La Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial (OMC), a través de su Grupo de Trabajo de Carrera Profesional, ha emprendido una serie de acciones para que a los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado se les reconozcan y desarrolle el derecho a la carrera profesional, La Dra. Carmen Hoyos, como coordinadora de dicho Grupo, explica en "MedicosyPacientes", las principales líneas de actuación que se están llevando a cabo
-¿Podría explicar la finalidad de esta reivindicación?
-Queremos recordar a la Administración y fuerzas sindicales que existen colectivos sanitarios, no solo médicos, que llevan más de doce años de retraso en el reconocimiento de su derecho a la carrera profesional. Un derecho que determina la ley y que ambos estamentos, a día de hoy están obviando.
-¿Qué colectivos son los principales demandantes y, en concreto, en qué les perjudica esta situación?
-Todos los médicos dependientes de la Administración General del Estado o sea los que no han sido transferidos a las comunidades autónomas, médicos militares, médicos evaluadores del INSS, médicos forenses, médicos de sanidad penitenciaria, médicos de la Guardia Civil, de la Marina y de la Sanidad Exterior principalmente, así como otros transferidos pero que por ser profesionales de colectivos minoritarios no han sido escuchados para la concesión de este derecho, médicos de Consejerías de Educación, de Diputaciones y Ayuntamientos etc.
En cuanto a la segunda parte de su pregunta, el perjuicio que se nos está ocasionando es por un lado de índole económico con importante repercusión, y por otro y quizás aún de mayor importancia, el precio moral que supone la falta absoluta de reconocimiento a las diarias tareas formativas y de otra índole que requiere el desempeño de nuestras funciones como profesionales competentes, que debe ser algo a estimular en una función pública moderna.
La Administración, en nuestro caso, trata por igual al médico preocupado por su formación continuada, que realiza tareas de docencia, investigadora etc como al que no las realiza.
-¿Consideran un ejemplo discriminatorio que estos colectivos no tengan reconocida, a día de hoy, la carrera profesional?
-Es un claro ejemplo discriminatorio que no debería producirse y para el que puede servir el símil del “pez grande que se come al pequeño”. Los presupuestos del Estado, a los que contribuimos todos, se reparten favoreciendo a los colectivos grandes que son los que tienen mayor representación en las fuerzas sindicales y mayor cercanía con la administración. De los pequeños se olvidan políticos y sindicalistas.
En el País Vasco se está viviendo en estos momentos el hartazgo del colectivo de médicos forenses que han iniciado sus movilizaciones tras no ser oída la discriminación que sufren frente a otros colectivos de la sanidad pública. ¿Conoce la opinión pública y muchos de nuestros representantes que un médico forense cobra un euro y medio por una hora de guardia?
Desde aquí mi absoluta solidaridad con todos ellos.
-¿De dónde emana el derecho a este colectivo a tener reconocida una carrera profesional?
-La base legislativa se fundamenta en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que desarrolla este derecho en su Título III y lo aplica a todo el ámbito de profesionales sanitarios, incluso al ejercicio privado de la profesión.
La Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en sus artc 14c, 16 y siguientes lo avala de igual manera.
-¿Qué tipo de estrategias ha emprendido el Grupo de Carrera Profesional para llevar a cabo esta reivindicación?
-Llevamos un año trabajando y tras un estudio jurídico vimos que la vía contencioso-administrativa solo nos reconocía el derecho a la carrera profesional pero no su desarrollo. Es lo que se conoce como “expectativa de derecho”. El desarrollo de ese derecho corresponde a la administración y sindicatos. Y fue por ello que desde la vocalía de Administraciones Públicas de la OMC hemos llevado a cabo contacto con los sindicatos presentes en las mesas de negociación de la Administración General del Estado (AGE) UGT, CCOO y CSIF para poner de manifiesto nuestro malestar e instar a que se introduzca nuestra problemática en las mesas técnicas. A día de hoy no ha habido posicionamiento oficial si bien parece que tampoco ha habido convocatoria de apertura de mesas negociadoras dada la situación política que estamos viviendo.
Dirigimos así mismo, hace meses documento informativo sobre el tema al Presidente y Vicepresidenta del Gobierno de la nación, Ministro de Hacienda y AA PP, Defensora del Pueblo y Foro de la Profesión Médica sorprendiéndonos muy negativamente que en ninguno de los casos ha habido contestación.
A pesar de ello desde nuestro GT seguiremos trabajando en la reivindicación de este derecho que sin duda mejorará nuestros servicios.
-¿Están involucrándose todos los Colegios de Médicos en esta acción? ¿se necesitarían habilitar más mecanismos al respecto?
-Desde la Presidencia de la OMC y la Vocalía de AA PP se dirigió petición en asamblea nacional de Presidentes de Colegios de Médicos, a éstos para que prestaran su apoyo a los vocales provinciales de AA PP en sus reivindicaciones sobre este tema, y hay constancia de que así ha sido, lo que agradecemos desde el Grupo de Trabajo.
-¿Tienen constancia de que el gobierno o las CC.AA. hayan dado algún paso en este sentido?
-Como le decía, no ha habido ningún avance desde la Administración Central del Estado, y a nivel autonómico mencionar el esfuerzo realizado por el País Vasco y Cataluña que han asumido competencias plenas en Sanidad Penitenciaria equiparando a sus profesionales con el resto del sistema público de salud incluyendo la carrera profesional.
Mencionar también a Extremadura en relación con el colectivo de médicos de residencias asistidas de mayores recientemente asumido por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, reconociendo este derecho.
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