Desde la Federación Española de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional, IFMSA-Spain; l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, AECS; el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, CEEM; y el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya, CEMCAT, muestran su rechazo al reciente acuerdo del Gobierno Central con la patronal de la farmaindustria, que garantiza un nivel de gasto público anual constante en fármacos registrados por las empresas implicadas, disminuyendo así el consumo de medicamentos genéricos
Si bien en dicho acuerdo se explicita que “se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen, el Gobierno está obligando a las Comunidades Autónomas (CCAA) del Estado a formar parte del mismo”. Todas las CCAA deben cumplir el requisito indispensable de adscribirse al convenio anteriormente mencionado para poder acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Esta medida implica que los Sistemas de Salud autonómicos se vean obligados a reducir la prescripción de medicamentos genéricos para acceder a las ayudas económicas estatales, que aseguran el mantenimiento de los servicios públicos en situaciones de necesidad. La falta de presupuesto para dichos servicios pondría en jaque la salud de la población. El gasto público queda de esta forma supeditado al interés de ciertas empresas y no a las necesidades de la población general.
Por otro lado, es el personal sanitario quien debe elegir qué fármaco, de marca o genérico, se ha de recetar a cada paciente en pro de su beneficio y según las características tanto del paciente como del medicamento. Los estudiantes señalan que “debemos alejarnos de una Medicina influenciada por los intereses económicos y lucrativos que haya detrás y conseguir una sanidad completamente ética y transparente”.
Además, “los medicamentos no genéricos tienen, a veces, precios estratosféricos en ningún caso justificados por los costes de investigación, ni siquiera teniendo en cuenta el gastado argumento de las pérdidas que suponen los fármacos que no llegan a salir al mercado”. Inciden en que “tenemos la certeza de que su imposición inapelable supondrá un aumento de los gastos sanitarios para un mismo tratamiento que en ningún caso se verá compensado por una mayor efectividad de los mismos, ya que sus homólogos genéricos se caracterizan justamente por ser bioequivalentes, es decir, con efectos y seguridad esencialmente idénticas”.
Asimismo, subrayan que “este innecesario desembolso acabará por empobrecer a los Sistemas Sanitarios de las CCAA ya sea de manera directa, por el sobrecoste de los fármacos registrados frente a genéricos, o indirecta, ya que incumplir el acuerdo conlleva una sanción económica cuya beneficiaria no sería otra que la propia industria farmacéutica. Así pues, esta medida supone una barrera para la entrada al mercado de los medicamentos genéricos, desincentivando su producción y dificultando enormemente el acceso a los fármacos. En definitiva, se trata de un ataque frontal a la salud de la población. En nuestras asociaciones promovemos una relación ética y transparente entre la comunidad médica y la industria farmacéutica a través de diferentes acciones, como el movimiento Farmacriticxs de IFMSA-Spain y posicionamientos, charlas y actividades de CEEM, AECS y CEMCAT. Nuestros objetivos son, entre otros, concienciar sobre la relación de la comunidad médica con la farmaindustria y la limitación al acceso a medicamentos que conlleva el funcionamiento actual de dicha industria, así como del grave riesgo que genera la existencia de intereses económicos dentro de la misma para la población mundial y la salud individual de cada persona”
Por último, concluyen, “desde CEEM, IFMSA-Spain, AECS y CEMCAT consideramos que el espíritu crítico que caracteriza a nuestras entidades y al conjunto de estudiantes de Ciencias de la Salud, como futuros miembros de la comunidad médica, nos lleva a posicionarnos en contra de esta injusta medida y, por consiguiente, a seguir luchando por una sanidad pública, universal y de calidad con una gestión que responda a los valores e intereses generales de la población, nunca al servicio de intereses privados. Con todo ello, instamos a eliminar la medida propuesta por el Gobierno, quitando así el requisito del FLA la firma de un acuerdo entre las CCAA y Farmaindustria, que obliga a favorecer el gasto en medicamentos de marca”.
