Las 37 sociedades científicas que forman parte de la Federación de Asociaciones Científicos-Médicas Españolas (FACME) han hecho pública una declaración conjunta en la que, a través de siete pntos, expresa su posicionamiento sobre el anuncio de privatización de la gestión de una parte sustancial de los servicios sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid
Madrid, 7 de diciembre 2012 (medicosypacientes.com)
Las 37 sociedades científicas que forman parte de la Federación de Asociaciones Científicos-Médicas Españolas (FACME) han hecho pública una declaración conjunta, tras la celebración recientemente de su Asamblea General Ordinaria, en la que expresa su posicionamiento sobre el anuncio de privatización de la gestión de una parte sustancial de los servicios sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid.
La FACME lamenta en su escrito que «Esta decisión institucional ha llevado a debate público la confrontación entre gestión sanitaria pública y privada en nuestro país», al tiempo que opina que «aunque quieran rebautizarla sus promotores y aliados ungiéndola de colaboración público-privada, privatizar significan transferir al sector privado la gestión de un servicio público».
Desde esa Federación se teme que la iniciativa de los responsables políticos de la sanidad madrileña, con su Presidente a la cabeza, sea, probablemente, seguida por propuestas en la misma dirección de otras Comunidades Autónomas
Es por ello que expresa sus consideraciones recogidas en siete puntos:
1.El Sistema Nacional de Salud es un sistema sanitario internacionalmente reconocido por su eficiencia y calidad. En otras palabras, con un bajo gasto sanitario público, logra unos magníficos resultados en términos de salud. Su gestión, en su práctica totalidad pública, no se puede afirmar que sea ineficiente. Esta constatación no es una llamada a la inacción; existen muchas cosas a mejorar en la gestión sanitaria pública, pero se debe evitar a toda costa su desmantelamiento.
2.La afirmación de que la gestión privada es más eficiente que la pública se fundamenta sobre premisas ideológicas, al no existir datos de comparación homogéneos entre ambas. Esta ausencia de reseñas es, en sí misma, una señal de alarma sobre la transparencia y rendición de cuentas de la gestión sanitaria pública, con independencia del sistema de gestión, público o privado. No se puede afirmar, con datos sólidos, que la gestión privada sea más eficiente o de mejor calidad que la pública, ni lo contrario, y existe la posibilidad de que una mayor flexibilidad o mayores instrumentos de gestión empresarial, introducidos en la gestión pública, la hagan más eficiente, como muestran las reformas en otros sistemas similares al nuestro.
3.No existen precedentes, en las democracias avanzadas, de tomas de decisión de la trascendencia que estamos comentando, sin que hayan sido sometidas a un debate público. No hay un «Libro Blanco» en el que se expongan los problemas existentes y las alternativas de solución; no se ha llamado a consulta a los agentes implicados; no se ha propuesto en un programa electoral; no existe, por tanto, legitimación técnica, social o política.
4.Todos los países europeos con sistemas como el nuestro, basados en el modelo de servicio nacional de salud, han introducido importantes reformas en su gestión, manteniendo siempre el carácter público de sus instituciones y un muy significativo peso de la gestión pública sobre la privada. La privatización de la gestión sanitaria pública, poniéndola en manos de empresas, algunas dependientes de los fondos de capital-riesgo, es una maniobra que puede comprometer seriamente la capacidad de las administraciones públicas para hacer efectivas sus competencias de planificación y control.
5.Las propuestas de privatización de la sanidad de la Comunidad de Madrid y otras Comunidades Autónomas no pueden ser tratadas como políticas locales. El Gobierno, el PP, el PSOE y todos los partidos de ámbito nacional deben implicarse en un debate que comprometa al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Aunque las competencias de gestión directa están transferidas a las Comunidades Autónomas, el Gobierno debe garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio nacional, así como velar para que no se desnaturalice el sistema sanitario aportado por la Ley General de Sanidad. El PP, porque si los ciudadanos le han dado el poder hegemónico, tiene la obligación de dar una coherencia a sus políticas en todo el territorio nacional. Al PSOE y al resto de partidos de ámbito nacional les corresponde la responsabilidad de defender el Sistema Nacional de Salud desde los intereses generales de los ciudadanos, abandonando la «guerra de trincheras» para acometer, mediante el diálogo, las reformas que precisa el sistema.
6.Las instituciones que firman esta declaración y especialmente las sociedades científico-médicas exigimos ser consultadas para el diseño y la puesta en práctica de las reformas necesarias. Creemos que es fundamental acometer cambios importantes en el sistema sanitario público, pero siempre con rigor y profesionalidad, asumiendo la enorme responsabilidad de estar tratando con un servicio público esencial no sólo para nosotros, sino también para las futuras generaciones.
7.Conociendo la grave situación económica en la que estamos inmersos, hacemos un llamamiento a todas las partes, para que se imponga la negociación, evitando el deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria, el quebranto de la formación de nuestros estudiantes y residentes y el desmoronamiento de nuestro tejido investigador».
