Las XIII Jornadas Internacionales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) propusieron una reflexión en torno a las cuestiones que rodean la autonomía y la toma de decisiones al final de la vida a partir de dos mesas redondas multidisciplinares en las que participaron profesionales sanitarios, sociólogos, notarios, especialistas en Bioética o en Derecho Sanitario y destacados catedráticos de Derecho Penal
El origen de la primera mesa se remonta a hace un año, cuando, ante el debate suscitado sobre la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido (SMA), desde SECPAL se impulsó un grupo de trabajo con expertos de diferentes áreas y comunidades autónomas para avanzar hacia un posicionamiento de consenso de la sociedad científica en el marco de esta controversia que respetara todas las sensibilidades y pusiera el acento en las cuestiones que más preocupan a los profesionales de Paliativos.
Así, Juan José Bestard Perelló, abogado y médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, analizó la eutanasia desde el punto de vista del Derecho Sanitario, concluyendo que en el momento actual “no tienen relación, puesto que la eutanasia no está regulada”. Cuando así sea, dijo, “y no es lo mismo regular que despenalizar”, será necesario ver qué redacción sale del Parlamento para saber si finalmente en España tendrá algún vínculo con el Derecho Sanitario. “No tiene por qué tenerlo y, de hecho, en Suiza y Bélgica no lo tienen. Pero lo que sí considero fundamental es que las leyes sean claras, porque solo así es posible evitar que sean malinterpretadas”, señaló el experto.
En este sentido, y ante la gran incertidumbre que existe respecto a qué tipo de texto legal se prevé e, incluso, respecto a los conceptos y a los supuestos que se contemplarán, ha defendido la importancia de “asesorarse bien durante el proceso con la comunidad científica del mundo biosanitario, el Derecho y la Bioética”.
La mesa redonda sobre autonomía y toma de decisiones incluyóo precisamente la intervención de una experta en este ámbito, María Isabel Marijuán Angulo, doctora en Medicina, profesora de Bioética en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco UPV/EHU y miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que se ha centrado en la perspectiva bioética del proceso de morir.
“Todo lo relacionado con el morir humano es motivo de preocupación y de debate. Nos decimos que, en una sociedad democrática como la nuestra, el respeto a la libertad y a la voluntad de la persona ha de mantenerse durante la enfermedad y alcanzar al proceso de la muerte. Consideramos que esta emergencia del valor de la autonomía personal, profundo modificador de la relación clínica, debe aplicarse en cada persona y que, para ello, el ordenamiento jurídico debe concretarlo y protegerlo para permitir que cada proyecto de vida y muerte digna queden amparados. Cuando llegamos a este punto de pensamiento, ya somos plenamente conscientes de que no estamos ante una tarea fácil”, reconoció.
En su ponencia, la profesora Marijuán también lanzó una invitación a meditar sobre las dificultades y repercusiones que entraña la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.
En este contexto, consideró que es “útil reflexionar y deliberar sobre los derechos de las personas al final de la vida, porque el morir es un asunto personal, pero también social: todos vamos a morir y todos queremos hacerlo a nuestra manera, siendo asistidos sanitaria y socialmente en nuestras instituciones y por nuestros familiares, amigos y profesionales”.
Por ello, añadió: “Necesitamos hablar de derechos y obligaciones que puedan ayudarnos; derechos explicitados que sean útiles al personal que nos asiste, proporcionándoles un marco legal democrático y los recursos humanos y materiales necesarios; normas que eviten que las personas podamos sufrir desamparo, abandono, abuso, indefensión o desatención durante el final de nuestra vida”.
