En los últimos días, el Consello Galego de Colexios Médicos, a través de los medios de comunicación, ha tenido noticia de una serie de medidas relacionadas con la Atención Primaria que el Servizo Galego de Saúde pretende poner en marcha, y que la institución considera cuestionables tanto en el fondo como en la forma
En primer lugar, la habilitación de los farmacéuticos para la prescripción en determinadas circunstancias. En segundo, la derivación de la demanda asistencial al personal administrativo de los centros de salud con el apoyo de una aplicación informática, algo inconcebible, porque se trata de un proceso diagnóstico que tiene que llevar a cabo un facultativo.
Cada profesión sanitaria, tanto en los planes de estudio como en su ejercicio, tienen reconocidas ciertas competencias que se regulan, de forma muy clara, en la legislación. Únicamente un cambio de la Ley puede hacer posible la transferencia de competencias de una profesión a otra, que es lo que está intentando hacer la Consellería de Sanidad para compensar la falta de profesionales médicos en el sistema sanitario.
El objetivo de la regulación de las competencias es garantizar a los ciudadanos qué materias y técnicas son responsabilidad de cada profesión sanitaria, lo que redunda en la seguridad de todos. Cualquier decisión que implique apartarse de ese camino supone un riesgo para los ciudadanos, e incluso puede incurrir en intrusismo profesional. Los colegios, en su responsabilidad constitucional de defender no solo los intereses de la profesión, sino fundamentalmente de la ciudadanía, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por esa razón, desde el Consello Galego de Colexios Médicos nos vemos obligados a recurrir las medidas planteadas por el Sergas en vía administrativa y, si es necesario, judicial.
Los problemas de la Atención Primaria no se solucionan transfiriendo competencias de los facultativos a otras profesiones -algunas, por si fuera poco, no sanitarias-. Las dificultades deben abordarse a través del incremento y la reorganización de los recursos humanos, fundamentalmente médicos. Medidas aisladas como las que se plantean solo contribuyen a dilatar la crisis de un nivel asistencial que resulta imprescindible para la sanidad pública, especialmente si se plantean sin el consenso competencial necesario. Los colegios médicos no hemos sido invitados a participar en la toma de estas decisiones, y las hemos conocido por la prensa.
Estamos a disposición de la Consellería para abordar estos problemas y encontrar una solución razonable y ajustada a la normativa que no implique la pérdida ni invasión de las competencias que los médicos tenemos reconocidas, y que en ningún caso se plantean para otras profesiones sanitarias.
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