El Auditorio del Colegio de Médicos de Badajoz (icomBA) ha acogido este miércoles 17 de noviembre una nueva sesión de la Jornada de Medicina Legal y Asistencial, dedicadas a la asistencia al detenido y al paciente privado de libertad
El encuentro, al que han asistido números agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Badajoz, además de seguirse en otros colegios de médicos de España a través de medios telemáticos, partía con el objetivo de despejar las dudas y abordar los conflictos que se producen tanto en médicos como en agentes de fuerzas de seguridad a la hora de atender a los pacientes detenidos, desde el mismo momento de su detención hasta su posterior puesta disposición judicial. En la jornada, en la que se han expuesto diferentes casos prácticos, han intervenido el letrado Héctor Galache, miembro de la Asesoría Jurídica del icomBA, la Dra. María Victoria Pita, médico del Centro Penitenciario de Badajoz, y la Dra. Nuria Cobos, médico de la UME 112 de Zafra.
En su presentación, el presidente del icomBA, el Dr. Pedro Hidalgo, ha destacado la trascendencia de estas jornadas para determinar la praxis asistencial en este tipo de situaciones. En especial, ha agradecido a la Delegación del Gobierno en Extremadura las facilidades para que miembros de las fuerzas y seguridad de Estado en la región participasen de un grupo de trabajo, con integrado también por médicos y letrados, que ha actualizado el documento ‘Reconocimiento y asistencia médica al detenido’, elaborada hace uno años por el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura. Esta edición revisada incluye contenidos como el marco legal y normativo, el consentimiento informado del detenido, las medidas de seguridad, el informe clínico y el parte de lesiones, entre otras materias relacionadas con este tipo de asistencia.
Junto a ello, el Dr. Hidalgo ha puntualizado que estas jornadas cobran importancia por la necesaria cooperación entre médicos y fuerzas de seguridad para la mejor actuación de ambas profesiones a la hora de intervenir en este tipo de situaciones. Al mismo tiempo, ha subrayado el compromiso y espíritu de colaboración que de ambas profesiones para solventar las dudas que se generan de forma cotidiana cuando se atiende a una persona detenida.
De esta forma, los ponentes han abordado situaciones reales, como la llegada a un centro de salud para consultar si un detenido, acompañado de agentes de las fuerzas de seguridad, puede ser atendido, situación que los ponentes han dejado claro que la legislación vigente obliga a esa atención. Junto a ello, se ha analizado el reconocimiento médico de un detenido menor de edad, situación que suele generar dudas, y donde se ha dejado claro que el reconocimiento debe ser consentido y contar con la autorización de sus tutores.
También se ha analizado el caso de la asistencia solicitada por el detenido denunciando maltrato por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, una situación en la que hay que intervienen conceptos como el de intimidad y confidencialidad. Unos casos donde el médico puede pedir la presencia de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nunca un profesional perteneciente a una empresa de seguridad privada, ante el posible peligro y situación de conflicto que pueda interpretar el profesional médico. En este mismo sentido, se ha planteado la situación de detenidos esposados, donde son los agentes los que deben determinar si es necesario que el paciente se mantenga esposado ante el perfil de peligrosidad que presente el individuo. En todo caso, durante el reconocimiento médico, los agentes de seguridad del Estado no pueden intervenir ni interrumpir al médico durante su exploración.
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