La Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas presentó en el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), celebrado en Madrid este fin de semana, un balance sobre la situación actual y la actividad desarrollada este año por esta vocalía en la que destaca su labor y los pasos dados en pro a la colegiación obligatoria
La Dra. Sonsoles Castro, Representante Nacional de la Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas del CGCOM, fue la encargada de presentar este informe, en el que aludió, en primer lugar, a que esta vocalía representa a todos los médicos que prestan sus servicios profesionales por cuenta ajena en entidades, instituciones o administraciones públicas y que no dependen directamente del sistema público de prestación de servicios sanitarios.
Puso de manifiesto las inquietudes de esta Vocalía en cuanto a los riesgos de salud de los trabajadores del ámbito asistencial de la sanidad, un tema que cada vez cobra mayor relevancia, ante el creciente y generalizado interés en mejorar la calidad de vida en el trabajo diario de los médicos. A juicio de esta Vocalía, es necesario identificar los factores que inciden en los accidentes laborales y los que causan enfermedades profesionales, con el objetivo de tomar medidas preventivas que salvaguarden la salud de los profesionales.
Asimismo, la Dra. Sonsoles Castro recordó que uno de los objetivos de la coordinación de esta vocalía es insistir en la importancia de la colegiación obligatoria, especialmente, en su ámbito de actuación como son los profesores de universidad, investigadores de Institutos de Investigación Biomédica, médicos forenses y médicos inspectores.
Insistió en la obligatoriedad sea cual sea el puesto de trabajo, como bien reconocen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y recordó que es en el seno de esta Vocalía donde se registra la mayor parte de médicos que actualmente no están colegiados.
Se informó, por otra parte, de las consultas realizadas por la Representante Nacional sobre el tema de la doble cotización realizada por los médicos pertenecientes al colectivo de APDs, y de la cobertura sanitaria, incluido el tipo de recetas, a la que tendrán derecho cuándo se jubilen. Este colectivo considera injusto que “habiendo cotizado al Régimen General de Seguridad Social y al de Clases Pasivas del Estado, al alcanzar el periodo de jubilación, se vean obligados a seguir abonando un porcentaje de los medicamentos que pudieran necesitar, si no se les reconoce de alguna manera la cotización realizada al RGSS”.
Sobre la actividad desarrollada por esta Vocalía destaca su solicitud de informe por la Comisión Central de Deontología sobre el “Protocolo para la Aplicación de Sujeción Mecánica por motivos regimentales”, su participación en la difusión del Plan de Eliminación de la Hepatitis C de Cantabria, en la reunión de las asociaciones de Médicos Forenses con el Ministerio de Justicia, o en la consulta pública sobre la propuesta del Real Decreto por el que se establece el modo de acceso al título de médico/a especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia.
Asimismo, también ha sido partícipe de reuniones de Representantes Nacionales con la Comisión Permanente, así como ha colaborado en la 6ª Encuesta sobre la situación de la Profesión Médica en España del CGCOM, y en el Estudio sobre Esperanza de vida de la Profesión Médica del CGCOM.
En 2019 esta Vocalía ha celebrado un total de 4 Asambleas y ha desarrollado su labor mediante los Grupos de trabajo de Carrera Profesional, Sanidad penitenciaria, Universidad y Censo. Una de las Asambleas se dedicó a la Jornada de Responsabilidad Profesional del Médico, que se celebró el día 22 de noviembre y fue seguida con mucho interés por los asistentes, por la calidad de los ponentes, el interés del tema y la inquietud que suscitan en muchos profesionales las cuestiones relacionadas con la buena praxis médica.
Respecto a la Sanidad Penitenciaria recordó que depende del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pese a que la Ley de Cohesión y Calidad en su disposición adicional sexta ordena la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes de las Comunidades Autónomas, un mandato ya contemplado en la Ley General de Sanidad en 1986. Y aboga por el cumplimiento de la ley, para que se haga efectiva esta incorporación en los Sistemas Públicos de Salud de las respectivas comunidades, como ya sucede en Cataluña y el País Vasco.
Otro de los temas de los que se ha ocupado la Vocalía, como aseguró, ha sido el de la implantación de la carrera profesional para todos los médicos funcionarios dependientes de otros Ministerios que no son el de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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