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Sociedades de Pediatría informan al Defensor del Pueblo sobre las dificultades a las que se enfrentan los pediatras en la CAM

Cinco Sociedades Científicas de Pediatría: la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Asociación Española de Pediatría Extrahospitaria y Atención Primaria (SEPEAP), la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha (SPMyCM), y la Asociación Española de Pediatría (AEP) remitieron, recientemente, una carta al Defensor del Pueblo, al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, a la presidencia del Colegio de Médicos y a la Gerencia de Atención Primaria del Área Única de Salud de Madrid en la que advierten de la precariedad y déficit de recursos a los que se enfrentan los pediatras de la Comunidad de Madrid (CAM)

Dichas Sociedades de Pediatría describen la situación que están viviendo en los centros de salud de la Comunidad de Madrid como «insostenible y peligrosa, al tiempo que consideran que. el paciente es el «gran perjudicado” de esta gestión. 

 
Guillermo Martín Carballo, presidente de AMPap, explica que, tal y como detallan en la carta, “el déficit de pediatras en el primer nivel asistencial hace que la sobrecarga actual en Pediatría de AP sea insostenible. Existen plazas vacantes, así como reducciones de jornada y bajas de larga duración sin cubrir de forma sostenida”. Esto “disminuye la calidad asistencial y aumenta el riesgo de cometer errores, además de provocar problemas  de salud física y psíquica en los profesionales”. Al mismo tiempo, “estas condiciones desmotivadoras dificultan la incorporación de pediatras a este ámbito asistencial”. 
 
En la carta, las sociedades científicas que representan a los pediatras enumeran los principales escollos con los que se encuentran en su práctica profesional, entre ellos, que “no existe un límite de pacientes por profesional y día”, por lo que, ante las ausencias por bajas o vacaciones de compañeros, se multiplica la cantidad de pacientes que deben ser atendidos por cada profesional. Esto “implica una disminución del tiempo disponible para cada paciente, aumentando el riesgo de cometer errores en una población especialmente vulnerable”. 
 
Por otro lado, denuncian que la presión asistencial “va en detrimento de otras actividades fundamentales en Atención Primaria”, como “la educación para la salud y salud comunitaria, la docencia, la investigación, la aplicación de nuevas técnicas diagnósticas y la formación”.
 
La misiva denuncia, asimismo, que la presión conlleva que los pediatras no puedan “asegurar una atención correcta al paciente con dedicación del tiempo necesario para su evaluación, diagnosis y prescripción”. En concreto, recuerdan que la propia Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2016 establece como objetivo un tiempo medio dedicado por paciente de Pediatría de 14,40 minutos, lo que corresponde con una atención de 20,8 pacientes diarios, “ampliamente sobrepasada en nuestras consultas”.
 
Los pediatras señalan también que “la tensión y el estrés que sufren muchos pediatras de AP puede degenerar en dolencias tanto físicas como psíquicas”. La carta señala a las Administraciones públicas como las responsables de “los daños físicos y psíquicos” derivados de la sobrecarga asistencial.
 
La presión asistencial, explica AMPap, también perjudica a los pacientes que, según el Código de Ética y Deontología Médica “tienen derecho a una atención médica de calidad, humana y científica”, que no se puede proporcionar en estas circunstancias. Por tanto, la carta concluye que “es contrario a la ética obligar al médico a ejercer su profesión en las condiciones denunciadas”. 
 
La carta también incluye un apartado sobre posibles errores y mala praxis de los facultativos. Los pediatras consideran que “si ésta se deriva de la excesiva presión y carga de trabajo, hay que responsabilizar de sus consecuencias a la Administración Sanitaria”. 
 
Por último, los pediatras reiteran que “el paciente es el gran perjudicado de esta situación, pues se vulneran todos los derechos a una adecuada atención sanitaria, esgrimidos en la Constitución”.
 
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