La Reina preside la presentación del Informe sobre el “Tratamiento informativo de las personas con discapacidad”

 

La apertura de la Jornada corrió a cargo del presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendín; la presidenta de FAPE, Elsa González, y la presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (FCPV), Almudena Marorell; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien clausuró la inauguración.

 

Como anfitrión de la Jornada, el presidente de la OMC,  expresó su agradecimiento a la FAPE y la FCPV por presentar en “nuestra sede, la casa de los médicos y de los pacientes”, el informe sobre el “Tratamiento informativo de la discapacidad”, un documento, que a su juicio, “será de gran interés y utilidad para los medios” y para las personas afectadas por alguna discapacidad, colectivo que en España alcanza la cifra de cuatro millones y que “precisa –dijo- no solo comprensión, sino hechos concretos para disfrutar de las mismas condiciones de igualdad que el resto”.

 

Una Igualdad que, para el Dr. Rodríguez Sendín no tienen los afectados por la talidomida de España, que “son tratados de forma discriminatoria con respecto a los europeos”. Tras señalar que “para algunos la salud es un solo negocio”, dijo que un ejemplo de abandono, son los afectados por la talidomida que siguen luchando para que se les reconozca su problema y añadió que “es injusto que nuestros compatriotas sean discriminados con respecto a los europeos. Es un problema de dignidad del país que no podemos, ni debemos permitir”.

 

Recordó que la multinacional farmacéutica Grunenthal “sigue sin indemnizar y nuestros políticos siguen sin responder”, y se preguntó “cómo es posible que los españoles hayamos permitido y sigamos permitiendo esta situación”. “Si fuera una farmacéutica española la que hubiera provocado malformaciones, es impensable que fuera tolerado en otros países de nuestro entorno”.  Por ello, apeló a la sensibilidad de la Presidenta de la Comunidad de Madrid para que establezca en su orden de prioridades este problema y ayude a este colectivo.  

 

El Dr. Rodríguez Sendín calificó a los medios de comunicación como “aliados de los médicos y de los pacientes para abrir debates públicos, ante injusticias y abusos o situaciones de riesgo vital para la salud de la población”. “Necesitamos –añadió- un periodismo ético y fiable para informar, desde el rigor, a la población y desmontar así engaños y falsas promesas que se aprovechan de la desesperación de la gente”. 

 

Para la presidenta de la FAPE, Elsa González, los medios de comunicación tienen una capacidad de difusión y de penetración en la opinión pública que los convierte en servicio público. “Tenemos una obligación con la sociedad para trasladar verdad y rigor con ética”, puntualizó.

 

Ese compromiso de comunicar en la diversidad y mejorar la proyección social de las personas con discapacidad ha sido asumido por FAPE a través de la labor de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo y del Informe elaborado por este organismo, tal y como manifestó su presidenta. “Debemos ser conscientes de nuestra capacidad de fomentar y normalizar esa relación y hacerla visible sin sensacionalismo”, aseguró.

 

Por ello, este foro constituye –para la presidenta de FAPE- “una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los periodistas en su labor de divulgación y formación de una sociedad inclusiva, respetuosa, humana y activa en la convivencia”.

 

Por su parte, la presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (FCPV), Almudena Marorell, puso de manifiesto que la discapacidad no radica sólo en la persona sino en la mirada con la que la sociedad mire a esa persona. “Los ojos con los que miremos a una persona con discapacidad pueden hacer de palanca para impulsar o pueden crear barreras”, afirmó.

 

Para la presidenta de la Fundación, los medios de comunicación y la celebración de jornadas como ésta juegan un papel crucial en esa mirada, ya que impulsan la participación de las personas con discapacidad y favorecen su inclusión. “El mundo sería un lugar más rico si se contara con la participación de todas las personas”, manifestó.

 

En la misma línea, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, animó a todos a “romper clichés que no responden a la realidad de la discapacidad” porque “vivimos en una sociedad abierta, que se enriquece en la medida en la que se sabe integrar su diversidad”.

 

Para ello, “no hay que agrandar con el lenguaje diferencias que en realidad, no son más que muestras de diversidad”, aseguró la Presidenta. “No hay que poner más obstáculos y barreras a los que tienen ya muchas que superar” y no negar a nadie “el derecho que todos tenemos que demostrar de lo que somos capaces”, afirmó.

 

La Presidenta recogió el guante lanzado por el presidente de la OMC sobre las víctimas de la talidomida y adquirió “ante todos el compromiso de trabajar en esa línea”.

 

El informe “Tratamiento Informativo de las Personas con Discapacidad” supone para Cristina Cifuentes un paso más en el objetivo de eliminar estereotipos, y así avanzar hacia una imagen pública más real de las personas con discapacidad”. Un objetivo –añadió- que “no supone un acto de generosidad por nuestra parte sino un acto de estricta justicia al que estamos obligados tanto las Administraciones públicas como la sociedad civil”. 

 

“La plena inclusión de este colectivo es una labor de todos” y en esta tarea el papel que juegan los medios de comunicación es de vital importancia, “dado su enorme potencial como vehículos de integración social”, concluyó.

 

Con posterioridad al acto inaugural, fue presentado el Informe sobre el Tratamiento Informativo de las personas con discapacidad” por Rafael de Mendizábal, presidente de la Comisión Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, y por Carmen Guaita, vocal de dicha Comisión. (Nota adjunta)

 

 

Informar con rigor y aumentar la presencia de las personas con discapacidad en los medios para conseguir una mayor visibilidad; evitar la magnificación, la caricaturización, los eufemismos y  las visiones paternalistas y ofrecer un enfoque desde los derechos humanos, mostrando al colectivo tal y cómo es y lo que éste necesita, son las claves para un correcto tratamiento informativo de la discapacidad, según lo expuesto en la primera mesa redonda celebrada en el ámbito de la Jornada sobre “El tratamiento informativo de la discapacidad”.

 

La mesa estuvo moderada por José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, y en ella participaron Javier Hernández, periodista deportivo, presidente de la Asociación de los Pies a la Cabeza; Enhamed Enhamed, nadador paralímpico; Miguel Ángel Verdugo, Catedrático de Psicología de la Discapacidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y Ana Gómez Quintana, periodista de sociedad de Servimedia.

 

José Manuel González Huesa hizo alusión a los orígenes de Servimedia, agencia de noticias que se creó, hace 30 años, con el doble objetivo de informar sobre temas sociales e integrar en su redacción a personas con discapacidad. Actualmente, trabajan 45 periodistas de los 100 que tienen empleo en medios, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que existen 35.000 periodistas con discapacidad.  Tras recordar que en la Constitución Española aún figura que las personas con discapacidad son disminuidos, abogó por reformar este punto y que los medios contraten más periodistas con discapacidad.

 

El periodista deportivo y presidente de la asociación “De los Pies a la Cabeza”, Javier Hernández pidió a los periodistas rigor y a los medios más presencia de personas con discapacidad para tener mayor visibilidad. “El periodista mira la discapacidad igual que lo hace la sociedad: muchas veces retirando la vista y otras magnificándola o caricaturizándola. En eso el periodismo tiene mucho que aprender, porque se trata de dejar de mirarnos y empezar a vernos”, dijo.

 

Enhamed Enhamed, nadador paralímpico, reconoció, sin embargo, que hay muchos profesionales de la información que quieren dar más, hablar más sobre la discapacidad, pero no saben cómo hacerlo, por dónde empezar. Para Enhamed, la dificultad para avanzar en este terreno se centra en tres aspectos: que la sociedad vea a las personas con discapacidad en los medios y las vea normalizadas, que las propias organizaciones implicadas con la discapacidad (Comité Paralímpico, ONCE, etcétera) estén presentes en esos medios, y que a la hora de informar se olvide el victimismo porque “la sobreprotección anula a las personas”. 

 

El catedrático de Psicología de la Discapacidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, insistió a lo largo de su intervención en la importancia del uso correcto del lenguaje. “Su mala utilización –afirmó-, puede crear barreras de comprensión y estereotipos” y ha añadido que el termino discapacitado es un eufemismo, un manejo inadecuado de la lengua, lo mismo que ocurre cuando se habla de ‘capacidades diferentes’ o ‘diversidad funcional’, que es como no decir nada”.

 

Desde su experiencia como periodista en Servimedia, Ana Gómez Quintana corroboró que la gran mayoría de los medios, y sobre todo los generalistas, hablan pocas veces de discapacidad y cuando lo hacen, lo abordan de forma superficial y desde el desconocimiento. “Predominan las noticias que nos presentan como víctimas y con una visión paternalista. Se echa de menos una cobertura con un enfoque de derechos humanos, que muestre lo que es y lo que necesita este colectivo”.

 

 

La segunda mesa redonda, bajo el título de “Problemáticas asociadas y ocultas de la discapacidad intelectual: violencia, abuso, explotación y delitos de odio”, fue moderada por Antonio San José, director general del canal “Non Stop People” de Movistar, quien subrayó que “el periodismo tiene el deber fundamental de hacer visible y desvelar aquellas parcelas de la sociedad que están en la sombra” y que “los medios tienen como sentido último crear una conciencia social con responsabilidad, ética y deontología profesional”. Insitió en que es importante “huir del sensacionalismo y de los titulares escandalosos, cuando las personas con discapacidad intelectual son un colectivo tan vulnerable”, con datos que indican que entre un 60% y un 80% por ciento de personas con discapacidad intelectual serán víctimas de maltrato o abuso a lo largo de su vida.

Jorge Jiménez de Cisneros, director general de Discapacidad de la Comunidad de Madrid, reiteró la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de adaptarse a la nueva realidad con un lenguaje determinado que “elimine barreras y estigmas” y puso de manifiesto que “las personas con discapacidad tienen una posibilidad de sufrir un abuso de tres a diez veces superior que una persona sin discapacidad”. Como muestra de la labor que realiza la Comunidad de Madrid para combatir esta problemática, aludió al proyecto PREDEA, un sistema que detecta y deriva a especialistas los distintos casos de abuso.

 

Por su parte, Alberto Alemany, psicólogo y director de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la FCPV, informó de la labor de esta unidad que centra su actividad en tres áreas: la investigación para que el acceso a la justicia se haga en condiciones de igualdad; la sensibilización ante la problemática, y la intervención con las víctimas y sus familias para recuperarse del daño. En su intervención, denunció que “las personas con discapacidad intelectual no tienen visibilidad en los medios de comunicación”, lo que, en su opinión, genera una “herida importante en el narcisismo de la persona con discapacidad intelectual”. En cuanto a datos concretos, señaló que la UAVDI atiende en la actualidad once casos mensuales, una cifra que hace ver que la “normalización” de la situación, a la hora de denunciar estos hechos, avanza positivamente, aunque les ha pedido ayuda a los medios de comunicación en este aspecto.

 

Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Foro “Justicia y Discapacidad”, del Consejo General del Poder Judicial, expuso que “las principales y verdaderas barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad para acceder a la Justicia y a los colectivos jurídicos son la incomprensión y la falta de proporcionarles información accesible y comprensible para que puedan ejercer sus derechos” e insistió en que “el derecho penal tiene que dar una protección reforzada a colectivos vulnerables y multi-vulnerables por poseer condiciones de vulnerabilidad de distinta índole”.

 

Finalmente, José Luis González Álvarez, psicólogo, comandante y miembro del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, explicó que “para las Fuerzas de Seguridad es un problema atender a colectivos vulnerables y, especialmente, a las personas con discapacidad intelectual”, por las peculiaridad que presentan y abogó por continuar en la labor de formación de los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en este tema.