El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en esta cuarta entrega de la ronda de opiniones bajo el título de "Profesionalismo Médico, Economía y Sociedad" abordan el futuro de la profesión médica desde una visión moral de responsabilidad intergeneracional
La eclosión de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el primer trimestre 2020 y su proceso clínico morboso Covit-19 ha impactado críticamente en el conjunto de la economía española, afectando de manera más notable a aquellos sectores del tejido productivo más vinculados a las restricciones a la movilidad (turismo, restauración, ocio…), y con efectos contractivos en la empleabilidad y en los estratos sociales más vulnerables.
Sabemos bien, que en las condiciones más adversas de la crisis, la respuesta del sistema sanitario público de nuestro país y del conjunto de los profesionales de la salud a este desafío epidemiológico y asistencial, ha sido, sin menoscabo alguno, ejemplar y moralmente responsable desde todas las perspectivas, calidad clínica y humanística, ética, social, así como cultural y cívica.
Nada que reprochar, bien al contrario, a esta grandeza del profesionalismo sanitario que ha sido reconocido, no sólo por el propio ámbito gubernamental e institucional, sino también y con especial sensibilidad, por todos los estratos demográficos de la ciudadanía y de la propia sociedad.
Ya hemos venido analizando en textos anteriores, las fortalezas y debilidades que nuestro SNS ha mostrado en una situación de estrés sistémico sin precedentes en la historia sanitaria contemporánea de nuestro país, y que deberá suponer un punto de inflexión para promover aquellas políticas públicas socialmente avanzadas para salir robustecidos y legitimados de esta pandemia Covit-19.
También hemos seguido indagando en el “ser o no ser” de nuestras Instituciones Colegiales Representativas, que entendemos deberán asumir inexcusablemente un mayor liderazgo proactivo de profesionalismo socialmente persuasivo y éticamente transformador, para poder así legitimar a la profesión médica ante la sociedad con las credenciales propias de nuestra identidad.
Para avanzar en este propósito, deberemos ante todo reconocer, el bajo perfil de representación institucional y social que venimos ejerciendo en las últimas décadas, en comparación con otros organismos corporativos y sociedades médicas de países de nuestro entorno paneuropeo, a sabiendas de que paradójicamente tenemos el máximo nivel de reconocimiento público en nuestra sociedad transversal y plural.
A decir verdad, en las entregas precedentes dábamos luz a nuestras inquietudes y desasosiegos ante la realidad perturbante que venimos observando y explícitamente constatando, y que nos afecta en nuestro rol de agencia muy directamente. Para salir de esta atonía diletante y del “quicio de la puerta”, liberándonos de “pernios y bisagras”, no necesitamos consignas sectarias, tampoco comportamientos inapropiados ni encuentros “ecuménicos ”, y mucho menos, escapismos de la realidad a través de fábulas de la España- 2050.
Estamos por ello, aquí y ahora, para enfrentar con nuestro recurso axiológico más sustantivo, la propia deontología profesional, el futuro de la profesión médica desde una visión moral de responsabilidad intergeneracional.
Raíces sociológicas de nuestra cultura profesional y social
Hoy tenemos un mayor nivel de conciencia de nuestra pertenencia a la sociedad civil –societas civilis– como misión de servicio, así como del rol representativo de las Instituciones Colegiales y de su reconocimiento y legitimación para tutelar los Derechos Constitucionales de protección a la salud de la población.
La generación que venimos históricamente del proceso de formación de la España democrática, y por consiguiente, que vivimos y sentimos la transición de un sistema político autocrático a otro de libertades públicas y salvaguarda de derechos sociales, sabemos de la importancia, en un sentido etimológico, de una comunidad de ciudadanos activos servidores del bien común en un proyecto de país hacia la modernidad y la convivencia basada en el respeto y la tolerancia.
De este ciclo sostenido de modelo democrático consolidado y de sociedad civil articulada deriva nuestra cultura de profesionalismo y de acervo social, porque formamos parte de ella y es consustancial con nuestra identidad de servicio al bien común, y que a su vez es explicativa del reconocimiento que la población nos otorga y testifica.
Dado que no existe un marco jurisprudencial común en las sociedades avanzadas que regule un definitorio conceptual, epistemológico ni axiológico de la sociedad civil, nuestras Instituciones Colegiales Representativas, como entidades de derecho público y personalidad jurídica, activas, participadas e integradas en la propia sociedad, sustentan su gobernanza, autonomía, autorregulación, independencia y desarrollo competencial en la normativa gubernamental del Estado -Ley General de Colegios Profesionales 15/02/1974- para esta categoría de instituciones corporativas de representación, en los propios Estatutos Generales que articulan las estrategias operativas competenciales organizativas multinivel y transdisciplinares, a su vez ensambladas en el Código Deontológico como “viga maestra” de nuestra identidad, legitimación y compromiso ético y social.
Nuestra pertenencia a la esfera pública y a las instituciones sociales nos exige participar activamente en el fortalecimiento y consolidación de los sistemas de bienestar y protección social, particularmente nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), asentados asimétricamente en el binomio Estado/Sociedad.
Cuando las Instituciones Colegiales adquieren su plenitud y legitimidad en el nuevo orden social, plurales y pluralistas en su concepción, liberadas de toda forma autoritaria o dominante y diversificada en las creencias e idearios de sus miembros, nuestra capacidad de influencia socialmente persuasiva es más reconocible y contributiva al proceso de democratización y de soberanía de la sociedad civil, de la que legítimamente formamos parte.
Si bien los derechos políticos, sociales y cívicos dispensados a la ciudadanía proceden y deben ser protegidos por el Estado, también nuestras Instituciones Colegiales en razón al grado de reconocimiento y confiabilidad que nos otorga la sociedad desde un rol competencial activo y subsidiario, nos impele en justa y equitativa reciprocidad, a tutelar y salvaguardar estas garantías públicas universales. Sin duda, para que esta misión refuerce nuestra legitimación social, es imperativo un cambio sustantivo en la cultura de pertenencia identitaria de la profesión médica hacia sus Órganos Democráticos de Representación Colegial y de gobernanza participativa, y que dadas las circunstancias delicadas hoy constatables a nivel general, nos exige y obliga a un debate sociológico, cívico y organizacional urgente que consideramos inconcluso.
La cultura de buen gobierno de nuestros Entes Colegiales para el ejercicio de las competencias subsidiarias vinculadas a la función agencial de la sociedad civil nos obliga a intervenir con transparencia y responsabilidad en el escrutinio público, rendir cuentas ante la ciudadanía, ejercer nuestros derechos de decisión y establecer relaciones sinérgicas con otros actores sociales alineados con el bien común, tales como las asociaciones civiles, los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias y otros stakeholders humanitarios y protectores del interés general y los bienes colectivos, contribuyendo y participando activamente en la elaboración de las políticas públicas y emprendimientos reformistas.
En el ámbito de las relaciones institucionales y sociales organizadas y reguladas con el soporte legislativo competencial propio de la sociedad civil, el ejercicio de la responsabilidad pública de los Órganos Médico-Colegiales, como parte de nuestro capital social, debe proyectarse centralmente en aquellas propuestas y demandas que emergen activamente de la propia ciudadanía sanitaria atendiendo a sus derechos subjetivos, desde una concepción participativa y solidaria con el entramado del tejido asociativo y del conjunto de la comunidad de pertenencia.
El dominio agencial de los colosos económicos que operan en la industria de la salud
Creemos que los procesos de transformación social y más particularmente sanitarios, sólo progresan en un marco de equilibrio armónico y articulado entre las configuraciones y sistemas de la Sociedad Civil, Mercado y Estado en aras o interés de un Acuerdo Social o Contrato de Ciudadanía virtuoso por el bien común. A decir verdad, ésta deseabilidad consideramos -muy a nuestro pesar- está realmente muy lejos de la necesaria y oportuna convivencia nacional, porque como refiere Manuel Vicent, el “odio” está siendo en este momento un pegamento que impregna la política institucional española; la sociedad civil sigue alerta y desconfiada como viene expresando Víctor Pérez Díaz y los mercados globales y hegemónicos, dirigen sutilmente -en la penumbra- los entramados gubernamentales y sociales, marcando la identidad del relato público y la posición dominante del nuevo meta-capitalismo neoliberal contemporáneo.
Una muestra actualizada e incontrovertible de este dominio agencial en la industria de la salud y de los servicios sanitarios por parte del global big-pharma y big-tech, es el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril en la Unión Europea (CE) con las corporaciones farmacéuticas Pfizer-BioNTech y Moderna para proporcionar 2.100 millones de dosis hasta 2023, con incrementos sustantivos de los precios del 25,20% (15,50€/dosis a 19.50€/dosis) en el caso de Comirnaty (Vacuna Covid-19, ARNm, Pfizer-BioNTech) y del 10% para la Spikevax (Vacuna Covit-19, ARNm, Moderna) [Financial Times: 1-August-2021. Pfizer and Moderna ramp up EU Covid vaccine prices]. Recordar comparativamente que Astra-Zeneca factura a 2,00 €/dosis y que Janssen lo hace -con su única dosis requerida- a 8,40 €/dosis.
El resultado monetario de estas operaciones comerciales es simple y llanamente inquietante. Así, según previsiones de las propias Firmas,Pfizer-BioNTech ingresará por este insumo vacunal, 28.000m€ en 2021 y 56.000m€ en 2022 (con una distribución del 50% para cada Compañía ); Moderna, en el 2022, tiene también previsto un ingreso de 30.000m€. (https://es.euronews.com).
Según nuestras estimaciones, y con un modelo estandarizado de escandallo de costes (rendimiento económico para maximizar beneficios por unidad de venta) para este tipo de Corporaciones, es esperable por ejemplo, para el ejercicio económico 2022, un beneficio neto (después de restar al total de ingresos intereses, amortizaciones e impuestos) superior a los 30.000m€, para un sólo insumo farmacéutico (Comirnaty: Vacuna Covid-19, ARNm, Pfizer-BioNTech), y para (Spikevax: Vacuna Covit-19, ARNm, Moderna), una previsión de ganancia neta en torno a 15.000m€.
Con la información disponible de los resultados económicos de las grandes compañías farmacéuticas en las últimas décadas, no constan beneficios netos de tal magnitud por la venta de un solo insumo farmacéutico, como es el caso que nos ocupa. Las consideraciones éticas y sociales de este hecho económico histórico, que aquí no prejuzgamos, así como su repercusión en los escenarios de estabilidad financiera y fiscal de las economías públicas paneuropeas, serán objeto de nuestra consideración y análisis en futuras aportaciones.
Sensibilizados con esta nueva realidad que actualmente vivimos, epidémica y económica, no debemos olvidar, porque a ello aspiramos, que en períodos políticos y epistémicos transicionales, que perturban a la ciudadanía e infieren en el bien común, avanzar en la democracia de nuestro presente requiere el haber consolidado el aprendizaje del pasado, como una responsabilidad colectiva de transferencia del legado social y sanitario para las futuras generaciones.
Turbulencias e inquietudes en el actual ciclo de recuperación económica
En este tercer trimestre del año, la mayoría de las instituciones, agencias y analistas económicos apuntan a una revisión al alza en el crecimiento de nuestra economía hasta el 6.5% en 2021 (mayor de lo esperado en previsiones anteriores) como consecuencia del progreso en la vacunación, mejora de la economía en la eurozona y la flexibilización de las restricciones a la movilidad internacional y nacional -relacionales y sociales-.
Para el 2022, el crecimiento de la actividad económica en nuestro país podría alcanzar el 7% ( -10,8% 2020; 6.5% 2021 y 7,0% 2022….pero con una demanda externa frágil; -0.1% en 2021 y -0.5% en 2022) si se confirma el repunte de la capacidad productiva y del consumo privado (principalmente servicios), la utilización efectiva del denominado ahorro embalsado de las familias, las medidas de impulso del Banco Central Europeo, el dinamismo -crecimiento- económico global por la amplia liquidez disponible en los mercados financieros y la llegada de los fondos Next Generation EU (NGEU- 750.000 m€), de los que ya conocemos corresponden a España 140.000m€ en los próximos cinco años (2021-2026). Con estas proyecciones, el PIB podría recuperar sus niveles precrisis en el próximo año.
Para la economía global los riesgos que pueden complicar la gestión de la política económica y los escenarios de recuperación, son los ya señalados: epidemiológicos por nuevas cepas, muy lenta vacunación en las economías emergentes y en general, en los países pobres, presiones inflacionarias descontroladas (principalmente por el componente energético), desorden en los mercados de deuda pública y privada con posibles depreciaciones cambiarias y subidas de tipos, dinámicas perversas en los mercados por la rivalidad competitiva, tensiones sociales y la abrasiva e ilimitada avaricia de los gigantes de la economía e industria de la salud, cuyos efectos ya los venimos constatando y sintiendo en nuestro SNS.
Las incertidumbres económicas también para nuestro país van a depender de la evolución de la pandemia por SARS-CoV-2 (evolución de los contagios asociados a las nuevas variantes), de cómo enfrentemos las reformas pendientes (Agenda de reformas: tributaria, pensiones, laboral,…) en el próximo período legislativo y sin duda, de la eficiencia en la ejecución de los Fondos Europeos, compatibilizando todo ello con las metas de sostenibilidad social y medioambiental, para conseguir una recuperación más vigorosa y continuada. Además, no es esperable una cronificación de la inflación (si bien el deflactor del consumo privado crecerá un 2.5% en 2021), dado que los precios internos (deflactor del PIB) y los salarios tenderán a la moderación actuando de “dique de contención” antiinflacionista. Como tampoco existe un “riesgo inmediato” ante un posible encarecimiento de los costes de producción, con su impacto en empresas y hogares, que pudieran inferir negativamente en la demanda.
Recuperar el tejido productivo y generar empleo de calidad sostenible sigue siendo un objetivo de política económica y social preferente para nuestro país. Conviene recordar que todavía persisten más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social acogidos o cubiertos por ERTE, en muchos casos, con poca probabilidad de retornar a sus puestos de trabajo, una vez que concluya la temporada turística atípica y más allá de su recuperación internacional (los ingresos por turismo en el actual periodo de verano se estima estén próximos a los 9000 m€, es decir, un 40% de lo ingresado en el mismo periodo de 2019).
Por otra parte, se prevé una mejora en el mercado laboral, con un incremento en el número de ocupados próximo a 500.000 en los próximos dos años (EPA- desestacionalizados), siendo posible que al final del próximo año, el empleo pueda recuperar el nivel precrisis, aunque la tasa de paro (% población activa) y el número de desempleados seguirán siendo superiores al inicio de la pandemia Covit-19. A este respecto, mencionar que la tasa de paro (% población activa) se mantendrá en el actual ejercicio elevada (15.7%), con una previsión para el 2022 del 14.2%.
En relación a las cuentas públicas, y dada la suspensión transitoria de las reglas fiscales, es esperable que el déficit público se mantendrá elevado al menos en los próximos dos años. La previsión del déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del Gobierno de España, es para el actual ejercicio 2021, del -7.7% PIB, y para el 2022, del -5.0% PIB (en 2020, el déficit público consolidado fue del -10,1% PIB). Es importante reseñar el punto de fragilidad de nuestro escenario fiscal, dado que el déficit primario estructural, es decir, sin intereses de la deuda, se mantiene elevado en torno al 3%PIB. En cuanto a la deuda pública, se situará en cotas muy elevadas en 2021 y 2022, en torno al 120% PIB.
Una mirada interesada a los Fondos Europeos
Siempre pensando en nuestro SNS: deseable crecimiento orgánico y sostenibilidad financiera, participación homologable en el gasto sanitario en relación al PIB (con países socialmente avanzados de la eurozona), reformas estructurales pendientes en relación a los órganos de gobierno macro y meso del sistema, arquitectura de buen gobierno para desarrollar políticas transversales de salud colaborativas y management público, política y distribución de rentas en el sector sanitario (uno de los secretos mejor custodiados por la academia y los expertos abducidos e incentivados por los grupos de presión) y todo programa de mejora para la consolidación y legitimación social del sistema, encuentra un escenario de situación de la economía española inquietante en su proyección y gestión territorial de los servicios sanitarios. Sin olvidar además, que de las transferencias provenientes de los Fondos Europeos, la aportación asignada al sistema sanitario público en el período establecido 2021-2026 representa en términos monetarios un valor prácticamente residual, como ya lo comentamos en textos previos, entendiendo que la mejora de la financiación sanitaria no ha sido considerada una política social preferente.
En el periodo presupuestario de la eurozona hasta el 2027, el conjunto de la economía española, en un escenario razonable de control epidemiológico y asistencial de la pandemia Covid-16, se enfrenta a un riesgo de desestabilización inveterada de los déficit fiscales, incluso en condiciones favorables de sostenibilidad de los tipos de interés reducidos, como es en la actualidad, y con un despliegue pleno de ejecución de las transferencias esperadas del NGEU por un importe de 70.000 m€ para proyectos centrados en los pilares o ámbitos de actuación, contemplados en el Reglamento del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia la Unión Europea y en el ya mencionado Plan Nacional (crecimiento sostenible e integrador, transformación digital, transición ecológica, cohesión territorial y social,…..). Concretamente, a finales del 2027, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas rondaría el 4.5% PIB y la deuda pública se estancaría en torno al 120% PIB, situación de extrema vulnerabilidad una vez que se reactiven las reglas fiscales europeas o la política monetaria adquiera un tinte más restrictivo.
Una vez que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN -13 de Julio 2021) aprobó el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con la máxima calificación (excelente), nuestro país ya ha recibido la prefinanciación acordada (9.000m€), que representa el 13% del total de las transferencias a ingresar hasta el año 2026, y que podrá impulsar la recuperación económica apoyando reformas y proyectos de inversión que precisarán una evaluación positiva de la ejecución del mencionado Plan Nacional, para seguir recibiendo los desembolsos con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que representa un instrumento finalista dentro del NGUE. Las previsiones incorporan la ejecución de un segundo desembolso en este mismo año de 10.000 m€ provenientes de este Fondo Europeo y de 26.000 m€ para el 2022; todo ello vinculado a hitos, objetivos y proyectos que serán revisados en su cumplimiento por la Unión Europea.
Las Comunidades Autónomas ya tienen como asignación un monto aproximado de 7.250 m€ proveniente del citado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que podrán implementar en sus respectivos ámbitos territoriales en aquellos programas de inversión previamente acordados, entre los que se encuentran la renovación de equipos de alta tecnología sanitaria en el SNS.
Por otra parte, y también dentro del NGEU, el denominado Fondo REACT-UE, contempla una asignación de 12.436m€ para paliar los efectos económicos y sociales como consecuencia de la pandemia Covid-19. Este fondo habilitado por la Unión Europea en el marco de la co-gobernanza y coordinación técnica, será transferido a las CC.AA. en una cuantía de 8.000m€ en el año actual y 2.000m€ en el próximo año 2022, para que sean éstas las que decidan sus propios objetivos y proyectos preferentes en el ámbito de sus competencias. Los restantes 2.436 m€ serán gestionados directamente por el propio Departamento de Sanidad para la compra de vacunas y refuerzo de las políticas sanitarias, más particularmente de salud pública.
Señalar en este apartado, que el pasado 3 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 684/2021 (BOE) para hacer efectiva la distribución del fondo extraordinario de 13.486m€ para las CC.AA. (70% sep.; 30% nov. de este año), siguiendo el criterio de población ajustada (Ley 22/2009). Este fondo adicional fue comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de octubre de 2020, e incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. La finalidad última de este recurso “extra” es la de proteger la financiación de las CC.AA. de los efectos y costes la pandemia, garantizando la suficiente liquidez para prestar los servicios públicos esenciales.
Por último, los Presupuestos Generales del Estado de 2022, contemplarán una partida específica de 3.900m€ para aquellas Comunidades Autónomas con liquidaciones negativas en 2020, al objeto de que el Sistema de Financiación Autonómico quede protegido de los efectos territoriales presupuestarios que se han derivado de la pandemia.
A la luz de lo aquí expuesto
Algunas breves consideraciones podemos discernir de los temas que sucintamente hemos abordado en esta entrega, y como siempre, trataremos de hacerlo desde una cultura de profesionalismo médico que refuerce nuestra identidad y los valores deontológicos irrenunciables.
1.-Compartimos con Juan Manuel de Prada, que en el modelo económico neoliberal dominante, que ha renunciado a los principios básicos de legitimación social del capitalismo post-victoriano del pasado siglo, algunas de las grandes corporaciones globales, entre ellas las propias de la industria de la salud (big pharma/big tech), se han venido posicionando -sin vacilaciones ni titubeos- en el “pretorio” de los alicaídos estados, marcando las reglas, preferencias y procesos de regulación, y llevando a los poderes públicos a ejercer preferentemente una función recaudadora. Todo ello desde una cultura política que promueve la antropología que interesa a estas poderosas firmas globales. La determinación (modelo técnico decisional) en la eurozona de los nuevos precios/dosis (al alza claro) de los insumos de vacunación Covid-19 es una prueba incontestable de esta nueva realidad. Qué decir de la polémica aprobación acelerada por la FDA de la molécula “Aduhelm (Aducanumab)” de la farmacéutica americana Biogen para el Alzheimer, en donde la seguridad y eficacia no ha sido suficientemente demostrada y los resultados -inconclusos- de los ensayos clínicos son claramente contradictorios, junto a que los efectos secundarios son altamente frecuentes y graves; a más, con unos precios (56.000 dólares/año) desorbitados e inasumibles para cualquier sistema sanitario. Varios miembros consejeros del panel asesor han renunciado a permanecer en el comité, al considerar que la aprobación de esta molécula ha sido altamente controvertida. Al respecto, hay una investigación abierta por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que ha pedido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que evalúe -revisión completa- la aprobación del mencionado medicamento (FiercePharma), ya que previamente Stat News había notificado que los ejecutivos de Biogen se habían reunido previamente con funcionarios de la FDA para discutir la vía regulatoria.
2.-La constatación de lo señalado en este primer punto, quizás puede ser explicada -en parte- por la ruptura de los equilibrios y relaciones de agencia en el imperfecto y asimétrico “triunvirato” -estados, mercado y sociedad civil-, en donde la metamorfosis estructural y sistémica es más que evidente y cuyo disbalance da como resultado que los poderes económicos sistémicos vienen “ocupando” de forma silente los ámbitos de decisión gubernamental, social y profesional en la sociedad post-moderna/contemporánea. Ya sabemos que los agentes del mercado tienen una enorme capacidad y competencia para higienizar la cultura profesional, las conciencias más pretenciosas y el ordenamiento de las preferencias sociales en su propio interés, dotando de rostro humano y benevolente sus acciones.
3.- Nuestras Instituciones Colegiales, por su pertenencia al entramado de la sociedad civil, nos son ajenas, bien al contrario, a estos cambios señalados. Bien sabemos que la esfera pública en el ámbito de los servicios sanitarios y de la vida -derechos humanos- es nuestro campo de acción preferente para ejercer la responsabilidad social que nos concierne y que por ello, desde una epistemología crítica, sin perder la facultad de racionalidad ni de libre albedrío, deberemos actuar desde los principios de buen gobierno institucional y profesional, para ser reconocidos y apreciados como un agente principal en la configuración de una sociedad solidaria, promotores del bien común y en la defensa de los derechos sustantivos de ciudadanía relacionados con la protección de la salud.
4.-Ya hemos avanzado que el maná de los Fondos Europeos no es ilimitado, incondicional, milagroso, sostenible ni gratuito, y que la asignación que ha correspondido al SNS bien pudiéramos calificarla de pedrea. Más allá de los recursos económicos vía modelo financiación autonómica y de los fondos adicionales -no NGEU- para dar respuesta a la pandemia Covid-19, que sin duda están siendo cuantiosos y lo hemos analizado en este texto, entendemos que no serán suficientes ante una realidad epidemiológica y asistencial compleja y exigente, y un sistema sanitario público frágil, agotado, melancólico y con los “brazos caídos” para gestionar los itinerarios de la política sanitaria.
Sin financiación apropiada para un crecimiento externamente sostenible, y sin un programa de eficiencia en costes en las funciones principales de la cadena de valor del sistema para garantizar un crecimiento internamente sostenible, nuestro SNS se viene abocado a una situación de estrangulamiento financiero en el medio- largo plazo. No es la primera vez, ni será la última, que necesitemos un rescate o asistencia económica de urgencia (identificamos siete “financiaciones asistidas”, desde la aprobación de la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril).
Por sí no fuera suficiente, el SNS no sólo no se ha reforzado sostenidamente en sus recursos internos esenciales (como “muestra un botón”, en relación a la contratación precaria y “a granel” de profesionales sanitarios en la compungida atención primaria), sino que además, los extractores agenciales de fondos públicos bien identificados en el mercado de manufacturas y distribución se muestran persistentemente insaciables e inclementes en la consecución de sus beneficios, y en determinados casos, con la anuencia del poder político y gubernamental.
Nadie se siente seguro en este desiderátum que implica no “pisar callos” a nadie de los business intelligence del sector económico, mientras se vive una tensión soterrada en el establishment y los agentes oportunistas de la intermediación hacen “su agosto” tirando del “pitorro” presupuestario público. El mantra de que en todas partes “cuecen habas”, se juega interesadamente con la “bolita del cubilete”, y que aquí nadie tira la primera piedra cuando se hacen “trampas en el solitario”, nunca puede representar para nuestra profesión la filosofía de la praxis médica ni la cultura social dominante que socave o transgreda la ética de las Instituciones Colegiales representativas y su identidad deontológica.
5.-Si bien es cierto que estamos en un ciclo expansivo de la economía tras la grave crisis recesiva generada por la pandemia Covid-19, todos (casi) los analistas de coyuntura comparten la visión de que el actual escenario económico es difícilmente sostenible como consecuencia del importante componente estructural de nuestro déficit agregado y la acumulación sostenida de deuda pública. Por consiguiente, no es esperable el deseado incremento del gasto sanitario público para homologar nuestra participación en el PIB a los países socialmente más avanzados de nuestro entorno paneuropeo con sistemas/servicios nacionales de salud, asignando preferentemente los mayores recursos financieros para fortalecer orgánicamente el capital humano y las rentas del trabajo, verdaderamente deflactadas -coaguladas/achicadas- en sucesivos ajustes -recortes-. A la espera del próximo presupuesto sanitario 2022 -ya en curso- y sin circularidad alguna en nuestro pensamiento, sólo esperamos que no haya comportamientos inmoderados ni “rifirrafes” en la gobernanza del SNS, centremos en la realidad -y sin escapismos- las políticas sanitarias socialmente preferentes, sin dejemos agasajar por el ágora mediática al servicio del business lobbista y los gremios corporativos, ni adormecer por la sedentarización y los rituales distractivos.
