El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado a Naciones Unidas que las consecuencias adversas del cambio climático son y serán “aún más devastadoras” para las personas con discapacidad, “dado que comúnmente están excluidas de la planificación social y la toma de decisiones”
Así lo pone de relieve el CERMI, mecanismo independiente para el seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional de la Discapacidad, en su respuesta a las preguntas formuladas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está recabando las opiniones de los estados y de la sociedad civil para elaborar un estudio sobre la protección y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el contexto del cambio climático.
“En tanto sus necesidades no sean tenidas en cuenta a la hora de anticipar sucesos, brindar alertas y tomar decisiones, cualquier evento de cambio climático (desde una ola de calor, lluvias intensas, hasta una catástrofe que implique evacuación) afectará a su salud y resguardo físico y mental incluso en mayor medida que el de las personas sin discapacidad”, alerta el CERMI.
En este sentido, la entidad advierte del mayor riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos por parte de las personas con discapacidad en situaciones de rescate; de las mayores dificultades para comunicar sus necesidades o pedir auxilio; de la falta de accesibilidad en las informaciones de alerta que se difunden a la población, y del incremento de barreras arquitectónicas en caso de derrumbes, daños en edificios o la interrupción del servicio de ascensores, entre otros.
Por ello, el CERMI defiende QUE las personas con discapacidad necesitan saber qué resguardos tomar frente a estos cambios según su situación singular; recibir instrucciones de emergencia claras y accesibles, adecuadas a su necesidad y disponer de los medios necesarios para movilizarse y comunicarse en el caso de evacuación.
Más allá de las situaciones de rescate, el CERMI resalta las especiales dificultades de las personas con discapacidad que no tienen acceso a agua potable; la influencia del menor nivel de renta, lo que merma las posibilidades de transitar hacia el uso de energías renovables en sus hogares, así como de las mayores dificultades para migrar en caso de escasez de recursos.
También destaca la merma de la calidad y esperanza de vida por la contaminación del aire o las olas de calor, debido a una mayor vulnerabilidad de la salud de algunas personas con discapacidad; el aumento de la inseguridad ciudadana en casos de desastres, que amenaza sobre todo a las mujeres y niñas con discapacidad, y la falta de accesibilidad del teléfono de emergencia 112 para las personas sordas.
Además, la entidad, que en 2018 desplegó un plan para reducir la huella de carbono y el uso de plásticos en su actividad diaria, alerta de que la mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad se ve acrecentada cuando confluyen otros factores de discriminación como el género, la residencia en entornos rurales, la etnia, el lugar de procedencia, etc.
Por otra parte, señala que esto no es solo una cuestión del futuro, sino que existen casos recientes como las fuertes lluvias en el este de España este verano, un fenómeno extremo que puso de relieve la dificultad para satisfacer la demanda de transporte de las personas que usaban sillas de ruedas. También mostró las dificultades para mantener el suministro adecuado de medicamentos con receta o el acceso a ciertos equipos médicos necesarios, como el oxígeno, así como la falta de refugios con instalaciones, equipo y personal capacitado para satisfacer las diversas necesidades de las personas con discapacidad.
Para la plataforma representativa de la discapacidad en España, que muestra su apoyo a la Cumbre Mundial del Clima que tendrá lugar a partir de la semana próxima en Madrid, es fundamental implantar medidas cuyo impacto, además, sea medible a través de herramientas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o la Convención Internacional de la Discapacidad.
Por último, apunta a la oportunidad de empleabilidad que el tránsito a una economía más verde abre para la empleabilidad de las personas con discapacidad. “Implementar una transición justa hacia una economía baja en carbono que tenga como objetivo no dejar a nadie atrás requerirá una combinación específica y contextualizada de leyes, protección social, desarrollo de habilidades y transformación de actitudes que creen un entorno propicio para que los empleos verdes se perpetúen y se abran nuevas oportunidades de trabajo digno para personas con discapacidad”, abunda el CERMI.
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