Los doctores Fernando Soler y Luis Montes, miembros de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD), aportan en este artículo su punto de vista sobre la eutanasia en menores planteada en Bélgica, un tema que ha venido siendo abordado en «MedicosyPacientes», contando para ello con las opiniones de distintos expertos en la materia
Madrid, 6 de noviembre 2013 (medicosypacientes.com)
A lo largo de los últimos días y a instancia de medicosypacientes.com, se han publicado en dicho medio de expresión del la OMC tres artículos de opinión relativos al debate y próxima votación en el parlamento de Bélgica sobre la posible ampliación de las indicaciones de eutanasia a personas menores de edad con capacidad de discernimiento. Dos de dichos artículos, el del doctor Marcos Gómez(1), Presidente de la Comisión Central Deontológica de la OMC, y el del doctor Álvaro Gándara (2), Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), expresan al parecer sus opiniones personales mientras que, el tercero (3) trasmite la postura del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Pediatría (SEP) al respecto.
Considerando que, tanto la sociedad civil como la sanitaria en nuestro país, necesitan y se merecen un debate ético plural, serio y sosegado sobre la disponibilidad de la propia vida, quienes firmamos este escrito, mayoritaria pero no exclusivamente médicos, miembros de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) deseamos contribuir a la pluralidad -y esperamos que a la racionalidad- de tal debate.
Agradecemos sinceramente el tono y los términos en que se expresa el Comité de Bioética de la SEP. Es muy probable que discrepemos en aspectos fundamentales de la cuestión pero siempre es elogiable el tono respetuoso en que expresa sus opiniones y la convicción con que se pronuncia a favor de llevar a cabo el «diálogo pendiente sobre la eutanasia», diálogo que «no puede ignorar» el colectivo sanitario aún desde su clara apuesta «por la vida y por la ayuda a morir sin dolor, dignamente y con los cuidados paliativos oportunos». Precisamente por esa apuesta, apostillamos nosotros sin ánimo de cambiar el sentido de sus palabras.
Es de lamentar sin embargo que, al contrario que la SEP y en aras de preservar la racionalidad del debate, ni los doctores ni el medio solicitante de sus opiniones, hayan puesto énfasis en fijar bien claro el tema que se plantea el Parlamento Belga -órgano legislativo legitimado en derecho para ello, por cierto- tras la deliberación y acuerdo de la sociedad: se trata de decidir si se amplia el supuesto de despenalización de la eutanasia a aquellas situaciones en que, cumpliéndose los requisitos y garantías exigidos en el resto de casos, quien lo solicita es un menor con capacidad de discernimiento probada.
Cualquier lector no informado previamente sobre el tema podría ser inducido a pensar que los belgas y su parlamento se plantean sin más legalizar la muerte de niños por la simple voluntad de sus padres o tutores. Desde su inicio, ambos artículos inducen al equívoco; titula el doctor Gándara: «No convirtamos nuestro estado del bienestar en un Estado eugenésico, insolidario y economicista» (el destacado es nuestro). Por su parte el doctor Gómez hace lo propio con «La pendiente resbaladiza y la eutanasia infantil». Sea intencional o no, dificultan igualmente el debate racional expresiones sarcásticas como «nuestro célebre menor maduro» o abiertamente tendenciosas como el cuestionamiento que hace el doctor Gándara sobre la valoración de la madurez: «¿este análisis por parte del psiquiatra se hará a posteriori, como ocurre en los otros casos?». Puesto que no cabe en cabeza normal que una valoración de competencia pretendiera hacerse después de realizada la eutanasia, es legítimo considerar el comentario fuera de lugar y por ende, poco respetuoso con los belgas en general y con sus psiquiatras y parlamentarios en particular. Por no hablar de los propios menores, claro.
Una cuestión previa al debate ético ulterior es que, aunque a los doctores Gómez y Gándara pueda costarles admitirlo sin más, hay menores con una capacidad de discernimiento y una madurez que ya quisieran para sí muchos adultos. Una vez sentada esta afirmación, avalada por la experiencia y la práctica diaria no sólo de los pediatras, procede a nuestro juicio poner el énfasis en el fundamento ético de la despenalización –que no legalización (4)– de la eutanasia en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Recordaremos que, tras un largo y profundo debate iniciado por Holanda, en el que participó el conjunto de la sociedad y que fue liderado por los médicos, incluidos paliativistas, y su órgano de representación, la Real Asociación Holandesa de Médicos, en conjunción con los órganos jurisdiccionales, se alcanzó un amplísimo consenso social, superior al 80%, que se mantiene doce años después, sobre la conveniencia de despenalizar la práctica de la eutanasia en determinados supuestos.
Salvo para quienes creen en sociedades teocráticas, el proceso seguido en estos países resulta intachable por plenamente democrático. El acuerdo se basó en dos principios éticos: el derecho de las personas a la evitación del sufrimiento y la obligación del Estado a respetar y promocionar la autonomía de las personas, sufrientes o no. Un debate serio sobre la cuestión se ceñirá a si la condición de menor debería impedir por sí misma el acceso a la práctica de la eutanasia. A nosotros no nos resulta fácil encontrar argumentos que permitan negar de entrada el derecho de los menores a la eutanasia basando la negativa en el simple hecho del número de años vivido. Es la competencia, la capacidad de juicio, junto con la libertad de dicho juicio y no la edad la condición necesaria para que, en presencia de un sufrimiento cuya intensidad sólo está legitimado para valorar aquel que lo padece, el estado asuma la obligación de facilitar los medios para que la decisión se lleve a cabo con plenas garantías de seguridad y eficacia. O al menos, como en el caso de Suiza donde sólo está despenalizado el suicidio asistido, la obligación de no impedir la ayuda de terceros siempre que sea altruista. Por supuesto, no olvidamos que todos los estados, tiene un legítimo interés y obligación de preservar el derecho a la vida de los ciudadanos y ciudadanas que no renuncien voluntariamente a él y deben, en consecuencia, tratar de impedir abusos. Esa es la razón de que se regulen las conductas mediante una ley y no con la simple exclusión del tipo penal.
Respecto a la manida utilización de la «pendiente resbaladiza» como argumento exclusivo para rechazar no sólo el reconocimiento del derecho sino el simple debate sobre él, en nuestra opinión sería deseable que, al menos las personas que ostentan cargos de representación médica o deontológica, mostrasen capacidad para diferenciar los abusos que justificarían el término «pendiente resbaladiza», de la legítima ampliación de los supuestos admitidos por la ley para dar una solución ética y equitativa a nuevas situaciones que surgen en la aplicación de la norma y que no fueron previstas por ella en su momento. En ninguno de estos casos, tampoco en el de los menores, se ha renunciado a la voluntad autónoma válidamente expresada, incluso previamente cuando se conservaba la capacidad de decidir. Tampoco falta el estado de sufrimiento en ninguno de los casos que menciona el doctor Gómez, por más que se exprese como si quisiera restarles seriedad. A nosotros y, seguramente a muchas personas sensibles al dolor ajeno, la vivencia de fracaso personal que supone la certeza de haberse equivocado irremediablemente en una decisión tan trascendente como un cambio de sexo, o la amenaza cierta de una ceguera añadida a una sordera total, deben ser fuente de un sufrimiento plenamente justificante. Lo mismo podríamos decir del dolor moral que puede ocasionar la soledad total. Cuesta admitir tal falta de empatía y compasión en personas que se manifiestan partidarias de la vida ?una vida digna, suponemos? y dicen seguir un código deontológico profesional que define como «deberes primordiales del médico» el «servicio del ser humano y de la sociedad», el respeto a «la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad». Es evidente que el sentido que tales principios tiene para cada médico es diferente.
No querríamos terminar sin comentar un aspecto que se olvida con frecuencia: que la deontología no está en ningún caso por encima de las leyes democráticamente aprobadas y también que, aprendiendo de la experiencia en estos países, deberíamos trabajar para que el consenso social necesario –que las diferentes encuestas aseguran existir entre nosotros tan ampliamente como en Holanda o Bélgica– lleve a la elaboración de una ley de eutanasia que, desde el respeto real a la autonomía de las personas que válidamente renuncien a su derecho a seguir viviendo en condiciones subjetivas de indignidad, incluya desde el principio toda la casuística y circunstancias posibles. Así se evitará este tipo de debate viciado que llega al extremo de calificar como «barbarie» un proceso ética y políticamente irreprochable. Quienes estén abiertos al debate constructivo y racional nos encontrarán dispuestos. No así quienes, ocultando la verdadera razón de su rechazo, su creencia en la sacralidad de la vida, sigan empeñados en la argumentación falaz que pretende hacer pasar por hechos las opiniones, creencias y prejuicios, propios o de otros cuya autoridad sólo ellos reconocen.
Fernando Soler y Luis Montes
Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD)
Se suman a la firma de este escrito:
1. Carlos Barra
2. Antonio Cuesta
3. Frutos del Nogal
4. Miguel Ángel López Varas
5. Fernando Marín
6. Fernando Pérez Iglesias
7. Francisco Tovar Jara
8. Paz Vázquez Castro
9. Óscar Macho Pérez
10. Javier González Medel
11. Roberto Climent Vicente
12. Tamara Hormaechea Montautti
13. Kurt Brainin
14. Elia Sevilla García
15. Elena Arnedo Soriano
16. Carlos Canalda Shali
17. Jaime García Aguado
18. Alejandro Barroso Merinero
Notas
1 http://medicosypacientes.com/articulos/EUTANASIA241013.html
2 http://medicosypacientes.com/articulos/eutanasia281013.html
3 http://medicosypacientes.com/articulos/pediatria271013.html
4 Legalizar una conducta significa convertirla en lícita, es decir levantar el reproche penal que pesa sobre ella tras haber sido considerada ilegal (prohibida y castigada por el ordenamiento). Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Suiza no han legalizado las conductas eutanásicas que, de hecho, siguen penalizadas incluso en el caso de la simple inducción y con más dureza –hasta 12 años de cárcel en Holanda- que en el código penal español. Esos estados sólo han despenalizado ciertas conductas eutanásicas siempre que se lleven a cabo cumpliendo determinados requisitos
