Dr. Landa García: «Tráfico ilegal de órganos»

 

Hace unos días, nos hemos visto alarmados nuevamente por la prensa debido a un caso de trasplante de órganos ilegal, con el consiguiente sobresalto para nuestra sociedad, para el sistema sanitario y para la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en particular. Algunas personas procedentes de otro país, han sido tratadas con diálisis y trasplante de riñón en el nuestro, de forma no legal e incluso, se puede sospechar, que saltándose la lista de espera. Esto último no lo dice la prensa, pero me lo imagino teniendo en cuenta los trámites y tiempos de espera que habitualmente existen para un trasplante de riñón. Supongo que la ONT estará realizando una investigación profunda de los hechos y nos ofrecerá próximamente alguna respuesta a algunos interrogantes que nos han quedado.

 

Bajo el epígrafe de tráfico ilegal de órganos se deben considerar algunos aspectos. El hecho de la utilización de órganos para trasplante de procedencia ilegal, en países permisivos con la procedencia de órganos para trasplante y, lo que se conoce como turismo de trasplante, referido a las personas que viajan a otros países para acceder a un trasplante con órganos habitualmente conseguidos de forma ilegal o como en el caso de nuestro país accediendo al sistema de forma irregular / ilegal, es decir pagando a una organización delictiva.

 

España no es precisamente un país permisivo. La última reforma del Código Penal sobre la Ley Orgánica 5/2010, introdujo un precepto normativo en el artículo 156 bis dedicado exclusivamente al tráfico de órganos (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). Recoge el artículo penas de cárcel incluso para los receptores de órganos ilegales. “Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el  tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán  castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano  principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal. Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo  su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior,  que podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del  hecho y del culpable”.

 

Nuestra estructura sanitaria está muy bien organizada y no permite el acceso al sistema a extranjeros con residencia fuera de nuestro país,  sin un carácter urgente de la asistencia. La ONT conoce mensualmente los datos de los trasplantes y los hace públicos anualmente. Sería impensable la llegada y utilización de un órgano de procedencia ilegal. Por todo esto, los recientes trasplantes de riñón realizados a ciudadanos foráneos de forma ilegal y, el intento de hace un par de años de trasplantar a un ciudadano extranjero con un donante voluntario de hígado, nos ha sorprendido. 

 

España también, a través de la ONT ha participado e incluso liderado los movimientos más importantes que se están realizando últimamente en el mundo para la luchar contra el tráfico ilegal de órganos. Participamos en la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, convocada por la Sociedad de Trasplantes y la Sociedad Internacional de Nefrología en Estambul en el año 2008. Allí, se reunieron 150 expertos que representaban prácticamente a todos los países con programas de trasplantes, representantes de sociedades internacionales y el Vaticano, personas con cargos directivos en nefrología y trasplantes, participantes en el ámbito de políticas públicas de trasplante de órganos, expertos en ética, antropólogos, sociólogos y especialistas en cuestiones jurídicas, de prestigio por sus publicaciones sobre la política y la práctica de los trasplantes. Se establecieron los conceptos de tráfico de órganos, la comercialización de los trasplantes y el viaje para trasplantes / turismo de trasplantes y,  se recogieron una serie de propuestas dirigidas a  las diferentes administraciones de los países participantes, sobre el aumento / mejora de las fuentes de donantes y el control de los trasplantes ilegales, así como los necesarios cuidados del donante vivo voluntario. 

 

En la Unión Europea (UE-28) se adoptaron una serie de acuerdos (recogidos en treinta y tres artículos) en el Comité de Ministros celebrado en julio de 2014 (1205 th meeting of the Ministre´s Deputies) contra el tráfico de órganos humanos (Council of Europe Conventio against Trafficking in Human Organs). Documento accesible para el lector interesado en Newsletter Transplant volumen 19, número 1, septiembre, 2014. 

 

Más recientemente,  en Santiago de Compostela se celebró en marzo de 2015 un Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos. El convenio instaba a los gobiernos a tipificar la compra-venta de órganos como delito en sus legislaciones nacionales, e incluye medidas de protección y compensación para las víctimas, y medidas preventivas como la de asegurar la transparencia y el acceso equitativo a los trasplantes. Lamentablemente esta reunión no tuvo el éxito deseable para unos objetivos tan importantes. El convenio nada más fue firmado por 14 países, y solo diez eran de la UE-28 (Albania, Austria, Bélgica, Republica Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Turquía, Reino Unido y España). Sorprende la negativa a firmarlo por parte de países como Alemania o Francia y, se agradece que lo hicieran países salpicados por algunas noticias negativas sobre la utilización de órganos ilegales como Albania o Turquía.

 

Se ha publicado bastante sobre el tráfico y trasplante de órganos ilegales e incluso hay curiosas leyendas urbanas que todos hemos escuchado alguna vez. Muchas de las noticias publicadas no han sido probadas suficientemente. Voy a referirme a algunas relativamente recientes, que implican a esos dos países que han firmado el Convenio de Santiago de Compostela. 

 

En abril del año 2008, la sociedad europea quedó sobrecogida con la publicación del libro de Carla del Ponte “La caccia: Io e i criminali di guerra”, escrito en colaboración con Chuck Sudetic,  corresponsal en los Balcanes en los años noventa del “The New York Times” (En España, “La caza. Yo y los criminales de guerra” edit. Ariel 2009). Muy escuetamente digamos que Carla del Ponte es una jurista suiza, que fue fiscal jefe del Tribunal de Derecho Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoeslavia. Se la conoce también porque se ocupó del genocidio de Ruanda, fue fiscal general de la Confederación Helvética y trabajó estrechamente con el asesinado juez Giovanni Falcone (en la lucha antimafia) en Italia. Embajadora de Suiza en Argentina (2008-2011) y jubilada actualmente, esta como observadora de la ONU en la guerra de Siria. 

 

Se pueden leer en diversos artículos de prensa referencias al libro de Carla del Ponte y las polémicas que levantó desde el año 2008 en que se publicó. Incluso sus intentos de censura y las críticas a su autora por carecer de pruebas irrefutables. Lo cierto es que la ex fiscal, haciéndose eco de informes recogidos por miembros de la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo creada por las Naciones Unidas (UNMIK), afirma en su libro que unos trescientos prisioneros capturados por el Ejercito de Liberación de Kosovo (EIK), fueron trasladados y confinados al norte de Albania, concretamente a 20 kilómetros de la ciudad de Burrel a una casa conocida en la zona como la Casa Amarilla. Afirma  Carla del Ponte que a estos prisioneros,  se les extraía los órganos que eran trasladados a través del cercano aeropuerto de Rina a otros países para trasplantes ilegales.

 

También en Albania, concretamente en su capital Pristina en el año 2008, fue descubierta una trama de tráfico ilegal de trasplantes, activa desde el año 1998 en una clínica llamada “Medicus”. Conocimos entonces a un personaje que los medios en Turquía llamaban “Dr Frankenstein”, el ya lamentablemente famoso urólogo turco Yusuf Ercin Sonmez y a su gestor, el ciudadano israelí de origen turco Moshe Harel. No quiero levantar polémica señalando la procedencia de los pobres donantes (necesitados, extorsionados, manipulados y engañados la mayoría de las veces), ni con los países de procedencia de los receptores a los que se puede considerar personas sin conciencia moral, eso sí bastante adineradas. Sus países de procedencia no tienen por qué ser estigmatizados. Algunos de los miembros de esta trama fueron detenidos y juzgados en Albania, pero hasta donde he podido saber su protagonista Yusuf Sonmez, detenido en varias ocasiones y que pese a que existen algunas noticias contradictorias, parece ser que está actualmente en busca y captura por la Interpol. Se le sitúa viviendo libremente en Sudáfrica.  

 

Hace un par de años, dos periódicos libaneses (“Lebanese al-Safir daily” y ”Lebanese newspaper al-Diyar”) publicaron que ciudadanos sirios gravemente heridos en la guerra, habían sido  trasladados a Turquía para su tratamiento y sus órganos utilizados para trasplante de forma ilegal. Es un ejemplo de noticia no contrastada en un punto de gran conflicto en el mundo. Ignoro si esta terrible noticia es absolutamente cierta, pero nadie se ha ocupado de desmentirla.

 

Lo que finalmente creo es que hay un gran número de trasplantes ilegales en el mundo (5-10% según la OMS), que existe procedencia ilegal de órganos en cualquiera de sus formas, sin que haya una verdadera y eficaz lucha contra ello, lo que dibuja una sociedad despreocupada con unos hechos intolerables. Lo de Kosovo / Albania / Turquía no debería haber existido nunca,  pero casi peor aún es que nuestra vida continúe con sus responsables en libertad y que nadie haga algo por evitarlo y que el Convenio del Consejo Europeo de Santiago de Compostela solo fuera firmado por catorce países y, que no fuera firmado por Francia y Alemania.