Las Sociedades Científicas de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se han posicionado en contra de la prohibición de prescripción para los médicos de Atención Primaria de los nuevos anticoagulantes orales en siete de las 17 comunidades autónomas españolas, además de detectar trabas al respecto en las otras diez
Madrid, 11 de julio 2013 (medicosypacientes.com /E.P.)
Las sociedades españolas de Médicos de Atención Primaria (Semergen), de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) y de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se han posicionado en contra de la prohibición de prescripción para los médicos de Atención Primaria de los nuevos anticoagulantes orales en siete de las 17 comunidades autónomas españolas.
Debido a ello, y al hecho de que en las diez restantes existan «trabas» para realizar esta práctica, el presidente de Semfyc, el doctor Josep Basora, subraya que se están produciendo «diferencias en las prescripción en España». Precisamente, las regiones en la que se está produciendo esta circunstancia son Asturias, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cantabria, La Rioja, Canarias y Aragón.
Además, el experto lamenta que en el resto de regiones sea preciso que el médico de familia rellene un visado para poder prescribir, el cual «va en contra de su profesionalidad», ya que a otras especialidades «no se les exige». Éste supone para el paciente una demora «no justificada» en su atención, que puede ir «desde las 24 horas hasta los 15 ó 20 días», sostiene.
No obstante, a este tiempo hay que sumarle, en las comunidades en las que este profesional no puede prescribir, el tiempo que transcurre hasta que el paciente es derivado a un especialista, y es que cada comunidad tiene sus listas de espera, siendo «la mayoría amplias», señala. Para él, esta coyuntura «no tiene sentido», ya que los criterios de prescripción son fruto de un consenso «entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas».
A juicio de Basora, «no se sabe la situación clínica del paciente», la cual puede ser una fibrilación auricular, «que es responsable de uno de cada cuatro ictus». En su opinión, es ahí donde radica su importancia, y es que, «cada año fallecen 28.000 personas en España por ictus», motivo por el cual «estas trabas burocráticas tienen que desaparecer».
En la misma línea se muestra el presidente de Semergen, el doctor José Luis Llisterri, quien opina que estos elementos tienen un fundamento «cortoplacista y economicista», ya que es un mecanismo «de control del gasto». Según señala, los también denominados NACOs han demostrado «eficacia y seguridad y son un hito», por lo que el hecho de que se prohíba su prescripción en algunas regiones «es una incongruencia que preocupa enormemente».
Por esta causa, sostiene que hay que corregir la situación «desde el diálogo y la coordinación con la Administración», todo ello para lograr «equidad en la prescripción». Para esto trabajan estas tres sociedades desde hace un año, y también por ello firmaron en noviembre un posicionamiento de necesidad de consenso.
«Se está poniendo en juego la medicina de calidad y se está comprometiendo la seguridad de los pacientes», añade el experto, que resume que la facultad de poder prescribir los nuevos anticoagulantes orales es «legítima y necesaria». Además, expone que, en esta petición, cuentan con el apoyo de más sociedades científicas.
En cuanto a los pacientes que deben ser tratados con estos fármacos, Llisterri sostiene que éstos deben ser «entre un 30 por ciento y un 40 por ciento de los 800.000 anticoagulados que hay en España». Entre ellos se encuentran los que padecen fibrilación auricular, una enfermedad que «afecta a un 4 por ciento de la población general y a un 15 por ciento de la mayor de 80 años», explica.
En este sentido, y a pesar de que reconoce que «no se debe descartar al sintrom como arma terapéutica útil», manifiesta que el criterio establecido es que sean tratados con NACOs todos aquellos pacientes que, tras seis meses de tratamiento con sintrom, presenten un INR «por debajo del 60 por ciento». De cualquier forma, reconoce la diferencia de precios, los cuales se establecen en 1,90 euros para el primero y en 98 para los anticoagulantes orales nuevos.
Por su parte, el representante de SEMG, el doctor Benjamín Abarca, alude al «altísimo coste sanitario» que reportan las complicaciones en estos pacientes si no son bien tratados. En su opinión, el paciente «tiene derecho a recibir el mejor tratamiento» y el médico la obligación de ofrecérselo «al menor coste».
Al respecto, declara que en las comunidades en las que no se produce este binomio no se está produciendo equidad, algo que ocurre «incluso entre provincias» de una misma región. Además, lamenta que la excplicación de estas comunidades a esta situación sea que «se les dispara el gasto».
No obstante, Abarca difiere en cuanto al porcentaje de pacientes que deben recibir los nuevos anticoagulantes orales, el cual cifra «en entre un 15 por ciento y un 25 por ciento» de los anticoagulados. De cualquier forma, los expertos sostienen que, en comunidades como Madrid, sólo están recibiendo este tratamiento «entre un 3 por ciento y un 5 por ciento».
