El Real Decreto donde se establecen las bases para que el teléfono de emergencias 112 sea accesible a las personas con discapacidad auditiva se publicó este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dos semanas después de su aprobación en Consejo de Ministros
Impulsado por los departamentos del Interior y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la norma pretende mejorar la atención que desde los servicios de Protección se presta a las personas con discapacidad y a otros colectivos vulnerables en situaciones de emergencia.
Sienta las bases para que, en dichas circunstancias, estas personas sean atendidas en igualdad de condiciones, con los medios acordes a sus características.
De este modo, España da cumplimiento a las distintas legislaciones nacionales e internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad.
En concreto, el real decreto garantiza que las personas con discapacidad reciban la información de forma que les resulte comprensible y puedan adoptar así las medidas oportunas para garantizar su propia seguridad y la salvaguarda de sus bienes ante cualquier amenaza de catástrofe natural, emergencia industrial o tecnológica,.
Entre otras, establece las directrices para suprimir las barreras comunicativas a las que se enfrentan las personas sordas usuarias de la lengua de signos cuando reclaman un servicio de emergencia a través del teléfono 112.
Estas modificaciones se deberán introducir en los planes autonómicos y locales, recoge el BOE y para establecer los mecanismos concretos, se deberán determinar protocolos de actuación específicos en las distintas fases de las emergencias.
Por otro lado, el establecimiento de protocolos entre las administraciones y la adopción de un sistema comunicativo visual en tiempo real permitirá que las personas sordas sean atendidas con eficacia y eficiencia lo más pronto posible, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
El objetivo es garantizar que las personas con discapacidad conozcan qué medidas deben adoptar como acción preventiva ante una emergencia, así como facilitar la rápida actuación de los servicios de intervención.
Para que las modificaciones sean efectivas, los distintos servicios de intervención en emergencias recibirán formación específica.
Este real decreto responde a la demanda de las asociaciones representativas de las personas con discapacidad y contribuye al cumplimiento de los derechos enunciados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y respecto a los riesgos establecidos en las diferentes Directrices Básicas de Protección Civil.
Cuenta con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y de la Federación de Familias de Personas Sordas (Fiapas), que han participado en la redacción del texto y también lo harán en el desarrollo de la norma.
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