Miércoles, 22 Mayo 2019

Viernes, Día Mundial Derechos Consumidores

Sanidad espera pronto la nueva directiva europea de protección al consumidor: El consumo desde la infancia afecta a la salud física y mental

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, espera que la nueva directiva europea de protección al consumidor “vea la luz lo antes posible”, dado que, a su juicio, la normativa “tiene unas connotaciones que van mucho más allá de la protección de los consumidores" sobre todo de la infancia puesto que, tal y como aseguró, el consumo “afecta de forma muy directa” a su salud física y mental

Madrid 13/03/2019 medicosypacientes.com
Garantizar los derechos de las personas consumidoras prioridad para las administraciones públicas
Así se pronunció Carcedo durante su intervención en el acto de inauguración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, organizado por la Representación de la Comisión Europea en España y en el que subrayó que, “garantizar los derechos de las personas consumidoras debe ser una prioridad para las administraciones públicas".
 
Explicó entre otras cuestiones, “afronta todo lo que se deriva del comercio digital, que cada vez nos invade más, y no solamente afecta a la protección del consumidor”.
 
“Afecta también al modelo de ciudad, al modelo de convivencia, al empleo de cercanía”, puntualizó, para a continuación admitir que a su departamento le “preocupa especialmente” el colectivo de la infancia, puesto que el consumo “afecta de forma muy directa” a su salud física y mental. También, a la adquisición de “determinados hábitos no siempre beneficiosos para su salud”, por lo que consideró que la protección de los consumidores “debe empezar desde la infancia”.
 
La Ministra resaltó que “las personas consumidoras son las que tienen la última palabra”. Por ello, insistió en que “para que sus decisiones sean libres y para que se formen de manera responsable, las instituciones deben facilitar el mejor acceso a la información y al conocimiento”.
 
Se refirió también a cómo la protección a las personas consumidoras incide en la construcción “de sociedad más igualitaria y al bienestar social de la ciudadanía”.
 
Y destacó los cambios que se están llevando a cabo en el Consejo de la UE, “orientados a reforzar los derechos de los consumidores, a proporcionarles instrumentos para ejercerlos, a obtener compensación y resarcimiento, a establecer sanciones efectivas y a actualizar la directiva de prácticas comerciales desleales para que las autoridades nacionales puedan evaluar y atajar las prácticas comerciales engañosas”.
 
España, aseguró, comparte estos y otros retos que el movimiento asociativo reclama desde hace tiempo, como la definición y protección del consumidor vulnerable, al uso de determinados prefijos como servicio de atención al cliente o el reto de alcanzar una protección similar del consumidor en el conjunto del Estado, entre otros.
 
De cara al futuro, la Ministra manifestó que “las políticas de consumo deben evolucionar y adaptarse a la sociedad a la que sirven, para conseguir, a través del compromiso ético de los consumidores, mejorar el mundo en el que vivimos desde una perspectiva social, económica y medioambiental”. 
 
Carcedo precisó que el mundo digital, al que está dedicada este año la efeméride, “viene trufado de una gran carga de incertidumbre y de nuevas amenazas como consumidores”. “Esto obliga a actualizar nuestra legislación y nuestros nuevos mecanismos de protección a los consumidores”, agregó.
 
En referencia al discurso pronunciado por John Fitzgerald Kennedy el 15 de marzo de 1962, en el que “reconoció al consumidor como un elemento fundamental del proceso productivo”, la titular de Consumo definió a este colectivo como "potencialmente poderoso pero, al mismo tiempo, vulnerable en un contexto económico y tecnológico cada vez más complejo”.
 
“No todos los consumidores tienen siempre la suficiente información sobre los productos y servicios que adquieren, tampoco pueden diseñar las ofertas comerciales ni participar en el diseño de los contratos”, detalló.
 
A este respecto, las víctimas del síndrome tóxico o del fraude de iDental son, a su entender, dos ejemplos “de la necesidad de protección de los consumidores y de la salud de la ciudadanía” en situación de “indefensión” por sus circunstancias personales, económicas, sociales o culturales, que les convierten en “presas con mucha más facilidad de estafas bien planificadas y perfectamente dirigidas” a ellas.
 
Por esta razón, reivindicó el “papel que cada ciudadano juega como consumidor”, recordando que este debe ser “más proactivo, responsable, sostenible y accesible de cara a los retos de la Agenda 2030”.
 
Carcedo insistió en los cambios impulsados desde la UE para “reforzar los derechos de los consumidores, proporcionarles instrumentos para ejercerlos, obtener compensación y resarcimiento”, así como para “establecer sanciones efectivas y actualizar la directiva de prácticas comerciales desleales”.
 
España, dijo, “comparte estos y otros retos que el movimiento asociativo reclama desde hace tiempo”, entre los que mencionó la definición y protección del consumidor vulnerable o la consecución de un nivel de protección “similar en el conjunto del Estado de forma homogénea”.
 
En la misma línea, se mostró convencida de que la libre circulación en el conjunto de la UE “debe llevar pegada, como una lapa, la protección de los consumidores como condición indisoluble del concepto de ciudadanía“.
 
Por su parte, Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en España, se refirió al “desfase entre la realidad jurídica y la percepción de los consumidores” en los últimos años en el contexto europeo, lamentando que estos “se sienten como David frente a Goliat, pero, además, con una mano atada y sin honda”.
 
Fonseca agradeció, en este sentido, al Ejecutivo la “negociación y el apoyo” en torno al desarrollo de la directiva Ómnibus, que espera también se extienda a la propuesta sobre reclamaciones representativas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores con el fin de convertir este derecho en un derecho fundamental de “primera generación”.