Equipo directivo de la Organización Médica Colegial (OMC) y de la Dirección General de la Policía han mantenido un encuentro para diseñar las medidas frente a agresiones a sanitarios en base a lo establecido por el Protocolo del Ministerio del Interior para hacer frente a la violencia a profesionales de la salud
En el encuentro, celebrado en la sede de la OMC, han participado, por parte de la corporación médica, su presidente, Dr. Serafin Romero; el secretario general, Dr. Juan Manuel Garrote; el vicesecretario, Dr. José María Rodríguez Vicente, y el coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones, Dr. José Alberto Becerra.
Por parte de la Dirección General de la Policía, han participado el comisario Javier Galván, jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación y máximo responsable a nivel nacional de la figura de “Interlocutor Policial Sanitario”; el inspector José Enrique Carrera Tellado, y la oficial Ana Álvarez Viña, del Grupo de Relaciones Institucionales.
En la reunión, ambas partes han expuesto los pasos dados desde que el pasado mes de julio el Ministerio del Interior aprobase el Protocolo de Medidas Policiales a adoptar frente a agresiones de profesionales de la salud que tiene por objeto establecer un procedimiento de actuación común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier tipo de agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y profesionales de la salud.
Este Protocolo está recogido en la instrucción 3/2017 de la Secretaria de Estado de Seguridad del Estado y fue presentado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Dr. Serafín Romero.
La decisión de crear este Protocolo surgió a raíz de los trabajos expuestos por el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC ante el Ministerio del Interior y las reuniones mantenidas entre ambas partes con representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios.
Desde entonces, 6 comunidades autónomas (Cantabria, Andalucía, Baleares, Murcia, Castilla y León y Ceuta) han puesto en marcha la figura establecida por este Protocolo de “Interlocutor Policial Territorial Sanitario”, así como en cuatro provincias (Cádiz, Guadalajara, Burgos y Cuenca), en coordinación con los consejos autonómicos de colegios de médicos, los propios colegios y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Durante estos meses, desde la Dirección General de la Policía se ha coordinado esta figura para ponerla en marcha en las 55 unidades territoriales -todas las provincias, además de Vigo, Algeciras y Gijón- y plantear un escenario real de actuación.
El objetivo es poner en marcha las acciones necesarias tendentes a la profundización en el conocimiento de la problemática delictiva existente en torno a los centros médicos y a los profesionales de la salud, ubicados en sus respectivas demarcaciones, para adoptar las medidas precisas, entre ellas la prevención y la formación, para incrementar la seguridad y reducir las agresiones.
En el encuentro entre la OMC y la Policía Nacional, ambas partes se han comprometido a implicar a todos los sectores: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a las Administraciones autonómicas, a diferentes colectivos de profesionales sanitarios y a los centros de asistencia sanitaria pública y privada.
Se trata de una iniciativa que establecerá un marco de actuación adecuado para reforzar las labores de prevención e investigación de la comisión de ilícitos penales a profesionales sanitarios en los centros médicos o con ocasión de su labor, con la finalidad de reducir la incidencia delictiva y mejorar la sensación de seguridad del personal que trabaja en los mismos.
En los últimos seis años, 2.914 médicos sufrieron agresiones (lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones) en el ejercicio de su profesión, según los datos registrados en el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC que recogen solo las denuncias en los Colegios de Médicos y que suponen la punta del iceberg de este problema.
El Protocolo deja claro que, ante la entidad de la problemática, se hace necesario impulsar una nueva respuesta policial, integral y transversal desde la Secretaría de Estado, que esté constituida por una actuación coordinada, así como la adopción de nuevas medidas que refuercen las ya existentes en un marco de actuación más amplio.
Tanto la OMC como la Policía Nacional han dejado claro que todas las acciones estarán encaminadas a evitar, en la medida de lo posible, estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar que hay que cuidad y utilizar de forma responsable.
