Lunes, 16 Diciembre 2019

Observatorio contra las Agresiones a Sanitarios de la OMC

Los profesionales de la Medicina sufrieron 490 agresiones en 2018, el 59% de las mismas corresponden a médicas

Bajo el lema “Respetar al médico, cuidar de todos”, el lazo dorado como símbolo y el hashtag en redes sociales #StopAgresiones el Observatorio Nacional de Agresiones a Sanitarios de la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso en marcha hace nueve años, presentó los datos de violencia registrados en 2018 que ascienden a 490 casos, de los que el 59% corresponden a médicas

Madrid 31/07/2019 medicosypacientes.com / Ricardo M. Platel
Foto de familia del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario.

Las agresiones registradas suponen un descenso del 4,8%, respecto a 2017, cuando se produjeron 515, lo que revela una moderada disminución de estas conductas violentas y supone un ligero cambio de tendencia.  

La OMC, que agrupa a los 52 Colegios de Médicos de toda España, puso en marcha el este Observatorio a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el Centro de Salud de Moratalla (Murcia).

Los datos que se presentan anualmente desde 2010 emanan de las comunicaciones que los médicos y las médicas que han sufrido una agresión transmiten a sus respectivos Colegios.  Estas cifras permiten disponer de una hoja de ruta común y conocer a fondo el mapa de la agresión en sus múltiples formas (edad, sexo, especialidad, entorno asistencial, ámbito de ejercicio, características del agresor, efectos colaterales, escenarios jurídicos y respuestas desde tribunales) al disponer de una casuística cercana a los 4.000 casos. 

Este empeño por generar una necesaria cultura de la comunicación de la agresión ha convertido al Observatorio contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario de la OMC en un referente en la lucha contra las mismas, una herramienta modificadora de las políticas sanitarias, jurídicas y policiales y un ejemplo de trabajo responsable de los Colegios de Médicos de España por el derecho a un ejercicio profesional de calidad.

La OMC reitera que muchos casos de agresión tienen relación con situaciones como la masificación de consultas y de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera, el problema de recursos humanos y a la precariedad laboral de los profesionales y considera obligado que sean comunicadas por cualquier vía y no permanezcan impunes comportamientos y actitudes no tolerables en una relación médico-pacientes de calidad.

Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 3.919 agresiones que sufrieron los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los ocho últimos años, según los datos del Observatorio. De los casos de violencia que se contabilizaron, el 14% de ellos acabó con lesiones, el 35% fueron insultos y el 51% amenazas.  Estos episodios cercenan la confianza médico-paciente, incrementan el estrés laboral del médico y es una agresión tan grave como la física. 

La concienciación a los profesionales que trabajan en el entorno de los servicios de salud, la cooperación con las Administraciones públicas -Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Fiscal General del Estado, Fiscalías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado - y la sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra que requiere de la unidad de todos.

El Interlocutor Policial Sanitario: formación, prevención y servicio con ‘Alertcops’

Ante la entidad del problema, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha en 2017 una instrucción, que recogía la figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario. Una respuesta policial, integral y transversal para esta lacra, que está constituida por una actuación coordinada y la adopción de medidas que refuerzan la coordinación en un marco de actuación más amplio.

El pasado año la Policía Nacional realizó 1.377 reuniones en todo el territorio nacional con el objetivo de evitar las agresiones contra los profesionales sanitarios. También se organizaron 85 jornadas de prevención de agresiones mediante técnicas de contención verbal y escucha activa.

Desde su creación se ha realizado un censo de centros hospitalarios que han sido catalogados según su nivel de riesgo. Esta información se actualiza cada seis meses y permite conocer el catálogo de medidas preventivas que posee cada instalación para poder adoptar las medidas específicas oportunas. Además, Policía Nacional trabaja en el desarrollo de ALERTCOPS, una app que permitirá al médico alertar de una situación de conflicto en la consulta y recibir una respuesta más rápida por parte de los agentes.

La entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, ha sido otro de los logros importantes en la lucha contra este problema. Ahora es necesario que esto se extienda a los profesionales que trabajan en la sanidad privada, sector en el que en 2018 se han producido el 15% de las agresiones registradas a través de los colegios de médicos.

Desde el Observatorio Nacional de Agresiones a Sanitarios de la OMC se sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito público como en el privado y para que sean penadas con los mismos criterios en todas las CC.AA.

El hecho de que ya se hayan fallado sentencias sobre agresiones en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal, responsabilizando a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención, es otro paso importante para luchar contra la violencia en el ámbito sanitario.

Las acciones del Observatorio están encaminadas, en primer lugar, a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar que hay que cuidad y utilizar de forma responsable.  También ha motivado la puesta en marcha de medidas preventivas, como la instauración del ‘botón antipánico’, y personal de seguridad en los centros sanitarios, tanto hospitales como centros de salud.

En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, los doctores, Serafín Romero y José María Rodríguez Vicente, presidente y secretario general de la OMC, respectivamente, y José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones, hicieron públicos estos datos. 

Además, ofrecieron sus testimonios el Dr. Francisco José Benítez, médico de AP de Cádiz, como agredido, y Emilio Fernández, viudo de la Dra. María Eugenia Moreno, que ha expuesto el desamparo legal en el que se ha encontrado.

También estuvieron acompañados por Javier Galván, Interlocutor Policial Nacional Sanitario de la Policía Nacional; Jesús Borjas, Interlocutor Policial Nacional Sanitario de la Guardia Civil y la vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Concepción Gamarra, en representación de la Policía Local.  También representantes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ministerio de Interior y de los Consejos Generales de Enfermería, Farmacia Podólogos.

En el 61% de los casos se ha presentado denuncia tras la agresión 

Los datos de violencia registrados en 2018 ascienden a 490 casos frente a los 515 del año anterior, lo que supone un descenso del 4,8%. Según los datos del Observatorio, en el 61% de los casos se presentó denuncia tras la agresión.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Andalucía (124), Madrid (85), Cataluña (61) y aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Melilla, Extremadura, Cantabria y Andalucía.

Del estudio, se desprendió un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 59% de los profesionales agredidos son mujeres, el porcentaje más alto de toda la década (lo que supone un 7% más que año pasado) y el 41% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, siguió siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 85% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 15%, lo que supuso el porcentaje más alto hasta la fecha.

Y, sobre el ámbito donde se produjo la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (52%), frente a la Hospitalaria (23%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 14% y un 11% cada una de ellas. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de consultas realizadas al año, el área donde fueron más frecuentes las agresiones es en Urgencias Hospitalarias, alcanzando las 2,50 agresiones por cada millón de consultas

De los agresores, el 70% son pacientes (el 40% son pacientes programados, el 30% pacientes no programados, el 2% pacientes desplazados) y el 28% acompañantes.  

En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 46,1% se produjeron por discrepancias en la atención médica; el 11,4% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 10,3% en relación a la incapacidad laboral; el 9,2% por discrepancias personales; el 6,1% por el mal funcionamiento del centro y el 5,8% por informes no acordes a sus exigencias. 

Del total de agresiones, en el 14% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 40% fueron físicas y el 60%, psíquicas y el 17% conllevaron baja laboral, cifra superior al 12% del año anterior.

Respecto a las resoluciones judiciales, hubo 93 sentencias sobre agresiones, de las que el 64% fueron consideradas como delito leve y el 36% delito menos leve. El 75,3% fueron condenatorias, el 17,2% absolutorias y hubo acuerdo en el 7,5%. Según el tipo de condena, el 46,3% fueron multas, el 20,6% acarrearon privación de libertad, el 14,7% supusieron privación de derechos e inhabilitación y el 4,4% exigieron medidas de seguridad.