La Dra. Sonsoles Castro, médico forense, miembro de la Comisión nacional de la especialidad de Medicina Legal y Forense en representación de la OMC y representante nacional de Médicos de Admón. públicas, en esta entrevista concedida a "MedicosyPacientes" con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este domingo, expone su visión como experta en la materia de la situación de la violencia de género en nuestro país que, a su juicio, ha evolucionado considerablemente con respecto a cuando empezó a ejercer su especialidad. El problema ha alcanzado tal magnitud, como explica, que a la opinión pública solo llegan los casos los más notorios o más graves, pero en el día a día son tantos que ha sido necesaria la creación de Juzgados especializados en el tema
-Como médico forense y miembro de la Comisión nacional de la especialidad de Medicina Legal y Forense en representación de la OMC, ¿qué cree que puede aportar la medicina forense frente a la violencia de género?
-La Medicina Rorense es uno más de los eslabones de respuesta social frente a la violencia de género. Su actuación va encaminada a construir informes periciales de alta calidad, con adecuadas bases científicas y metodológicas que, respondiendo a las solicitudes que se realizan en el marco del proceso penal, auxilien con sus conocimientos específicos a los operadores jurídicos en la valoración del hecho y en la toma de decisiones al respecto.
¿Qué opina de la situación que se vive en España en cuanto a esta lacra? ¿Qué es lo que falla desde el punto de vista de una especialista?
-En España la situación ha cambiado sustancialmente desde los años en que yo empecé a trabajar, a finales de los años 80, hasta el momento actual. Antiguamente, muchas personas entendían que esta violencia, tradicionalmente integrada entre los problemas conocidos pero no integrados como nocivos, eran cuestiones privadas que se tenían que resolver en el marco en el que se producían, en la intimidad del hogar. La identificación de esta violencia como un problema de gran magnitud y que afecta no sólo a los directamente implicados, sino a la sociedad en general, ha permitido una evolución lenta, pero gradual y continua de concienciación progresiva frente al mismo.
Aún así, hay mucho camino por recorrer, aún son muchos los casos de violencia de género que llegan a los juzgados. Al examen de la opinión pública llegan sólo los más notorios, los más graves, pero en el trabajo del día a día vemos numerosísimos casos, tantos que ha sido necesaria la creación de Juzgados especializados en el tema.
Para mí, hay que seguir trabajando, logrando una mayor implicación de todos los operadores, y hay que seguir educando, uno de los pilares principales en la solución de esta lacra, como usted dice. La educación en todos los ámbitos es fundamental.
-¿Cuál es el papel del médico forense en estos casos?
-Como he explicado, el papel del médico forense es elaborar un buen informe pericial, que identifique y valore adecuadamente las lesiones sufridas, tanto físicas como psíquicas, y sus posibles secuelas. Que, además, realice un cribado de riesgo y oriente hacia la posible ampliación de la exploración con la intervención del resto de profesionales del equipo forense, psicólogos y trabajadores sociales.
Actualmente, tras la promulgación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, existen las denominadas unidades de valoración forense integral, compuesta por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales que trabajan conjuntamente para hacer valoraciones integrales, como su nombre indica, en los casos en que ello sea necesario tras la valoración inicial del médico forense. En estos casos deberá explorarse también al agresor y podrá extenderse la exploración a cualquier otra persona que se considere relevante.
-¿Cómo se lleva a cabo la valoración del riesgo en violencia de género?
-Tras la primera exploración, después de que haya sido solicitada por el juez o magistrado que entiende del caso, o bien por el Ministerio Fiscal, y una vez evaluadas las posible lesiones, se realiza la valoración del riesgo. Para ello, tras una extensa anamnesis y una adecuada exploración se utilizarán, si fuera necesario, escalas clínicas heteroaplicadas de predicción de riesgo grave en la relación de pareja.
Además, es importante el estudio de las diligencias judiciales y del atestado policial completo. Y es conveniente la exploración del agresor y el examen de documentos médicos del mismo, así como entrevistas con posibles testigos si los hubiera.
-El agresor, ¿suele tener un perfil común?
-No, se dice que el perfil del agresor es que no tiene perfil. Podemos encontrar agresores en cualquier ámbito de la sociedad, con cualquier nivel de formación, con problemas de salud mental o sin ellos…
-¿Considera adecuada la coordinación entre todos los agentes que intervienen en sucesos de este tipo?
-Si yo hablo desde mi experiencia personal, he de decir que sí es adecuada la coordinación entre todos los agentes que intervienen en este tipo de sucesos. La colaboración con todos los agentes implicados es fluida y racional. Desde el ámbito judicial, policial, sanitario…Esta coordinación ha permitido grandes avances y hay que seguir trabajando en ella.
-Actualmente, ¿reciben los médicos forenses adecuada formación para el manejo de la situación y el trato adecuado a víctima y agresor? ¿Detectan algún tipo de necesidades?
-Son numerosos los cursos y seminarios de formación en materia de violencia de género que se han organizado desde el Ministerio de Justicia para la formación y actualización de los médicos forenses en esta materia. Ya sea en solitario o en colaboración con otros organismos, por ejemplo el Instituto de la Mujer, que depende del Ministerio de la Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial, o el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
-Pero ¿son suficientes? ¿son los necesarios?…la formación debe ser continua, no sólo para elaborar informes impecables, si no para afrontar estas situaciones con la debida preparación e implicación en el problema.
Yo recuerdo una estupenda estancia de dos semanas en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres, con un cronograma de actividades muy detallado y completo que incluía el acercamiento a través de dos sesiones a las víctimas, una en una casa de acogida y otra en grupos de trabajo preparatorios para poder afrontar las consecuencias de la violencia, que fue los más duro de esos quince días, pero también de lo que más aprendí.
– ¿Qué recomendaciones se pueden ofrecer desde la Medicina Forense a posibles víctimas?
-En realidad, cuando nosotros las vemos, ya son víctimas. En ese momento, lo único que podemos hacer es evitar la victimización secundaria, es decir, evitar en la medida de lo posible que el proceso judicial agrave más su situación. Podemos además orientarlas y derivarlas a la Oficina de Asistencia a las Víctimas, donde pueden recibir asesoramiento, acompañamiento y tratamiento.
A las posibles víctimas, es muy difícil llegar. Podemos contribuir con labores de divulgación e información, a nuestras manos llegan situaciones tan variadas que es bueno darlas a conocer para que la gente comprenda que la violencia va más allá de lo que entendemos como tal, la fácilmente reconocible. Podemos enseñar a identificar factores predictivos de una posible situación propiciatoria de un clima de violencia o de una situación más grave.
-¿La Medicina Forense en España a qué nivel se encuentra con respecto a las del resto de la unión europea en el abordaje de estos temas?
-Pues sinceramente, he de decir que el nivel de conocimientos, implicación y los métodos de trabajo de los médicos forenses españoles en este tema, son muy buenos. Pero claro, siempre es todo mejorable, y hemos de seguir trabajando en ello.
-Las normativas en vigor ¿facilitan la tarea a los especialistas e investigadores que trabajan sobre esta problemática?
La Ley Orgánica 1/2004, ya citada, supuso un antes y un después en el tratamiento del problema. En nuestro ámbito, por ejemplo, la creación de los equipos forenses de valoración integral, con la incorporación de psicólogos y trabajadores sociales, que facilitan una labor pericial más completa y multidisciplinar. Y ello también es así para otros especialistas e investigadores.
Pero ya sabemos, la sociedad avanza y progresa a mayor ritmo que las normas que las rigen y es precisa una adaptación, también legislativa, a esos cambios que permitan que este problema deje de serlo.
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