La Dra. María Castellano, catedrática de Medicina Legal y Forense y académica de número de la Real Academia Nacional de Medicina, analiza en este artículo el coste económico de la violencia de género
Otro año más celebrando el 25-N como Día Internacional contra la Violencia de Género; y en España lo afrontamos con más denuncias que nunca y con 51 mujeres muertas a manos de su marido, pareja o expareja, una cifra, también superior a la de años anteriores
Esto puede tener una primera interpretación de signo positivo. Podemos pensar que la intolerancia hacia la violencia va calando en la población española y residente en España, lo que lleva a más mujeres a denunciar su situación de víctimas.
Sabemos que cuando se produce la denuncia, aumenta el riesgo para la mujer, ya que se hace pública la calificación de “agresor” para el hombre que estaba ejerciendo esa conducta. Es positivo que el agresor sea recriminado socialmente, que pierda su imagen de ciudadano respetable y que sea rechazado en sus círculos familiares, laborales y sociales.
Cuando esto sucede, el denunciado siente indignación, y cuando este hombre tiene en su personalidad rasgos como la impulsividad, alta autoestima, dominancia, es orgulloso, rencoroso y resentido, puede elaborar la respuesta desde la venganza, hasta el extremo de acabar con la vida de la mujer y hasta de los hijos y otros miembros de la familia. El riesgo aumenta si a esto se suma el alcohol u otras adicciones.
Por ello, he insistido en otras ocasiones, en las que he escrito sobre el tema, en la importancia que tiene el estudio médico-psicológico-psiquiátrico del agresor, desde el momento en que se tiene noticia de la existencia de violencia en una pareja o familia, y esto hay que impulsarlo desde el ámbito asistencial y desde el ámbito médico-legal o judicial.
Dicho esto, hoy quiero llamar la atención sobre otro aspecto, peor conocido, de la violencia de género: su coste económico. En un mundo en el que todo tiene un precio y en el que se valora cada vez más, como deber ético general, el aprovechamiento de los recursos, se empiezan a realizar estudios sobre el dinero que estamos dedicando al problema de la violencia contra la mujer.
El día 18 de noviembre y dentro de los actos que la Universidad de Alcalá de Henares dedica a la lucha contra la violencia de género, se celebró la Jornada de investigación y debate “Las mil caras de la violencia de género en España”, en la que se presentó el Proyecto de investigación titulado “El impacto de la violencia de género en España: una valoración de sus costes en 2016”; el trabajo se ha realizado en el seno del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y ha estado dirigido por la profesora Elena Mañas Alcón, al frente de un equipo multidisciplinar, del que he formado parte como experta en el aspecto médico-forense de la violencia (el estudio se puede consultar en la página web del Instituto) y se ha publicado en una monografía.
En este trabajo se han valorado los costes referidos a las áreas laboral, legal, asistencial y otros costes; lo que ha llevado a tener en cuenta 23 indicadores que han ido desde la pérdida de jornadas de trabajo de la propia víctima y otras personas de su entorno, la no incorporación a vida activa laboral, etc., pasando por los costes legales (los generados por miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, el propio funcionamiento de los juzgados específicos de violencia de género, profesionales del derecho que intervienen en los procedimientos, etc. y otros costes, muy variables (mudanzas, alojamientos, y otros medios necesarios para la protección de las víctimas).
Pero sobre todo quiero destacar el coste sanitario generado por la violencia contra la mujer, porque repercute directamente en los recursos, siempre escasos, disponibles para la asistencia sanitaria en general. En este ámbito están las consultas médicas que las víctimas de violencia hacen en Atención primaria o especializada e incluso en hospitalización, por cuadros patológicos relacionados con la violencia que padecen (ya sea física, psíquica o sexual); sabemos que estas mujeres, antes de denunciar, pasan mucho tiempo en los circuitos asistenciales, con consultas frecuentes por problemas muy diversos y de base psicosomática, y alto consumo de psicofármacos como ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y otros de la familia de los analgésicos y antiinflamatorios. Cuando ya se ha puesto la denuncia, las estructuras previstas para ayudar a las víctimas proporcionan muchos recursos destinados a la asistencia sanitaria específicamente organizada para estas mujeres, ahí entran tratamientos médicos, psicoterapias individuales y de grupo y otras necesidades asistenciales.
Al tratarse de un estudio realizado en el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, el cálculo de los costes se ha hecho con la metodología matemática-estadística adecuada en este tipo de estudios, pero aún así, los resultados no pueden ser rigurosamente exactos; la comparación se ha hecho con otros dos estudios (Cohen, 2008 y Zhang 2012) de metodologías similares, aunque con población y moneda diferentes y, atendiendo a ello, los resultados de nuestro estudio se manifiestan en una horquilla que va, en la estimación más conservadora, desde los 1.281.012.528 € y supone el 0,11% del PIB y 27,6 € al año por habitante, estando la estimación menos conservadora, en un coste de 8.540.891.420 € y que supone el 0,76% del PIB y 183,9 € al año por habitante.
El estudio ha sido una primera aproximación al problema desde la perspectiva económica, pero dado su interés, tendrá continuidad, puesto que habrá que incluir otros gastos generados por víctimas, también directas, como son los hijos, con sus consultas médicas, sus problemas de retraso escolar, etc., así como revisar todo aquello que permita un análisis más preciso en la identificación y establecimiento del coste. Otros costes que ya estamos soportando son los derivados del Pacto de Estado contra la Violencia aprobado en 2018 en el Parlamento y que ya ha destinado unos fondos que se están empleando en los aspectos de formación de los profesionales sanitarios, temas de documentación clínica, etc. Estos costes los soporta sobre todo el sector público (sanitario y judicial), pero también repercute en el privado cuando hablamos del ámbito laboral y de otros gastos.
En el estudio no se ha valorado otro dato de salud muy importante, el valor del daño moral, del sufrimiento de las víctimas, aspecto que sí se valora, por ley, en las víctimas de los accidentes de tráfico y que se indemniza, junto a las consecuencias que tuvieron las lesiones (tiempo de curación…), y las secuelas a que dieron lugar.
Con estas líneas he querido dirigirme, de nuevo a mis colegas médicos y otros profesionales sanitarios para aumentar nuestra preocupación ante la violencia, en general, y la de género en particular, contribuyendo a su prevención, detección, abordaje y soluciones. Es un deber legal, pero aún nos obliga más nuestra Deontología Profesional, que en la revisión actual del Código nos proporcionará un capítulo específico “Los médicos y la violencia” que supondrá un nuevo espacio con el que debemos comprometernos para beneficio de las personas más vulnerables. No cabe duda de que la violencia es un problema poliédrico, pero, aunque la seguridad y el bienestar de las personas, deba ser nuestra principal tarea, considero que el aspecto de lo que nos gastamos en atender el problema es también un dato que nos debe animar a recuperar esos recursos para dedicarlos a necesidades más gratificantes para todos.
