígrafes más relevantes del Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Económica y Social, en donde se consensuaron por la mayoría de los grupos políticos algunas reformas necesarias y deseables -a buen seguro insuficientes -para el SNS.
En la agenda política ministerial se recogen dos proyectos preferentes de reconstrucción y de ordenación de competencias esenciales para nuestro SNS, y que sin duda su desarrollo contribuiría a reforzar la gobernanza y las garantías sanitarias públicas para el conjunto de la población:
a/ La agencia estatal de salud pública.
b/ La ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS. Avanzar en estas materias principales en el actual estado de desconcentración y descentralización funcional del propio sistema, no será tarea fácil en la actual coyuntura política, ni en la cultura institucional autonómica dominante en relación a las competencias propiamente territoriales en aras a facilitar la cogobernanza y cooperación multinivel.
Los que estudiamos “teoría de conjuntos” en nuestra época de bachillerato, y la “ciencia de sistemas interdependientes y complejos” aprendida en las últimas décadas, nos ha señalado inequívocamente que “las partes integradas en un todo, son más consistentes y viables, que las fragmentadas o desintegradas”. Nos lo recordaba Michel Camdessus, ex-Presidente del FMI (1987-2000), “la Unidad Europea será más fuerte si se sustenta en mecanismos institucionales de integración y cohesión entre países y regiones”. Es fácil su traducción a nuestro SNS.
La mayor fortaleza de una institución pública territorial, particularmente de la función sanitaria, está en vincular e integrar el desarrollo y avance de sus propias competencias autonómicas, en la cogobernanza, planificación y ejecución de las políticas comunes del conjunto del sistema, en un proceso integrativo de coordinación verticalmente integrado y de cooperación trasversal interterritorial. La experiencia internacional acumulada en estados y sistemas de gobierno federal, ha mostrado eficientemente que principios como la equidad y la cohesión social, son más sostenibles en estos modelos complejos institucionales y organizativos Integrados y funcionalmente descentralizados.
Desde esta visión particular, no siempre compartida, y sin ninguna otra pretensión, expresar una vez más la disponibilidad incondicional de los Órganos de Gobierno Colegial de la profesión médica, para participar como agente sanitario en el curso de los encuentros formales que pudieran acontecer por iniciativas bien gubernamentales, o de diferentes agentes políticos y sociales.
Es cierto que las dinámicas internas propias y la inercia arrolladora de la que formamos parte en nuestras relaciones, sistemas de trabajo, formas de comunicación…. en suma, modus vivendi, nos dificulta enormemente establecer vínculos o acuerdos estables en ámbitos gubernamentales, y en todo tipo de instituciones con objetivos potencialmente convergentes, para vertebrar iniciativas sostenibles en el tiempo que pudieran aportar valor a aquellos procesos compartidos que debieran contribuir a mejorar lo que desde nuestra perspectiva profesional e ideario social consideramos preferente en las políticas sanitarias y servicios de salud.
Algunos nubarrones en la coyuntura económica y presupuestaria
En el análisis del perfil trimestral de crecimiento del PIB que acaba de presentar el INE ha sorprendido la revisión a la baja en el segundo trimestre de este año en curso, hasta situarla en el +1.1% intertrimestral, es decir, -1.7 puntos inferior al esperado (+2.8%), circunstancia que puede introducir correcciones respecto a las previsiones del Gobierno para el conjunto del año. Esta revisión podría explicarse por la clara tendencia a la baja del consumo familiar, de la inversión en bienes de equipo y el alza de las importaciones en el comercio exterior. Es muy posible que se plantee una reconsideración del crecimiento económico a la baja, dado que la ejecución de los Fondos Europeos está rezagada y el repunte inflacionista está siendo especialmente notable.
Si bien la OCDE y el Banco de España (BE) mantienen las previsiones de crecimiento para 2021 en el 6.8% y el 6.3%, respectivamente, así como el Gobierno de España se ratifica en el 6.5% para este mismo año, y proyecta al 7% para el 2022 (Anteproyecto Presupuestos Generales del Estado-2022), son cada vez más las “voces” coyunturalistas que apuntan hacia una ralentización económica expresada en una caída por debajo del 6% en 2021 de mantenerse las condiciones anteriormente señaladas, sí bien se mantienen al alza las previsiones para próximo ejercicio 2022 por estos mismos organismos, concretamente 6.6% (OCDE) y 5.9% (BE). También el FMI, en su último informe “Perspectivas de la Economía Mundial: La Recuperación en Tiempos de Pandemia- Octubre 2021“, proyecta para nuestro país crecimientos (PIB real) del 5,7% (2021) y 6.4% (2022).
El BE en este 2021 estima un repunte del PIB en el tercer trimestre del año del 2.7% (en tasa intertrimestral) sustentado en el control de la pandemia, el acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y el mayor gasto corriente de las familias, lo que justificaría el mantenimiento de su posición de crecimiento del 6.3% PIB. Para el 2023, mejora también la previsión de crecimiento del PIB hasta el 2%.
Con estas proyecciones, es esperable que el producto de la economía en nuestro país recuperaría al nivel previo a la crisis sanitaria a partir del segundo semestre de 2022, y lo haría fundamentalmente sustentado en la demanda agregada nacional, más que sobre el comercio exterior cuya contribución positiva al PIB será poco significativa.
Todas estas estimaciones de crecimiento económico estarían avaladas por la recuperación del consumo privado a pesar del componente negativo del repunte de la inflación sobre las rentas reales de las familias, la evolución efectiva de afiliaciones a la Seguridad Social, la mejora de la inversión real en construcción, el dinamismo de las exportaciones y la ejecución de los Planes de Recuperación con Fondos Europeos (proyectos asociados al Programa NGEU), en donde posiblemente su impacto expansivo sería mayor en el 2022 y 2023.
Sin duda, la economía ha venido cobrando un mayor dinamismo desde la pasada primavera hasta la actualidad, estando plenamente relacionado con la flexibilización de las medidas de contención de la pandemia asociadas al eficiente proceso de vacunación en curso y a la reducción drástica en la propagación de los contagios y trasmisión a la comunidad. De hecho, las previsiones y proyecciones de los organismos nacionales e internacionales en materia económica, se vienen haciendo sobre la base de escenarios epidemiológicos evolutivos de curso favorable de la pandemia Covid-19, tanto a escala nacional como global; así como de una política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) en su perfil más expansivo, y conforme a las nuevas directrices sobre los tipos de interés y la sostenibilidad de los programas de compra de activos soberanos de los países de la Eurozona.
Las proyecciones de otras magnitudes económicas en nuestro país
Las últimas previsiones del BE, sobre la base de un proceso favorable de la pandemia y del mantenimiento del actual Marco Estratégico del BCE (en relación a la compra de bonos soberanos), en macromagnitudes principales de la economía española para el ciclo 2021-2022-2023 son: 1.- Tasa de paro % población activa -media anual- (15,6%, 14.7% y 13.7%, respectivamente)…… se situaría a mediados de 2022 por debajo a los niveles previos a la pandemia; asimismo, las estimaciones del FMI en el informe referido (Octubre-2021), proyecta tasas de desempleo del 15,4% en 2021 y del 14.8% en 2022. 2.- Déficit público total de las AA.PP. en %PIB para este mismo ciclo temporal (-8.2%, -4.9% y -4.3%, respectivamente)… representando una mejora clara del saldo presupuestario en este período; 3.- Deuda total de las AA.PP. en %PIB (120.1%, 117.9% y 118.0%, respectivamente…….constatando que el ratio de endeudamiento público se mantendrá prácticamente constante).
El comportamiento de esta última magnitud es inquietante, por cuando han sido los estímulos monetarios -dopajes- del BCE los que nos han permitido financiar nuestra deuda -incluso con tipos negativos- en el proceso de compra de bonos soberanos. Esta política del BCE sólo podrá ser sostenida si la economía no se recalienta (ciclo alcista en los precios), en cuyo caso de producirse obligaría a este Organismo a subir los tipos de interés para controlar la inflación. No debemos olvidar además, que la deuda pública y privada agregada en España, ha superado en el segundo semestre de este año el valor de 275% PIB.
Con el propósito de mitigar los desajustes presupuestarios y el incremento del déficit de las CC.AA. el Gobierno de España, en cumplimiento del acuerdo del pasado 28 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ya se contemplaba en los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio, ha transferido (siguiendo el criterio de reparto de población ajustada) el pasado 10 de setiembre el [70%] (9.440 m€) de este Fondo Extraordinario (al margen del Sistema de Financiación Autonómica) de 13.486 m€ para dotar de mayor liquidez a las cuentas territoriales. El resto de Fondo [30%] (4.046 m€) se distribuirá el próximo mes de noviembre, para dar respuesta a los efectos económicos de la pandemia y mejorar la calidad de los servicios del Estado de Bienestar.
En relación a la inflación, la OCDE estima un incremento del IPC del 2,4% para el presente ejercicio, y del 1,9% para el 2022. El FMI proyecta precios al consumidor del 2,2% y del 1,6% para el 2021 y 2022, respectivamente. Asimismo, el BE apunta estimaciones para el 2021 (2.1%), 2022 (1.7%) y 2023 (1.3%). Por tanto, el repunte inflacionista -posiblemente transitorio- se explica por la evolución del componente energético -precios del petróleo-, y por un marcado incremento de los precios de la electricidad, determinados por el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, establecidos en el mercado mayorista.
Por otra parte, el reducido superávit en la balanza de pagos (5.481m€) está justificado principalmente por la severa contracción de los ingresos turísticos como consecuencia de la pandemia Covid-19. Asimismo, el saldo comercial, en términos de tasa anual móvil (12 meses) se sitúa en el -1.1% PIB en razón al déficit energético del -1.7%. En cuanto al saldo en cuenta corriente que proyecta el FMI para nuestro país, es del 0,4% (2021) y 1.4% (2022) en % del PIB.
Un dato macroeconómico que merece la pena resaltar, es el que hace referencia al índice de competitividad de la economía nacional, que experimenta una ganancia tras diez meses a la baja, y que se justifica por la depreciación del tipo de cambio de efectivo nominal, concretamente un -0.6% interanual.
Es posible que las adversidades causadas por la crisis sobre el tejido productivo y laboral, es decir, pérdida de empresas e incremento del desempleo de larga duración, no tengan un efecto estructural y sostenido sobre la economía a escala agregada, más allá de que determinadas secuelas sean más duraderas.
Con estas perspectivas tanto macroeconómicas como epidemiológicas, en donde se asumen los avances en el proceso de inmunización de la población en nuestro país, así como del conjunto de las economías europeas, es esperable que la incidencia de la pandemia sobre la actividad económica se vaya atenuando de forma relevante, y en consecuencia, las proyecciones actuales que se vienen haciendo sobre este escenario prudencialista sean consistentes con un modelo de recuperación sostenible.
Según los analistas, no resulta fácil evaluar el impacto sobre el conjunto de la actividad económica, de la ejecución del programa NGEU y su magnitud de efecto multiplicador sobre determinadas actividades, ni tampoco los bloqueos surgidos en las cadenas de aprovisionamiento de determinados materiales esenciales en algunas ramas de la producción, o los posibles efectos del repunte inflacionista sobre los salarios, más allá de las cláusulas de salvaguarda que contemplan los convenios.
Como hemos venido señalando, los posibles riesgos e incertidumbres en relación a las proyecciones macroeconómicas para nuestra economía se vinculan preferentemente al entorno global y a la evolución de la pandemia, al dinamismo en el consumo privado y sus posibles efectos sobre el repunte y persistencia de la inflación, a la posible amplificación de los “cuellos de botella” en las cadenas globales de suministro a diferentes sectores de la economía, al grado de eficiencia en la ejecución de los fondos europeos procedentes del NGEU, al perfil expansivo (?) de la política fiscal expresado en las rúbricas presupuestarias de las cuentas de las Administraciones Públicas, y todo ello, teniendo siempre presente la política monetaria del BCE.
Para concluir este apartado, este pasado día 7 de octubre el Consejo de Gobierno de España aprobó los Presupuestos Generales del Estado para el 2022, y que fueron presentados el 13 del presente mes en el Congreso de los Diputados por la Ministra de Hacienda y Función Pública, Dña María Jesús Montero, con una perspectiva de recuperación económica y de reforzamiento del Estado Social. Creemos que más allá de unas consideraciones generales, merecen una lectura refinada que avanzaremos en su análisis en el próximo número, particularmente en lo que se refiere a nuestro sistema sanitario público.
Consideraciones finales
1.- Como acabamos de señalar,los Presupuestos Generales del Estado para el 2.022 presentados en las Cortes Generales, que incorporan la previsión del escenario macroeconómico para nuestro país en este nuevo ciclo de recuperación económica tras la crisis pandémica, contemplan compromisos -ya acordados previamente con los agentes sociales del sector público-, como por ejemplo, el crecimiento de los salarios del 2% a los funcionarios públicos para el próximo año, concordante con el IPC armonizado según las estimaciones del Ejecutivo.
Más allá de la racionalidad económica de esta oferta gubernamental que consideramos prácticamente “cerrada” en el propio trámite parlamentario, venimos manifestando que el problema de fondo no es tanto indexar los salarios al comportamiento esperado de los precios, hecho que lógicamente compartimos para evitar el declive continuo del poder adquisitivo, como ha venido ocurriendo en las funciones principales del Estado Social. Particularmente para el sector sanitario, consideramos que en el proceso de interlocución social se determine una agenda de negociación acordada que incorpore al menos dos apartados principales:
a/La recuperación -a medio plazo- para todos los profesionales sanitarios de la deflación (devaluación) salarial sufrida en los últimos años, que estimamos en términos de renta real no inferior al 10%, con mayor repercusión en las categorías superiores.
b/ Abrir un debate político y social riguroso para poder evaluar, explicar y tomar decisiones en su caso, del porqué en todas las crisis económicas de corte recesivo que hemos sufrido en las últimas décadas, han sido las rentas salariales de los profesionales sanitarios (el principal activo interno sostenible del sistema sanitario público, por valor, disponibilidad, reputación y fidelidad), quienes han soportado solidariamente (pero a regañadientes) el coste sustantivo/estructural de los ajustes.
Un análisis pormenorizado de las rúbricas presupuestarias pertinentes del SNS informa inequívocamente del cómo se han redistribuido de forma imperfecta e inequitativa las mencionadas rentas, tanto del trabajo como del capital, en las últimas décadas.
Por consiguiente, y desde nuestro criterio, un análisis preferente pendiente en la política sanitaria de nuestro SNS, es el modelo de asignación y redistribución de rentas, al que ya hemos hecho referencia por considerarlo anacrónico, injusto e impropio de un país socialmente avanzado. Sería muy deseable que el sindicalismo de principios, valores y legitimación social, hoy representativo en el sistema sanitario, tomara en consideración en su cartera de negociación esta materia de política de rentas, no desde una cultura de confrontación, sino de racionalidad y de equidad conforme a los intereses legítimos de los profesionales de la salud y la ciudadanía sanitaria.
2.- Aprovechando esta línea de pensamiento, y como ya lo hemos señalado en comentarios precedentes, quizás sería sensato y prudente atender al “Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Económica y Social”, único documento institucional de consenso político de las últimas décadas apoyado y refrendado por la mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria, para abordar determinadas reformas pendientes en nuestro SNS, algunas de las cuales están perfectamente recogidas en las Propuestas de Resolución del mencionado texto. Las diez áreas temáticas que aborda el documento en sus 33 páginas, son verdaderamente un compendio de lo mucho que queda por mejorar en nuestro SNS, si bien, no se hace referencia alguna al tema que hemos planteado en el punto anterior, y no es casual.
Con una visión estratégica para reforzar la integración y cohesión del propio SNS, hoy sin competencias reguladas para una ejercer una clara rectoría institucional y política, prestaríamos especial atención reformista:
a.-Al Órgano de Gobierno del SNS, hoy sin soporte normativo para desarrollar una función ejecutiva, sin menoscabar en ningún caso las funciones de coordinación y cooperación interterritorial.
b.- A las buenas prácticas de gobernanza y gestión en todos los ámbitos institucionales y organismos que debieran asimismo estar reguladas.
c.-Desde una tecnoestructura sanitaria verticalmente integrada, multinivel y competencialmente desconcentrada, la configuración organizativa y funcional de un sistema jerarquizado, sólo es posible con una arquitectura estratégica que integre competencias ejecutivas transversales para el conjunto del SNS.
d.-Dado que en las estructuras burocráticas que rigen nuestro sistema sanitario público, funcionalmente se “administra, ordena, ejecuta y controla” el presupuesto y todas las actividades y programas sujetos al mismo, y que a éste modelo lo denominamos en nuestra cultura habitual como “gestión directa” por su titularidad pública, nosotros entendemos que hay un imperfección conceptual, por cuanto que el denominado management antropológico (también referido en nuestro entorno como “nueva gestión pública”) es antiburocrático “per se”, porque aplica técnicas, herramientas y prácticas instrumentales flexibles que permiten avances contrastados en la gestión financiera de las instituciones prestadoras de servicios, generando economías de escala, gama, conocimiento y procedimentales (que generalmente no posibilita adecuadamente el modelo burocrático), mejorando la eficiencia económica y social desde una incuestionable y reforzada propiedad pública.
La desburocratización de los organismos gubernamentales debe ser un objetivo crítico para una renovada gestión pública, especialmente en organizaciones cuya “materia prima principal” es el conocimiento, como es el caso de los servicios sanitarios. Sin estos cambios instrumentales en el gobierno y en el “management público”, el sistema seguirá estando al albur de las reglas y dictados que marca el mercado y sus operadores, en suma, sometido. Hace ya más de tres décadas, nos lo recordaba -el nada sospechoso- José Ignacio López de Arriortúa (SúperLópez), por entonces alto ejecutivo de la General Motors y la Volkswagen, haciendo énfasis en algunos aspectos aquí comentados del cómo fortalecer a nivel global la función de compra (cluster vertical) a través de una cadena integrada de suministros para el conjunto del sistema (supply chain).
3.- Sin duda estamos en un periodo de expansión y recuperación económica tras la crisis pandémica, y que requiere no bajar la guardia en relación al estado de control epidemiológico y al proceso de inmunización del Covid-19, porque de su evolución dependen los escenarios macroeconómicos que se vienen realizando para garantizar un crecimiento recuperativo sostenible y una transformación productiva y social en aquellos países que hemos sido más afectados por la pandemia, impulsando nuevas formas de creación de riqueza mediante la ecologización y digitalización de la economía pospandémica, no perdiendo a su vez la perspectiva del sobreendeudamiento soberano para así poder garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera.
Es muy posible que los sectores de contacto intensivo no regresen plenamente a los niveles previos a la pandemia y que además tengamos que convivir con la Covid-19 bien entrado el medio plazo. De hecho, en los modelos estandarizados se presupone que la eficacia de la vacuna declina con el tiempo al 50% a los seis meses, que las personas no vacunadas contagiadas tienen una capacidad infectiva entorno a un 40% mayor que las personas contagiadas vacunadas, que las nuevas mutaciones del virus tienen un riesgo de contagio tan alto como la variante delta (persiste la amenaza de las nuevas variantes –más transmisibles y letales- para la resiliencia de la recuperación económica) y que la eficacia de las vacunas ARNm para prevenir fallecimientos está próxima al 100%. También parece probable que la inmunización no podrá erradicar completamente -por sí sola- la trasmisión del SARS-CoV-2, sí bien es esperable a nivel global que para finales de 2022 o mediados de 2023, una reducción drástica de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad por medio de una combinación prestacional amplia y eficaz (vacunas, terapias innovadoras, medidas precautorias salubristas focales y poblacionales,….).
Asimismo, es esperable una reducción voluntaria de la movilidad y una intensificación de los modelos de trabajo híbridos y de soporte en tecnologías de teletrabajo, contribuyendo a reducir los niveles de contagio y por consiguiente la morbimortalidad.
En razón a ello, las prioridades deben seguir siendo el gasto crítico en salud (vacunación, pruebas de detección, tratamientos eficaces y medidas generales de salud pública) y un compromiso moral de los países económica y socialmente avanzados para compartir al menos 1.000 millones de dosis hasta finales de 2021(Propuesta FMI Octubre -2021), avanzando en el compromiso adquirido con el COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19) por el grupo de los Siete el pasado junio (hasta la fecha, no se ha llegado al 25% en la distribución comprometida para este año en curso de los 850 millones de dosis). El acceso inequitativo a las vacunas sigue siendo el principal motivo de las divisiones que están marcando la recuperación de la economía a nivel global, como ya lo recogía el informe WEO de abril de 2021 (FMI).
Afortunadamente para nuestro país, la vacunación generalizada y la evolución favorable de la pandemia están fortaleciendo la confianza en la protección de la salud, las prestaciones sanitarias y la consiguiente recuperación económica; asimismo, con una tendencia esperable a la normalización monetaria. Las proyecciones macroeconómicas ya comentadas en el texto, así como la deseable aprobación de los Presupuestos Generales del Estado -2022, contribuirán definitivamente a la recuperación económica según las estimaciones de los organismos nacionales e internacionales en materia de monitorización fiscal y estado de coyuntura económica.
