El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha instado a abrir un debate sobre los retos que plantea la sociedad cada vez más envejecida y que afecta a miles de personas mayores en España. En este sentido, ha abogado por encontrar vías efectivas que aborden esta situación
En su intervención en el curso “Problemática jurídica de las personas mayores” dentro de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal en el Pazo de Mariñán (A Coruña), consideró necesario realizar un diagnóstico correcto que permita impulsar políticas de prevención y concienciar a la sociedad, que muchas veces se encuentra ajena a este drama “salvo cuando se dan casos de personas mayores que aparecen muertas en su domicilio tras un largo tiempo en el que nadie se acordó de ellos”.
Marugán lamentó, asimismo, que no exista una radiografía precisa del alcance de este problema y ha remarcado que “un Estado Social como el nuestro no puede ignorar a un colectivo tan sensible como este”.
El Defensor del Pueblo considera urgente adaptar el sistema social para dar una respuesta adecuada a los retos que plantea una sociedad cada vez más envejecida. Según explicó, “hay que revisar las pautas de actuación en la atención social para ofrecer las ayudas que precisan las personas mayores y sus familias e intentar un modelo en el que las personas de la tercera edad puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno”. Asimismo, apuntó que en los últimos años se ha producido un aumento de quejas al Defensor del Pueblo relacionadas con los mayores y el envejecimiento.
Por otra parte, Fernández Marugán también insistió en la necesidad de cambiar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.
A la institución le preocupa, por otra parte, el uso excesivo de sujeciones y de contenciones físicas y los criterios de administración de determinados fármacos. En sus visitas periódicas a residencias y centros asistenciales, el Defensor del Pueblo siempre señala que el uso de contenciones debe ser mínimo, consentido y escrupulosamente vigilado porque su mantenimiento puede tener consecuencias en la calidad de vida y en la autonomía personal de las personas sometidas a estas medidas.
En lo que respecta a la atención residencial, Fernández Marugán señaló que las quejas que llegan al Defensor “muestran una pérdida de calidad, percibida así por los propios usuarios y familiares y por las personas que trabajan en los centros”. En este contexto, ha manifestado que “nuestro objetivo es que las Administraciones pongan todos los medios a su alcance para que los servicios a los mayores se presten en condiciones respetuosas con la dignidad básica de toda persona y con sus derechos fundamentales”.
Sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, el Defensor del Pueblo aseguró que para garantizar la incorporación de las personas en espera y la recuperación y sostenibilidad del sistema, “es necesario mejorar el sistema de financiación actual y la equivalencia de los esfuerzos financieros de la Administración General de Estado y las comunidades autónomas”.
Además, recordó que la Institución mantiene abiertas actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas para conocer las características y la dotación de los recursos residenciales para mayores y detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.
También mencionó el ingreso involuntario de personas con deterioro cognitivo o psíquico, las restricciones a la libertad de movimientos, el uso de sujeciones y cuestiones relativas a la intimidad de los residentes en centros de personas mayores.
A propósito del Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, que se celebra hoy viernes, Fernández Marugán recordó que muchas de las actuaciones de la Institución tienen que ver con cuestiones muy relevantes para los derechos fundamentales de las personas mayores.
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