Jueves, 25 Febrero 2021

El Defensor del Pueblo reclama una nueva cultura sobre seguridad del paciente

16/06/2008

Un año más, el informe del Defensor del Pueblo incide no en pocos retos pendientes que tiene aún el sistema sanitario para con los ciudadanos españoles. En la memoria relativa a 2007, Múgica pone el acento sobre la seguridad del paciente, sin perder de vista las listas de espera, que en aspectos de técnicas y procedimientos diagnósticos, obtienen un rotundo suspenso.

Madrid, 16 junio 2008 (Redacción)

Enrique Múgica

  Enrique Múgica, Defensor
           del Pueblo

El Defensor del Pueblo, en su informe correspondiente a 2007 sobre las quejas emitidas por los españoles en materia sanitaria, considera fundamental la promoción y el impulso de una forma urgente y decidida de una nueva cultura en relación con la seguridad y la responsabilidad en el ámbito sanitario. Así ha quedado reflejado en el documento que, recientemente, Enrique Múgica ha hecho entrega a los presidentes de las Cámaras del Congreso y del Senado.

La recomendación está basada en las numerosas quejas que se han planteado en las que subyacen cuestiones que atañen a la seguridad de los pacientes y a la insuficiente información ante reclamaciones planteadas por los ciudadanos en esta materia. Lo que esta institución propone, al respecto, es el establecimiento de una cultura de la calidad y de la prevención que facilite la reducción de las incidencias clínicas, a través del estudio de las causas y la continua mejora de la práctica asistencial.

Junto a esta recomendación, en el informe se llega a la conclusión de que todavía son muchos los retos pendientes y que las causas del conflicto o de la insatisfacción de los pacientes están en relación directa con la plena efectividad del derecho a la asistencia sanitaria, entre otros aspectos.

Ello se añade a la larga lista confeccionada por Enrique Múgica en la que figuran aspectos tales como la falta de suficiente y adecuada información; la persistencia de demoras en la prestación de la asistencia; dificultades en el acceso a centros y servicios; e inadecuaciones en la atención de carácter urgente en los centros hospitalarios.

La progresiva escasez de profesionales en determinadas áreas clínicas; las limitaciones en la atención en enfermedades raras o poco frecuentes; carencias e inadecuaciones en materia de salud mental; y todavía insuficiente cultura en materia de seguridad de los pacientes son cuestiones a las que también se dan cabida en este último informe.

Mayores demoras para pruebas diagnósticas

A tenor de las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo, la demora en obtener la asistencia debida sigue siendo la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la Sanidad pública, según se desprende de las quejas que los ciudadanos continúan formulando sobre esta materia, pese a no desdeñarse el establecimiento de tiempos de garantía en intervenciones quirúrgicas programadas en las distintas CC.AA.

Esta valoración no puede extrapolarse al ámbito de las consultas externas y técnicas y pruebas diagnósticas para el que, según el informe de Múgica, “se ha demostrado escaso interés, en ocasiones”. Este hecho se ejemplifica en casos como tiempos de espera superiores al año y medio en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; superior a un año en las consultas de alergia en el Hospital Juan Canalejo de La Coruña; de siete meses para la realización de resonancias magnéticas en el Hospital de Viladecans, de Barcelona; y superior a cinco meses en consultas de Urología en el centro de especialidades Virgen del Val, de Alcalá de Henares (Madrid).

Un caso aparte lo constituye, según la información manejada, la aplicación de técnicas de reproducción asistida, para la que se detectan como se indica “extraordinarias listas de espera, de varios años, en muchos centros sanitarios”. Ello impide en no pocas ocasiones una prestación reglamentariamente establecida, a juicio de esta institución.

“Puntos negros” de la Sanidad

La problemática sobre el déficit de especialistas en el conjunto del sistema sanitario no se pasa por alto en este último informe elaborado por el equipo de Enrique Múgica, constituyendo en estos momentos uno de los principales “puntos negros” de la Sanidad. En la memoria correspondiente a 2007 se incluyen casos tan llamativos como la suspensión de una consulta de cardiología en un centro de salud por estar el facultativo responsable de la misma en situación de incapacidad temporal. También se refleja la inexistencia de especialistas en oncología en la isla de Menorca, resultando igualmente llamativo que se contabilice un único especialista en neurología pediátrica en todo el Servicio de Salud del Principado de Asturias.

La Atención Primaria también se erige como uno de los sectores en el que mayormente se reflejan las “debilidades” del sistema. Así, según explica el Defensor del Pueblo, las principales quejas recibidas sobre este nivel están relacionadas, sobre todo, con el reconocimiento del derecho a la asistencia; problemas en la accesibilidad a los centros; insuficiente dotación de profesionales; así como la emergencia de demoras en la prestación y la organización y dotación de los centros y servicios. En definitiva, y sobre este nivel asistencial, de los planteamientos de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo se proyecta la percepción de un cierto y progresivo deterioro de la asistencia. Se hace referencia a la burocratización, a recursos limitados, a problemas de información y de comunicación, coincidiendo en ello con los retos que se apuntan en el informe Estrategias AP21, para el primer nivel asistencial.

Interrupción voluntaria del embarazo: sólo un 3 % en la Sanidad pública

Sin duda, uno de los datos más llamativos de los contenidos en el apartado de este informe, dedicado a la Sanidad, tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo en centros y servicios del sistema público sanitario, de tal forma que sólo el 3 por ciento de tales interrupciones que se practican en España son realizadas, de acuerdo con la legislación vigente, en los establecimientos públicos.

El reducido porcentaje de este tipo de intervenciones evidencia que la práctica totalidad de estos procedimientos se llevan a cabo en centros sanitarios del ámbito de la sanidad privada, “ubicados, en ocasiones, en comunidades autónomas distintas a la de la residencia de las personas afectadas”, como se detalla en el documento.

La situación planteada deriva, a juicio del Defensor del Pueblo, en “una necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar a los usuarios la atención en su comunidad de residencia”.

Esta necesidad ha sido trasladada al Ministerio de Sanidad para que, a través del Consejo Interterritorial se determinaran las pertinentes acciones que promuevan la accesibilidad a los centros y servicios del Sistema Sanitario de Salud, en los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, amparados por la legislación vigente. Sin embargo, y como se recoge en el documento, “el Ministerio ha mostrado un criterio adverso a plantear en el CISNS la accesibilidad a la referida prestación, argumentando que “es competencia de las CC.AA. mejorar el acceso a la referida prestación”.