El anteproyecto de Ley para la protección Integral de la Infancia y Adolescencia se presentará al Consejo de Ministros del 28 de diciembre. Una Ley que incluirá el deber de cualquier persona de comunicar indicios de delito, garantizando la confidencialidad y el anonimato; el diseño de protocolos contra la violencia de obligado cumplimiento para los centros educativos, así como protocolos y otras medidas en el ámbito sanitario, de los servicios sociales o en el deportivo
Así lo anunció la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Maria Luisa Carcedo, en el Foro de Nueva Economía celebrado ayer, en el que desgranó las principales iniciativas que está poniendo en marcha su departamento y que tienen como eje central la “lucha contra la desigualdad, uno de los principales problemas de nuestro país”, así como la decidida apuesta del Gobierno de “invertir en políticas sociales y sanitarias” porque eso es “económica y socialmente, beneficioso para la sociedad”. “Es el momento -añadió- de consolidar definitivamente un sistema de protección que garantice la igualdad de oportunidades”.
Dr. Pedro Sabando presentó a María Luisa Carcedo, una “persona de valores”
El Dr. Pedro Sabando, que fue subsecretario con Ernest Lluch y con el que sentó las bases del modelo de Sistema Nacional de Salud, fue el encargado de presentar a María Luisa Carcedo a la que definió como “una persona de valores”, exponiendo un perfil desde sus orígenes asturianos, de padre minero y defensor de los derechos sociales, así como su trayectoria profesional basada en “su pasión por la Medicina y por la política”.
Un desayuno al que asistieron el Defensor del Pueblo, Francisco Fdez. Marugan; el delegado del Gobierno en Madrid, Jose Manuel Rodriguez Uribes; el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Angel Oliver; la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima, y el Secretario General de Sanidad, Faustino Blanco, entre otras autoridades.
El acto contó con una gran representación del sector sanitario. Por parte de la profesión médica, asistieron: el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos, Dr. Emilio García de la Torre; y los presidentes de los colegios de Médicos de Valencia, Dra. Mercedes Hurtado; Huelva, Dr. Antonio Aguado; Soria, Dr. José Ramón Huerta; Segovia, Dr. Enrique Guilavert, y Zamora, Dr. Sebastian Martínez.
La lucha contra la desigualdad, el gran reto de María Luisa Carcedo 
La ministra planteó cómo el departamento que dirige puede contribuir a redistribuir la riqueza y, por tanto, “luchar contra la desigualdad, que es uno de los principales problemas de nuestro país”. Pero también a “impulsar la economía mediante la creación de empleo de calidad y la innovación, que contribuyan a transformar nuestro sistema productivo”.
Maria Luisa Carcedo subrayó que “la inversión social genera más altas tasas de retorno que cualquier otra, es decir, además de por justicia social, puede justificarse desde el punto de vista estrictamente económico”. Y puso varios ejemplos de ello.
Por un lado, aludió al proceso de envejecimiento como una oportunidad para generar riqueza en torno al sector de los cuidados. “Nuestro propio Sistema de Atención a la Dependencia ha contribuido a consolidar la profesionalización del sector de servicios sociales y la creación de empleo: 34 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido”.
EL SNS como potente actor económico
En relación al Sistema Nacional de Salud, “también es un potente actor económico”. Carcedo recordó que la inversión en sanidad pública supuso en 2016 “el 6% del PIB, 67.000 millones de euros, de los cuales 7.500 se invirtieron en tecnología y, de ellos, se invirtieron 5.200 en el sector público”.
“El Sistema Nacional de Salud incrementa el 7,2% la renta disponible de los hogares del 20% de la población más rica, pero hasta en un 35% la de los hogares del 20% con menos recursos”, indicó la ministra a partir de datos de la OCDE. Añadió que “el gasto en farmacia y Atención Primaria es el que tiene más potencia redistributiva”.
María Luisa Carcedo planteó cómo se propone el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que el sistema sanitario de atención a la dependencia y servicios sociales contribuyan a la mejora de la igualdad de oportunidades y el impulso económico. Y, en este sentido, destacó distintas iniciativas.
La primera, la convalidación por el Congreso del RD 7/2018 que restituye la asistencia sanitaria como derecho universal. “Esta norma está en proceso de tramitación como Proyecto de Ley, y no solo para restituir la atención sanitaria universal. Por primera vez en 40 años, la norma desliga la asistencia sanitaria del concepto de aseguramiento para vincularla al de residencia”, indicó.
“El Gobierno también está trabajando en la eliminación de las barreras económicas que suponen los copagos farmacéuticos, empezando por aquellos que afectan a las personas más vulnerables, como ha recomendado el Defensor del Pueblo”, añadió Carcedo.
Marco Estratégico para la Mejora de la Atención Primaria
El desarrollo de un Marco Estratégico para la Mejora de la Atención Primaria de Salud es otra de las iniciativas que “justifican una intervención decidida” porque este nivel asistencial “sufrió de manera especial el impacto de la austeridad” y hay que tener en cuenta que “resuelve más del 90% de la demanda en sanidad y es un componente del gasto sanitario con fuerte capacidad redistributiva”
“Esta estrategia consolidará, según la ministra, una política de recursos humanos que garantice la continuidad y la calidad de la Atención Primaria y contribuirá a su modernización con la introducción de tecnología, la mejora de la formación, la potenciación de la investigación y la atención a algunas áreas, como la cronicidad y la salud pública, de creciente importancia en nuestro país”.
Igualmente, la ministra subrayó que se está trabajando para paliar la situación de desequilibrio territorial de profesionales en algunos territorios. Una situación que ha sido ocasionada, según expuso, tanto por las carencias demográficas de la sociedad española (en la actualidad el SNS está haciendo frente a un número de jubilaciones muy elevado) como por una ausencia de planificación de las necesidades de personal durante los años de recortes.
Comisión de Recursos Humanos frente al desequilibrio de profesionales
Frente a esta situación “el Ministerio ha convocado la Comisión de Recursos Humanos del SNS constituida también por los consejeros de las CCAA para el 23 de enero de 2019”. La ministra señaló que se está trabajando para acelerar la respuesta a las necesidades de personal. Así, se han incrementado las plazas MIR y se ha desbloqueado el atasco que había en relación con la resolución de las acreditaciones de unidades docentes pendientes: desde 2012 había más de 500 expedientes sin resolver”.
Carcedo explicó que el Ministerio se ha reunido bilateralmente con seis comunidades autónomas y les ha informado de la resolución de 325 expedientes, lo que se traducirá en un aumento de las unidades docentes del SNS de 332 médicos internos residentes (MIR), 124 EIR (enfermería), 12 PIR (psicología) y 1 FIR (farmacia). Se continúa trabajando con el resto de las CCAA para acreditar más plazas.
La ministra destacó como una línea prioritaria la prevención de la salud. En este sentido se referió a tres estrategias en las que está trabajando el Ministerio para recuperar hábitos saludables desde la infancia y la juventud: la recuperación de la colaboración con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, la recuperación y actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva y la revisión de la Estrategia Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Naos).
También aludió a la elaboración del Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, y el proceso de participación pública sobre el Real Decreto que modifica distintas normas relacionadas con esta materia, que permanece abierto hasta el 15 de enero.
Ley para la Protección de la Infancia
En el ámbito de los servicios sociales, María Luisa Carcedo adelantó que el 28 de diciembre se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia, una norma de la que son coproponentes el Ministerio de Sanidad y el de Justicia. Esta norma, según expuso, “establece medidas de sensibilización, pero también medidas preventivas, de detección y, por supuesto, de intervención”.
Entre los aspectos que incluye la norma, destaca el deber de cualquier persona de comunicar indicios de delito, algo para lo que se garantizará la confidencialidad y el anonimato. Además, en el ámbito educativo, implicará el diseño de protocolos frente a la violencia que serán de obligado cumplimiento por los centros, así como el nombramiento de un responsable de bienestar y protección cuya actividad será supervisada por las CCAA. Igualmente se incluye el desarrollo de protocolos y otras medidas en el ámbito sanitario, de los servicios sociales o en el deportivo. La Ministra señaló que la ley considerará a los funcionarios de los servicios sociales como autoridad pública en situaciones de emergencia.
En el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dijo que “el Gobierno pretende revertir los recortes que se incluyeron en el RD 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, así como en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 y sucesivas”.
Tras señalar que este Sistema atiende ya a 1.023.000 personas, afirmó que, para avanzar en la cobertura de las necesidades, el Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito de más de 19 millones de euros.
“Desde el Ministerio queremos recordar que, de los cerca de nuevos 6.000 millones que plantea el presupuesto que el Gobierno ha propuesto para 2019, está previsto que 800 millones se destinen a la atención a la dependencia, en particular a la recuperación de la cotización de miles de cuidadoras familiares y de los niveles mínimo y acordado de la dependencia”, apuntó la ministra.
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