El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, cree que ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a las investigaciones sobre los casos de “bebés robados”, un drama que ha afectado a miles de personas en España, que todavía esperan una respuesta de las instituciones “comprometida y sincera”
En opinión del Defensor, los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo por esclarecer los hechos denunciados, así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica.
Así se lo hizo saber a los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a la Fiscalía General del Estado, a quienes ha remitido sendos escritos con recomendaciones para agilizar los procesos de investigación y para trasladarles las peticiones de las asociaciones de afectados.
En concreto, la Institución recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia la creación de un banco de ADN Nacional y que la realización de las pruebas sea gratuita para las víctimas del tráfico de bebés robados.
Asimismo, el Defensor sugirió que se conceda automáticamente el derecho de justicia gratuita a las víctimas en los procedimientos judiciales que se inicien o se hayan iniciado. También considera necesario reorganizar la oficina para los afectados para que, además de mantener las actuales funciones del servicio de información y recogida de datos, ofrezca un servicio de orientación jurídica para las víctimas y refuerce sus prestaciones.
Además, la Institución recomendó a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, que se dirija a las autoridades eclesiásticas para que faciliten toda la información y documentación que pueda ayudar a las víctimas inmersas en procesos judiciales.
A juicio del Defensor del Pueblo, aunque los archivos parroquiales no puedan ofrecer por sí solos información relevante, sus datos sí pueden ser cruzados con las inscripciones de nacimiento del Registro Civil. También sería muy útil para las investigaciones que la Iglesia Católica facilite toda la información que tiene sobre las órdenes religiosas que atendían en los hospitales y que identifique a las personas que desempeñaban sus funciones en maternidades, hospitales, casas cuna, orfanatos, centros para madres solteras, etc. para cruzar dicha información con otras bases de datos de los archivos históricos y del Registro Civil.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Fiscalía General del Estado para que informe sobre el estado de tramitación en el Tribunal Supremo del procedimiento sobre la unificación de doctrina en la prescripción de los casos de bebés robados. En el caso de que hubiese sido resuelto, la Institución quiere conocer la resolución adoptada y los efectos que ese fallo judicial tiene en los procedimientos pendientes y/o sobreseídos.
El Defensor del Pueblo coincide con las asociaciones de víctimas en la necesidad de crear en la Fiscalía General una Sección especializada para estos casos. La Institución se dirigió también al Ministerio de Trabajo para que verifique si tiene en su poder el archivo del antiguo Patronato de Protección a la Mujer y el archivo de la Obra de Protección de Mujeres. Ambos archivos podrían contener documentación de gran valor para las investigaciones de estos casos.
Por último, el Defensor del Pueblo trasladó al Ministerio del Interior la queja de las víctimas sobre el “muro infranqueable” que supone para ellas la Ley de Protección de Datos en el curso de sus pesquisas.
En este contexto, la Institución cree que sería razonable que se destinaran efectivos policiales especializados a la investigación de estos casos para que, en coordinación con las instancias judiciales, se pudiera avanzar en el esclarecimiento de los hechos, cruzando los datos de los distintos archivos y accediendo a información y documentación que les está vedada a las víctimas por ley.
Más de 300 quejas desde 2011
El Defensor del pueblo ha tramitado más de 300 quejas desde 2011 de familias que esperan conocer el paradero de los recién nacidos sustraídos en centros hospitalarios y maternidades.
También ha mantenido varias reuniones con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y con asociaciones de víctimas. En la última de esas reuniones, con representantes de la Asociación Nuevo Ágora, los afectados expusieron los obstáculos con los que se encuentran las víctimas de sustracción de niños recién nacidos para obtener información de la administración que les permita avanzar en las averiguaciones sobre sus orígenes biológicos.
Una de las mayores dificultades con las que se encuentran estas familias, que consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta por las administraciones hasta el momento, es el acceso a los datos de archivos y registros de hospitales y maternidades, públicos y privados.
