Las Sociedades Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), a través del Dr. Lobos, y de Cardiología (SEC), representada por el Dr. Rodríguez Padial, presentaron ayer un informe que denuncia importantes diferencias entre CC.AA., además de barreras, para el uso de los nuevos anticoagulantes orales indicados para prevenir el ictus y otros embolismos relacionados con la fibrilación auricular
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) presentaron ayer un informe en el que denuncian «importantes diferencias» entre comunidades autónomas y barreras para el uso de los nuevos anticoagulantes orales, indicados para prevenir el ictus y otros embolismos relacionados con la fibrilación auricular.
El acto se enmarcó en los Desayunos de Europa Press, en el que participaron: Paloma Casado Durández, subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad; Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, y jefe de Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Toledo en SESCAM; José María Lobos, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de SEMFYC; Ángel Abad Revilla, jefe de Área de Información al Paciente de la Dirección General de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid; y Luciano Arochena, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN).
El proyecto de Análisis de la Gestión y Observatorio Regional de la anticoagulación (AGORA) muestra un mapa «heterogéneo» en el acceso de los pacientes en España a estos fármacos, a pesar de que han demostrado ser igual de eficaces que los anticoagulantes clásicos y «mucho más seguros», ya que pueden reducir las hemorragias más severas «hasta en un 50 por ciento», según aseguró el Dr. Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la SEC.
El Ministerio de Sanidad fijó en 2013 unos criterios para priorizar su uso en los pacientes más graves, pero las comunidades están introduciendo diferentes medidas adicionales que generan «un efecto disuasorio importante» y hacen que España esté «a la cola en el uso de estos fármacos», añadió José María Lobos, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de semFYC.
De media se estima que en torno al 10-15 por ciento de los más de 800.000 pacientes con fibrilación auricular no valvular tienen acceso a estos fármacos.
Sin embargo, existe un «mapa heterogéneo y cambiante» ya que mientras que en comunidades como Andalucía o Cantabria los recibe entre el 30-40 por ciento de los pacientes, en otras como Asturias no llegan al 5 por ciento.
Una de las barreras en el acceso a estos fármacos está en que hasta en siete comunidades (Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias) los médicos de Atención Primaria, que son los encargados del seguimiento de estos pacientes, no pueden recetarlos por primera vez y debe ser el cardiólogo o el hematólogo quien lo haga.
Además, los expertos criticaron que la receta de estos fármacos requiera la petición de un visado previo de inspección que «somete a criterios muy rígidos la prescripción del tratamiento», ha señalado Lobos. Sobre todo, según Rodríguez Padial, porque «tarda varios días en obtenerse y es un periodo en el que el paciente está sin anticoagular».
Tanto médicos de familia como cardiólogos piden la supresión de este visado o que, al menos, no sea necesario en determinados pacientes, algo en lo que coincidió el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN), Luciano Arochena, que lo considera «el talón de Aquiles» de la anticoagulación.
«Hay médicos de Atención Primaria que no quieren recetar estos fármacos por no pasar por el visado. Y en el mejor de los casos, tarda tres días en volver al médico», denunció.
Por su parte, la subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Paloma Casado, defendió que para su departamento «es una prioridad actualizar los criterios de anticoagulación» y, para ello, ha avanzado que se tendrán en cuenta las conclusiones de cara a la actualización de las estrategias nacionales contra el ictus y la cardiopatía isquémica.
«No se puede extender el uso indiscriminado de los nuevos anticoagulantes orales, sino ajustar el tratamiento apropiado para cada paciente», reconoció la representante ministerial, aunque admitió que en los últimos años han surgido nuevos datos sobre su eficacia y seguridad que requieren una actualización constante de los criterios de uso.
No obstante, reconoció que se deben evaluar los costes directos e indirectos de su uso con el objetivo de «velar por la sostenibilidad del sistema».
«Hay que establecer criterios que, en ocasiones pueden parecer restrictivos, pero buscan el uso adecuado de los recursos», apuntó Casado, que recordó que quien tiene competencias en la materia son las comunidades autónomas.
En este sentido, Ángel Abad, de la Dirección General de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, destacó la necesidad de «evolucionar» en el uso de los visados pese a que, según ha defendido, su uso «intenta asegurar la indicación» de estos fármacos. Asimismo, apeló a la necesidad de contar con pacientes «cada vez más formados e informados» de cara a mejorar la adherencia al tratamiento y reducir el riesgo de complicaciones.
