La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) ha criticado "no se ha ejecutado casi nada" del Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que "cumple ahora 10 años", por lo que le pide al Gobierno que impulse este plan que involucra a todas las administraciones, estatal, regionales, locales, además de otros estamentos y que contemplaba todos los temas que afectan al normal desarrollo de la persona y protege a este colectivo, en ocasiones, de "mayor vulnerabilidad" y en "riesgo de exclusión social"
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado este domingo, CEMUDIS hizo hincapié en que se trataba de «un ambicioso plan», puesto que «involucraba a todas las administraciones, estatal, regionales, locales, además de otros estamentos», y, «sobre todo, a las asociaciones de mujeres, a quienes se consideraba pieza clave del plan, no como objeto, sino como sujeto activo en su desarrollo, de forma que fueran las mujeres con discapacidad las impulsoras de la defensa de sus derechos».
En este sentido, el plan reflejaba que «se trata de una realidad que afecta a más de dos millones de mujeres», las cuales «se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y muchas de ellas en riesgo de exclusión social», aunque «todas comparten la posibilidad de padecer rechazo social, lo que produce graves lesiones en la autoestima de mujeres con discapacidad».
Por ello, el plan contemplaba todos los temas que afectan al normal desarrollo de la persona, y sobre los que había que actuar, analizando transversalmente la vida de las mujeres con discapacidad, y establecía como objetivo «promover la presencia, participación, liderazgo de las mujeres con discapacidad en la esfera política y social y en los procesos de toma de decisiones».
En este aspecto, CEMUDIS defendió que «si su desarrollo ha valido la pena o ha sido efectivo se valora en la medida que se objetivaba, numérica y cualitativamente», pero lamentó que «la realidad es que no se saben los resultados», ya que «las acciones, gestionadas por distintas administraciones, no se han coordinado y no se han cuantificado y los apoyos a dicho plan han sido exiguos tanto económicamente como políticamente».
Por todo ello, esta confederación demandó al Gobierno que se renueve el Plan de Acción de Mujer con Discapacidad, «sobre todo tras la crisis económica», porque «supuso un freno en el desarrollo de las mujeres con discapacidad» y es necesario impulsarlo para que «seamos verdaderos sujetos de nuestra vida, tomando nuestras decisiones».
Cerca de 3 millones de personas con discapacidad en España
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se puso en relieve la necesidad de adoptar medidas acordes con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde la Organización de las Naciones Unidas, este año se examinó el estado actual de la Convención como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así sentar las bases de un futuro inclusivo para las personas con discapacidad.
En España, y según los últimos datos reconocidos por el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), existen casi 3 millones de personas que “presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
En el Manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad elaborado por el CERMI se señala también que la accesibilidad universal «comporta la superación de todo tipo de barreras, independientemente de lo visibles que estas sean», y en este sentido añade que es «un bien social básico que ha de ser promovido y estar amparado y protegido por los poderes públicos, y respetado y desplegado por todos los operadores, agentes y particulares de la vida en comunidad».
Este documento hace hincapié en que «pese a los recordatorios, los continuos avisos y las denuncias reiteradas, estos años últimos, del tejido asociativo de las personas con discapacidad y sus familias, asistiremos el 4 de diciembre de 2017, límite legal para alcanzar el bien básico de la accesibilidad universal, a un fracaso colectivo como sociedad y como país, imputable especialmente a los poderes públicos, las administraciones, las autoridades y los agentes y operadores oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han permitido que la mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios sigan estando hoy negados o severamente dificultados por ausencia o graves deficiencias de accesibilidad a las mujeres y hombres con discapacidad».
Teniendo esto en cuenta, el manifiesto da cuenta de que «desde la discapacidad organizada se denunciará administrativamente y se demandará judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal» y «se exigirá la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes».
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