El presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Dr. José Quiñonero, afirmó que “si queremos eliminar la hepatitis C es necesario hacer una búsqueda activa de casos en los centros penitenciarios y tratar a los pacientes”
El Dr. Quiñonero hizo estas declaraciones durante la presentación de la XII edición del Congreso Nacional de la SESP, que se celebra en Cartagena y en el que se quiere dar a conocer a la sociedad el trabajo que realizan los profesionales sanitarios en las prisiones españolas.
Entre los temas que se abordaron destacaron las enfermedades infecciosas más prevalentes en el medio penitenciario, como el VIH o las hepatitis B y C. En la actualidad, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, la población penitenciaria es uno de los grupos prioritarios en España. Según los datos aportados por el presidente de la SESP, a finales de 2017 se habían tratado alrededor de 2.360 pacientes afectados con hepatitis C en los centros dependientes de la Administración General del Estado, pero aún quedan muchos pacientes por diagnosticar.
Este experto aseguró que “si queremos eliminar la hepatitis C es necesario hacer una búsqueda activa de casos en los centros penitenciarios y tratar a los pacientes. Los centros penitenciarios son focos primarios de pacientes con hepatitis C. Es cierto que la prevalencia de estas enfermedades ha descendido de forma sostenida en los últimos años gracias a los programas de prevención y al tratamiento”.
Sin embargo, “con el sistema actual de detección de anticuerpos para el VIH, VHB y VHC en las personas que ingresan en prisión, dejamos de detectar un número importante de personas que podrían estar infectadas, sobre todo en centros de preventivos donde el número de presos que entran diariamente es importante y su estancia puede ser muy corta”, añadió.
En este sentido, subrayó las ventajas de la implementación de test rápidos como posible solución para los afectados con esta patología. “Diagnosticar en un solo paso y poder tener acceso a los nuevos fármacos pangenotípicos, seguros y con una eficacia superior al 95%, acortaría la demora de inicio del tratamiento e impediría que pacientes diagnosticados salieran en libertad sin ser tratados”, manifestó.
Además, el Dr. Quiñonero señaló que “la salud de la población reclusa compete a las consejerías de Sanidad; de no ser así, en un periodo corto de tiempo la asistencia sanitaria en prisiones será inviable tal como la entendemos hoy”.
