La ILP Medicamentos a un Precio Justo, suspendida por la pandemia, sigue manteniendo sus objetivos.

 

Participaron en mismo Damián Caballero, portavoz de la Comisión Promotora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y Ángel Benegas Orrego, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

 

Inició el turno de intervenciones el Dr. Rodríguez Sendín quien aludió a que “hay muchas más razones para continuar con la ILP que cuando se inició hace un año”. Desde su punto de vista, son necesarios “cambios legislativos profundos” para que “prevalezca el derecho a la salud por encima del derecho al negocio de las grandes compañías farmacéuticas”.

 

En este sentido, hizo alusión a los “altísimos precios de los antivirales directos para la hepatitis C, sin que las autoridades sanitarias de entonces, ni las de ahora con otros fármacos, supieran reaccionar y evitar una escalada que sacude financieramente los cimientos de los sistemas sanitarios”.

 

Ahora, en la actual situación derivada del desarrollo de las vacunas contra la Covid, para el Dr. Rodríguez Sendín “la mayoría de los Estados se han plegado ante los intereses de las multinacionales farmacéuticas, pero que hay iniciativas, como las desarrolladas por Sudáfrica e Indica, que han puesto “el dedo en la llaga” defendiendo que la vacuna deberá ser un bien común y no una patente. El Dr. Rodríguez Sendín, también ha indicado que considera “lamentable y vergonzoso” que se exijan 500.000 firmas recogidas personalmente una a una y que “lo razonable hubieran sido medidas de excepcionalidad en una situación excepcional”.

 

Por su parte, Damián Caballero, hizo un repaso sobre la trayectoria de la ILP, que aglutina a 30 organizaciones y profesionales de la sanidad pública. Con este proyecto se inició la recogida de las 500.000 firmas físicas necesarias en octubre de 2019, para reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos de los medicamentos con la máxima transparencia posible, permitiendo el acceso a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público. 

 

La recogida de firmas fue interrumpida el 14 de marzo del presente año por el Estado de Alarma derivado de la pandemia y, aunque se ha intentado alargar los plazos o dejarla en suspenso, la Mesa del Congreso de los Diputados no lo ha admitido aplicando la literalidad de la ley. 

 

La iniciativa, en consecuencia, ha sido retirada. Es por lo que Damián Caballero indicó, durante su intervención, que los motivos que impulsaron a la presentación de la ILP no solamente siguen vigentes, sino que se han acentuado”. 

 

En ese sentido, expresó dos compromisos: que la ILP volverá a presentarse cuando se supere la situación de pandemia, y, por otra, que junto con otras organizaciones de Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, República Checa y España se ha adherido a la #Riht2Cure, de ciudadanos europeos ante la Comisión Europea, con cuyos objetivos se identifica y que será presentada en las próximas semanas. 

 

Finalmente, destacó que en el corto periodo en el que se pudo desarrollar la campaña se recogieron cerca de 130.000 firmas, lo que implica un paso muy importante en el conocimiento del problema de los precios de los medicamentos por parte de la ciudadanía, y que sean conseguido adhesiones muy significativas como las del Parlamento Navarro, el Parlamento Balear, en Ayuntamiento de Getafe y numerosas organizaciones civiles entre las que se encuentran plataformas de trabajadores sanitarios, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de vecinos.

 

Durante su turno de palabra, Marciano Sánchez Bayle, analizó la situación del gasto excesivo en medicamentos que se produce en España y su impacto en la sustracción de esos recursos para reforzar el sistema sanitario público. Según detalló el gasto medio en medicamentos de países equiparables, como son los integrantes de la OCDE, es del 16,3% del total del gasto sanitario. 

 

En España esa cifra supera el 18,6%. En su opinión si ese diferencial se hubiera invertido en reforzar la Atención Primaria, aumentar las camas de hospitales o mejorar las condiciones laborales de los profesionales, la sanidad publica española estaría en una situación mejor. Asimismo, advirtió de que el gasto excesivo en medicamentos, que revierte directamente en los beneficios de las empresas farmacéuticas, pone en peligro la sostenibilidad de sistema sanitario público.

 

Criticó el «elevado» gasto farmacéutico en España ya que, tal y como señaló, revierte en «escandalosos beneficios» para las compañías farmacéuticas. Además, destacó la importancia de que en la ILP estén presentes los estudiantes de Medicina.

 

Finalmente, Ángel Benegas Orrego, tras señalar el lema del CEEM: “Por el futuro de la Medicina”, explicó que los futuros médicos están preocupados por el impacto en su formación, presente y futura, de la intervención de la industria farmacéutica de forma interesada. 

 

En ese sentido, puso de manifiesto “nos implicamos plenamente en los objetivos de la ILP, recogimos firmas con la explicación personalizada del problema que supone la recogida de cada una de ellas, desde el convencimiento de que la relación ética médico – paciente, es fundamental y decisiva para el futuro de la sanidad”.

 

Esta iniciativa, que ha sido presentada en todas las facultades de Medicina de España, está «totalmente legitimada» porque lucha por el acceso justo a los medicamentos.