Una de cada dos denuncias interpuestas por abusos sexuales tienen como víctima a menores de edad y entre un 10 y un 20% de la población sufrió abusos sexuales siendo niño o niña en España, según ha alertado la ONG Save The Children quien ha lanzado la campaña 'Rompo el silencio' para pedir mayor protección para la infancia y para que personas que fueron víctimas de abusos sexuales y lo sufrieron lo denuncien
#RompoElSilencio tiene el objetivo de sensibilizar a la población sobre el dolor que han vivido y siguen viviendo muchos niños y niñas en España con el fin de pedir mayor protección para las víctimas de abuso sexual infantil.
En la mitad de los casos el abusador es un familiar y en 30% de los casos es una persona del entorno cercano, según ha asegurado Save The Children. Los niños y niñas víctimas tardan a menudo años en contarlo por vergüenza o por sentimiento de culpabilidad. Algunos no lo cuentan nunca.
La organización denuncia que su sufrimiento «sigue permaneciendo oculto en numerosas ocasiones» debido a la soledad en la que se ven sumidas quienes lo sufren, así como por el «encubrimiento» de personas e instituciones que no detectaron o no denunciaron los abusos.
La campaña quiere además hacer un llamamiento a toda la población para que sume su apoyo solidarizándose con las víctimas y reclamando al Gobierno que apruebe, dentro del proyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, medidas específicas de lucha contra el abuso sexual a menores.
Save the Children agradece la generosidad y valentía de quienes sufrieron abusos en su infancia y están ahora visibilizando su experiencia.
Uno de ellos es el de la Gloria Viseras, ex gimnasta que denunció a su entrenador Jesús Carballo por abusar sexualmente de ella cuando era una niña. Durante 30 años no habló de lo que le había sucedido con nadie y cuando decidió contarlo los delitos ya habían prescrito.
Decidió denunciarle igualmente para proteger a todos los niños y niñas y evitar que la historia se repita. Según Viseras, «la ley actual protege al abusador porque tiene en cuenta los aspectos administrativos y no los aspectos emocionales de la persona que sufre la violencia» y defiende que «debería estar orientada a que las víctimas puedan romper el silencio».
Esta organización recuerda que el pasado 7 de septiembre el Gobierno aseguró en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros que remitirá al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019 el anteproyecto de Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, que contemplará medidas para luchar contra el abuso sexual.
«Sin embargo, la urgencia de la situación exige que los trámites se aceleren para poder contar con su aprobación lo antes posible. Todos los grupos parlamentarios deben comprometerse a respaldar su aprobación, enviando de esta forma un mensaje de unidad y de compromiso hacia un problema que, por incomprensible que parezca, no es percibido todavía con la magnitud que representa por gran parte de la población», apunta el director general de esta ONG, Andrés Conde.
Save the Children pide que la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia contemple, entre otras, garantizar la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas; formación sobre violencia y protección de la infancia en los currículums formativos de maestros, profesores y directores de centros educativos, y dotar a todos los colegios de un protocolo de detección y gestión de casos de violencia contra la infancia.
Asimismo, solicita una Fiscalía específica de violencia contra la infancia; juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia; que se dé prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores y se incluya formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso.
Por último, reclama que se fortalezcan y amplíen los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados y sean públicos y gratuitos y que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no prescriban has que la víctima cumpla 30 años.
