El Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro del euro por receta aprobado por la Generalitat de Cataluña el pasado marzo, lo que implica la suspensión de la medida cautelar de la medida durante al menos cinco meses
Madrid, 16 de enero de 2013 (medicosypacientes.com/E.P.)
Según el artículo 161 de la Constitución, el Gobierno puede impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas, lo que se traduce en su suspensión durante 5 meses, transcurridos los cuales el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende en su recurso que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.
Fue el pasado diciembre cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la intención del Gobierno al entender que la tasa catalana «perjudica» a la igualdad de los españoles al «gravar dos veces» la adquisición de medicamentos.
La vicepresidenta añadió que el Gobierno solicitaría al tribunal de garantías la suspensión del euro por receta en Cataluña para «evitar que los ciudadanos sigan pagando» un sobreprecio que «afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias».
El Ejecutivo central atendió entonces el dictamen emitido por el Consejo de Estado en el que se consideraba que la medida implantada por la Generalitat podía ser «inconstitucional». Se encuentra en vigor desde junio del pasado año.
En un «ejercicio de coherencia», la vicepresidenta anunció el pasado viernes que el Consejo de Ministros había acordado recurrir también ante el Constitucional el euro por receta de la Comunidad de Madrid al entender que vulnera el «principio de igualdad» de los ciudadanos y se «grava un acto médico».
El gobierno catalán lamenta la decisión del TC
La Generalitat de Cataluña anunció ayer que presentará alegaciones ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) del euro por receta, tras admitir a trámite el recurso que ha presentado el Gobierno.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, señaló que el euro por receta entra en suspensión este mismo martes, y que lo estará a la espera de que el TC se posicione sobre esta medida, que también ha adoptado la Comunidad de Madrid.
La suspensión es «inmediata», se produce como consecuencia de la admisión del recurso del Gobierno, y el Govern va a presentar alegaciones.
A la espera de confirmarse qué impacto económico tendrá en las arcas de la Generalitat, Homs indicó que el sistema de recetas de la red sanitaria pública es electrónico, algo que facilitará la suspensión del euro por receta.
Homs defendió el euro por receta, y según declaró, la estadística oficial pone de manifiesto que la Generalitat hizo bien en aprobarlo el año pasado.
Según los cálculos de la Generalitat, gracias al euro por receta, ha habido «un ahorro del 20% en el gasto asociado a la emisión de recetas».
De este modo, queda probado que con el euro por receta, se ha contribuido a «moderar» el consumo sanitario y se ha hecho una pedagogía de la austeridad entre la ciudadanía que tanto se reivindica desde Europa, por lo que se ha preguntado cómo el Gobierno argumentará su recurso.
Según Homs, el Gobierno español ha demostrado con su recurso al euro por receta que tiene «una celosía incomprensible» ante las cuestiones competenciales.
Además, lamentó que el Gobierno aprecie inconstitucionalidades ante las iniciativas de Cataluña, ya sea mediante iniciativas como el euro por receta o la declaración de soberanía que CiU y ERC han consensuado, por lo que Homs preguntó si también vulnerará la Ley Fundamental el hecho de «respirar en catalán».
Ana Mato: «La decisión del TC es una muestra de la garantía de la igualdad para los españoles»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad declaró a la salida de su comparecencia en el Senado que el Gobierno al que ella pertenece «siempre respeta las decisiones del Tribunal Constitucional» y añadió que «en este caso también la compartimos puesto que había sido una propuesta y un recurso presentado por el propio Gobierno. Creo que es una muestra de la garantía de la igualdad, en este caso en explotaciones farmacéuticas para todos los españoles»
La ministra Ana Mato respondió en el Pleno del Senado a dos preguntas, una de ellas, del senador del GPS Roberto Lertxundi sobre la razón por la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha realizado ninguna mediación en el conflicto que vive la sanidad madrileña.
En su última intervención en el Senado a raíz de los cambios en el Gobierno vasco, Roberto Lertxundi reprochó a la Ministra el «silencio» de su departamento y la «complicidad» con la Comunidad de Madrid ante las medidas adoptadas, a lo que Ana Mato respondió que el Ministerio, «bajo ningún concepto, interfiere en las políticas de las distintas comunidades autónomas, ni en Madrid, ni en Andalucía, ni en ninguna otra, que toman medidas en función de sus competencias» y reiteró que su papel es «velar por una sanidad pública, universal y gratuita».
En su contra réplica, el senador Lertxundi preguntó a la Ministra porqué tienen que tocar un SNS que ha dado tan buenos resultados y dijo que las medidas que están adoptando algunos gobiernos como el de Madrid conlleva «convertir los servicios públicos en mercancías» lo que supone «un expolio del SNS» en beneficio de empresas como Capio o Ribera Salud.
Ana Mato cuestionó «la política sectaria» del PSOE que cuando gobernó no hizo nada contra la medida del Gobierno catalán sobre el euro por receta y «salió corriendo» cuando esta medida la adoptó el Gobierno de Madrid y, tras reiterar su argumento sobre el respeto a las competencias de las CCAA, expresó su disposición al diálogo, siempre desde «el respeto constitucional y la defensa de los servicios públicos que ampara la Constitución como es el de que ningún ciudadano se quede sin sanidad pública, gratuita y de calidad»
Tomás Gómez pedirá el reembolso para quienes lo han pagado
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional suspenderá el cobro del euro por receta en la Comunidad de Madrid igual que ya ha hecho en Cataluña y adelantó que, cuando esto suceda, pedirá que se devuelva el dinero a todos los ciudadanos que han tenido que pagar este impuesto.
Tras este paso, el líder de los socialistas madrileños explicó que «nadie duda» de que el alto tribunal tomará la misma medida en la Comunidad de Madrid y «se va a suspender la aplicación de esa medida tan injusta e inconstitucional».
Por ello, adelantó que, cuando el Tribunal Constitucional suspenda su cobro, el PSM exigirá a la Comunidad de Madrid que devuelva el dinero a todos los ciudadanos a quienes «se les ha cobrado durante estos días».
Además, denunció que el presidente madrileño, Ignacio González, puso en marcha el impuesto consciente de que era «injusto e inconstitucional». A pesar de lo cual «gastó dinero de todos los ciudadanos en una campaña de propaganda, procesos informáticos y muchísimas cosas», ha denunciado Gómez, que pedirá al presidente madrileño que devuelva todo este dinero «y lo haga de su bolsillo».
