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Una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio

Una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio, según el último Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia. Según el documento, con datos del 30 de junio de 2016, en España "hay 1.207.870 personas dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en lista de espera

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que se ha hecho eco de este Informe, ha denunciado que, a pesar de que «durante el último año se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, superando el estancamiento» de los últimos años, «sigue existiendo un fragante incumplimiento respecto a cientos de miles de personas”.

 
Sin embargo, a pesar de la mejora en las cifras de gestión del último año, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha considerado preocupante «las extremas diferencias interterritoriales», puesto que «no todas las comunidades autónomas han mejorado la gestión en la misma medida», de hecho, «Cataluña es la única comunidad que ha reducido el número de personas atendidas en el último año teniendo una lista de espera superior al 40%».
 
La asociación ha estimado que «con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la desesperante lista de espera», aunque, a este ritmo, en casos como Cataluña no se «absorbería nunca la demanda» y en las Islas Canarias «tardaría más de 25 años».
 
Además, los analistas coincidieron en que «el modelo de financiación es insuficiente, cuando no tramposo, y está provocando la paulatina retirada de la financiación finalista a las comunidades autónomas por parte de la Administración General del Estado, a medida que el gasto se incrementa en la factura autonómica en dependencia».
 
Por último, el informe indica que «el recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares» por lo que «la única salida posible es incorporar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras un debate realista y responsable, un acuerdo sobre la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que permita a las comunidades autónomas cumplir con los ciudadanos debidamente».
 
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