viernes, marzo 29, 2024

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El ginecólogo cirujano Denis Mukwege y la activista Nadia Murad, premio Nobel de la Paz por su lucha contra la violencia sexual

El ginecólogo cirujano congoleño Denis Mukwege y la activista iraquí Nadia Murad han sido reconocidos con el Premio Nobel de la Paz por "sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados", en dos países históricamente marcados por este crimen. tal y como informó el Comité Nobel Noruego. El médico Mukwege y su equipo han atendido a mujeres víctimas de violaciones en la República Democrática del Congo y Murad denunció y contó públicamente los abusos sexuales que sufrió por el Daesh

Mukwege «ha dedicado su vida a defender a las víctimas de violencia sexual en tiempos de guerra» y Murad «es el testigo que cuenta de los abusos perpetrados contra ella y contra otros», argumentó el comité Nobel para conceder el galardón.

 
El médico Mukwege y su equipo «han tratado a miles de pacientes que fueron víctimas de esos asaltos», ha condenado «la impunidad de las violaciones masivas y ha criticado al gobierno del Congo y de otros países por no hacer lo suficiente para parar la violencia sexual contra las mujeres como estrategia y arma de guerra».
 
Mukwege ha sido clave para ayudar a miles de pacientes gracias a la labor de su hospital en Bukavu, en la parte este de República Democrática del Congo. El personal del centro ayuda de forma gratuita a paliar las secuelas físicas de la violencia sexual, con reconstrucciones y cirugías que devuelven un mínimo de esperanza y dignidad a las víctimas.
 
En cuanto a Murad, de 25 año, el Comité Nobel recordó que es «una de las cerca de 3.000 niñas y mujeres que han sufrido abusos sexuales como parte de la estrategia militar de Estado Islámico que usaban ese tipo de violencia como un arma contra los yazidíes y otras minorías religiosas».
 
Además destacó que «tras tres meses de cautiverio logró escapar y empezó a denunciar los abusos que habían sufrido ella y otras mujeres». «Tuvo el extraordinario coraje de contar su propio sufrimiento y de ayudar a otras víctimas», dijo el Comité Nobel.
 
Mukwege y Murad suceden en el palmarés a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), reconocida en 2017 por su activismo para alertar de las «catastróficas consecuencias humanitarias» del uso de este tipo de armamento. En 2016, el galardón recayó en el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por su acuerdo de paz con las FARC, y un año antes el comité premió la labor del Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez.
 
Para la edición de este año se habían presentado un total de 331 candidaturas, la segunda mayor cifra de la historia, solo superada por los datos de 2016. De los 331 aspirantes, 216 correspondían a personas, mientras que las 115 restantes eran de grupos u organizaciones, según el comité.
 
La ONU constata el uso de la violencia sexual como arma de guerra en Irak y República Democrática del Congo
 
La irrupción del grupo terrorista Estado Islámico en varios países de Oriente Próximo sembró el caos en 2014 y, en la parte norte de Irak, se tradujo en todo tipo de barbaridades. Los yazidíes, la minoría a la que pertenece Murad, sufrieron en propias carnes ataques dirigidos que fueron catalogados como genocidio por parte de la ONU.
En el pueblo donde vivía Murad, cientos de personas fueron masacradas y las niñas y mujeres más jóvenes fueron raptadas para ser utilizadas como esclavas sexuales. La ahora activista vivió tres años de «pesadilla» –como ha recordado el Comité Noruego– antes de poder escapar y dar voz en todo el mundo a las 3.000 mujeres y niñas yazidíes víctimas de los abusos sistemáticos de la organización yihadista.
 
La progresiva liberación de las zonas tomadas por Estado Islámico ha ido sacando a la luz algunas de estas historias, que dan cuenta por ejemplo de matrimonios forzados en los que la violación se convertía en herramienta de castigo ante cualquier atisbo de desobediencia al hombre, según recoge el secretario general de la ONU, António Guterres, en su último informe sobre violencia sexual, publicado en marzo de este año.
 
Hasta noviembre de 2017, más de 3.200 civiles, entre ellos 1.135 mujeres y 903 niñas, fueron liberados de Estado Islámico, si bien una cifra similar de rehenes seguía desaparecidos. La ONU y otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos temen que éstas y otras cifras sean incluso mayores, en la medida en que no siempre es fácil conocer este tipo de datos en un contexto de conflicto.
 
En el caso de la violencia sexual en Irak, Guterres señaló en su informe entre los principales desafíos la falta de conocimiento de la cifra real de casos debido a la inseguridad, el miedo a represalias o unas convenciones sociales que priorizan el honor familiar o que extienden también la culpa de los abusos a cualquier persona que se haya visto relacionada con Estado Islámico, aunque fuese por la fuerza.
 
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) informó de más de 5.700 casos de violencia sexual en zonas afectadas por el conflicto en la RDC en 2017, más del doble que en 2016. La misión de paz de la ONU (MONUSCO) pudo verificar más de 800 casos, 765 de ellos de mujeres y niñas, pero como en el caso de Irak esto solo sería la punta del iceberg.
 
El 72 por ciento de las víctimas son atribuibles a grupos armados, aunque en el país africano las culpas se extienden también a las autoridades. Así, en 2017 aumentaron los casos correspondientes a acciones de miembros de las Fuerzas Armadas (un 28 por ciento más) y a la Policía Nacional (un 109 por ciento más), según el informe de Guterres.
Dicho texto alude a «ataques deliberados» en los que la violencia sexual juega un papel fundamental. El Comité Noruego, al reconocer a Murad y Mukwege, advirtió de que este tipo de abusos son un «arma de guerra» y República Democrática del Congo no es una excepción en este sentido.
 
Los grupos armados no dudan en recurrir a todo tipo de prácticas consideradas «tabú» como pueden ser que las víctimas sean violadas delante de sus familiares o que se le quite el feto a una mujer embarazada. En al menos uno de los casos analizados por la ONU, la víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales con un pariente antes de ser ejecutado.
 
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