El Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, fijó ayer la cuantía de las subvenciones para el año 2018 a programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo, el Pleno acordó convocar una comisión técnica que se celebrará el próximo 18 de septiembre para fijar nuevos criterios de reparto
“En 2018 se repartirán 251.971.360 euros, 11,2 millones más que en 2017. De ellos, 49.282.767 euros corresponden al tramo estatal y 202.688.592 euros al tramo autonómico”, explicó la ministra que aseguró que estos fondos tendrán una aplicación finalista.
En el Pleno, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las Comunidades Autónomas han fijado un tramo estatal del 19,56% y un tramo autonómico del 80,44%.
Estas subvenciones tienen por objeto la realización de programas para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF a gestionar por las CC AA y ciudades con estatuto de autonomía. Irán destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad competencia de las CC AA y ciudades con estatuto de autonomía.
Los recursos adicionales que se han ingresado respecto al ejercicio anterior con cargo a la asignación tributaria destinados a las CC AA (10 millones de euros) se han distribuido con unos criterios orientados a lograr un reparto más equitativo.
“Hemos consolidado e incluso mejorado el reparto de ayudas del año pasado. El incremento de los fondos destinados a las autonomías se han repartido a través de unos criterios más equitativos y a través de un proceso realizado con transparencia”, indicó la ministra.
Se ponderaron siete criterios objetivos: población, índice Arope (riesgo de pobreza y/o exclusión social), superficie, población dependiente, dispersión, grandes urbes e insularidad. “Hemos introducido como novedad una nueva ponderación del índice Arope, dándole más peso, que permite medir el índice de pobreza de forma más amplia, y por ello, más justa”, ha señalado Carmen Montón.
Con el objetivo de mejorar el actual sistema de indicadores, establecer nuevos criterios y obtener un reparto más equitativo de cara al futuro, el Pleno ha convocado una comisión técnica que se celebrará el próximo 18 de septiembre para fijar nuevos criterios de reparto.
En la reunión de ayer también fueron aprobados los criterios de distribución y las cuantías resultantes de la misma a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la realización de distintos programas sociales consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
En cuanto a la distribución de la cuantía económica para los programas sociales consignados en los Presupuestos Generales del Estado, el Consejo Territorial ha acordado destinar un importe de 60.000.000 euros al programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, 40.000.000 euros a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, 412.500 euros para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano y una dotación de 75.000 euros que se destinará al Plan Estatal del Voluntariado.
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