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El Gobierno destina 40 millones de euros a las CCAA para la ayuda y atención solidaria a los menores extranjeros no acompañados

El Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha aprobado un Real Decreto para financiar con 40 millones de euros a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla por el incremento del número de menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018 

Esta ayuda se destina a sufragar la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de desamparo entre comunidades autónomas. 

 
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla son las responsables de la atención en sus respectivos territorios y, cuando se constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, les corresponde la tutela del mismo así como las medidas de protección necesarias para su guarda.  
 
Dado el incremento del número de llegadas de menores en los últimos meses y respondiendo a razones de interés público, social y humanitario, el Gobierno ha articulado estas ayudas para colaborar en el esfuerzo que realizan las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. 
 
Con ello, el Gobierno activa medidas de ayuda económica e impulsa la atención solidaria de los menores entre comunidades autónomas al objeto de garantizar las mejores condiciones de atención. 
 
Es la primera vez que el Ministerio con competencias sobre la infancia  concede una subvención para la atención a los menores extranjeros no acompañados. 
 
De los 40 millones de euros, 38 se repartirán proporcionalmente en función de dos criterios.
 
Por un lado, el incremento entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 del número de menores inscritos en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados del Ministerio del Interior. Este registro se elabora con la información que remiten las comunidades autónomas y es el único oficial.  
 
Por otro, aquellas comunidades autónomas que acojan a menores de otras autonomías, recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento a la solidaridad mostrada. 
 
De esta forma, para ser beneficiarias de las ayudas, las CC AA deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado o haber acogido menores de otras autonomías.
 
Además, se reservan dos millones de euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las comunidades que puedan sufrir un incremento estacional a partir de septiembre.
 
Iniciativas más allá del RD
 
De forma paralela, el Gobierno está trabajando en distintas iniciativas relacionadas con la mejora de la atención de los menores no acompañados. 
 
Una de ellas tiene que ver con la mejora del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, de 2014. En relación a esta medida, hoy mismo se celebra la segunda reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre menores extranjeros no acompañados en la que está previsto abordar aspectos relacionados con el registro o la determinación de la edad, así como coordinar actuaciones entre las distintas autonomías. 
 
Al encuentro asisten representantes de los ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Exteriores; Justicia; Interior; Política Territorial y Función Pública y del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; además de representantes de las direcciones generales de Infancia de las CC AA y la Fiscalía de Extranjería.   
 
Por otra parte, se ha constituido un grupo de trabajo sobre menores migrantes en el que, además del Gobierno, Fiscalía y CC AA están presentes ONG, y que tiene por objeto el análisis y propuestas relacionadas con el modelo específico de atención a los menores extranjeros no acompañados, dado el distinto perfil de necesidades que presentan respecto al resto de menores que se encuentran en los centros de atención. 
 
De esta forma, el Gobierno está ofreciendo un espacio en el que todas las administraciones implicadas puedan compartir información y debatir propuestas.
 
El objetivo es encontrar vías de solución a través de la cooperación entre administraciones y en el marco de las competencias y de la solidaridad interterritorial. 
 
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