Los Dres. Fernando Lamata y Manuel Silva han sido los ponentes de la quinta mesa del VII Congreso de Deontología Médica, que ha acogido durante dos fines de semana el Colegio de Médicos de Toledo. Un debate que ha girado en torno a “La justicia distributiva y la deontología en el acceso justo a las vacunas y medicamentos para el SARS-CoV-2”
El debate fue moderado por el Dr. Roberto Sabrido, responsable de Formación de la Fundación Colegio de Médicos de Toledo Dr. Atanasio Ballestero, quien tras saludar a los asistentes, especialmente al centenar aproximado de Latinoamérica y de Portugal, resaltó que la actual pandemia del SARS-CoV2, “o mejor dicho la sindemia en la que nos encontramos” está haciendo aflorar con mayor crudeza graves problemas que ya teníamos y dejan al descubierto las enormes desigualdades en el acceso a los medicamentos, en este caso a las vacunas, de los ciudadanos del mundo dependiendo del nivel económico de sus países.
Una situación que, según el Dr. Sabrido, contraviene los tratados internacionales de derechos de los ciudadanos y se oponen a la deontología médica. Por eso, concluyó, es necesario analizar que se puede y que se debe hacer desde la profesión médica para paliar estas desigualdades.
El mapa de la vergüenza
Seguidamente, Fernando Lamata, especialista en Psiquiatría y presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, repasó las consideraciones éticas y deontológicas que hacen de la salud y la atención sanitaria derechos fundamentales de la ciudadanía y, por tanto, que obligan a facilitar el acceso justo a las vacunas y a los medicamentos para todos, sin exclusiones, y especialmente, en situaciones como la que estamos viviendo.
Así y tras describir que, a pesar de las dificultades, en España, en Europa y en otras zonas “ricas” del mundo el plan de vacunación posibilita un acceso equitativo a la inmunización, “a nivel global” se vislumbran de nuevo las grandes desigualdades que dibujan “el mapa de la vergüenza” entre países ricos y pobres porque las empresas que tienen las patentes abusan de su monopolio imponiendo cómo, dónde y cuánto producen y estableciendo, además, precios altos. Y todo ello, incidió Lamata, a pesar de que la investigación de las vacunas ha salido adelante mayoritariamente con fondos públicos.
En este sentido, el Dr. Lamata subrayó que “ante la catástrofe de la Covid-19, hay razones éticas y legales para suspender las patentes de vacunas para el SARS-CoV-2 y aumentar su producción a costes bajos con el objetivo de llegar a más personas, y parece que una forma de hacerlo sería mediante la presión de la opinión pública y la profesión médica” porque, añadió el mecanismo COVAX, diseñado por las propias empresas, para que esos países con menores ingresos reciban las migajas de la solidaridad de los más ricos “resulta totalmente insuficiente”.
“Es preciso cambiar el sistema”, volver a considerar el medicamento como “un bien común” y “para lograrlo debe haber una mayoría de médicos que apoyen el cambio activamente”, señaló Lamata, quien propuso la creación de un Fondo Global para financiar la investigación; Investigación abierta y cooperativa; una Plataforma pública para desarrollo de medicamentos, reservando la propiedad intelectual pública y con licencias abiertas; Fabricación en todo el planeta y a precios de coste.
“Con el mismo gasto que van a hacer este año los países ricos en vacunas, cubrimos 100% de vacunas en todo el mundo. Y sobra mucho dinero. Si no se cambia el modelo las empresas van a seguir aumentando los precios 10 y 100 veces más”, concluyó.
Obligación deontológica de luchar contra los determinantes sociales de la pandemia
Por su parte, el Dr. Manuel Silva, especialista en Medicina Interna, coincidió con el análisis de su compañero ponente y recordó los valores de la profesión médica que deben ser “unánimes en la defensa de la salud de las personas como la principal preocupación del médico a la vez que reclamó a los gobiernos priorizar las políticas de salud en beneficio de la mayoría.
“La ética médica debe ser flexible y adaptarse a la evolución del conocimiento y de la medicina, pero debe mantener sus principios básicos y no puede ser banalizada o invadida por conceptos político-económicos discriminatorios”, sentenciaba.
“Aceptar que puede haber una ética en salud basada en intereses comerciales es admitir la exclusión de amplios estratos de la sociedad y condenar a los más pobres a una eutanasia financiera. No hay ética en el racionamiento discriminatorio en el acceso a la vacunación” manifestó el exdirigente sanitario portugués.
Por lo tanto, apostilló el Dr. Silva, “es una obligación deontológica de los médicos luchar contra los determinantes sociales de la pandemia COVID-19”, cuya mayor incidencia se da entre los más desfavorecidos porque el retraso de la vacunación contraviene los derechos humanos, supone una sentencia de muerte para muchos y un riesgo para todos.
“Ante la catástrofe humanitaria, social y económica mundial provocada por la pandemia COVID-19, que ya ha cobrado la vida de más de tres millones de personas, es indiscutible que existen suficientes razones éticas y mecanismos legales para suspender las patentes de vacunas contra el SARS-Cov2, aumentar la producción de vacunas a precios más bajos y vacunar rápidamente al 70% de la población mundial, con el fin de lograr la inmunidad grupal y permitir la vuelta a la normalidad”.
Concluyó apelando a las declaraciones de la ONU en esta crisis sanitaria en cuanto a la protección de los derechos humanos y se preguntó si “nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”, como indica el lema de la OMS desde el comienzo de la pandemia ¿por qué la suspensión de las patentes no se implementa de inmediato?
En cuanto a los participantes, la Dra. Karina Villar, especialista en Salud Pública, vicepresidenta y médico y asesora voluntaria de la Alianza VHL, mostró su inquietud respecto a la ética de que las vacunas se prescriban masivamente con datos de seguridad limitados y apeló a que los gobiernos impulsaran la transparencia, con tecnología tradicional y fomentando la investigación pública.
Por su parte, la Dra. Suyapa María Figueroa, médico Internista y presidenta del Colegio de Médicos de Honduras, hizo un llamamiento a que los gobiernos consideren el nivel de pobreza de los estados y procuren la vacunación masiva teniendo en cuenta los problemas de conservación por las condiciones orográficas y de transporte que dificultan el acceso a estos medicamentos. Y defendió que como médicos y representantes de organizaciones de médicos “hagamos llegar nuestra voz a los organismos internacionales para que se paralicen las patentes”.
Un argumento que también sostuvo el Dr. Leonel Argüello, especialista en Salud Pública y presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, que afirmaba que “siempre hablamos de la ética de los médicos” y se preguntó “qué pasa con la ética de los políticos que discriminan por cuestiones ideológicas” y apostó por la equidad en el acceso a los medicamentos y vacunas y por reducir sus costes abusivos minimizando, por ejemplo, los gastos de envasado.
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