l próximo lunes, 28 de octubre, se celebra, en la sede de la OMC, la Jornada «Apuntes para una política pública de vacunaciones», promovida por por el Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Uno de sus miembros, el doctor Luis Palomo, desmenuza en esta entrevista el contenido de la Jornada y ofrece su punto de vista, como médico de A.P., sobre el panorama actual de las vacunas
Madrid, 25 de octubre 2013 (medicosypacientes.com)
-Como miembro del grupo coordinador de la Jornada «Apuntes para una política pública de vacunaciones», ¿podría explicar el objetivo de este encuentro, qué mensajes se pueden transmitir, así como el perfil de los ponentes que participan en el mismo?
-La actividad científica de SESPAS se articula, en parte, en torno a los debates que sugieren distintos grupos de trabajo. Como sabe, SESPAS es un conjunto de asociaciones federadas, de distintos campos de interés, pero con la salud pública como argumento común, y el campo de las vacunas favorece el intercambio de conocimientos procedentes de la epidemiología, de la atención primaria, de la enfermería, del derecho o de la economía de la salud, por eso el grupo de vacunas surgió para suministrar a SESPAS y, en general, a la población y a la comunidad científica y profesional y a la administración sanitaria información actualizada, de calidad y contrastada, sobre la eficacia, efectividad y seguridad de las vacunas, y para mantener la confianza en las vacunaciones sistemáticas de la infancia, y, en general, en aquellas vacunaciones de efectividad probada.
Y ese es el objetivo de esta jornada del día 28: promover un debate científico y desapasionado para lograr entre todos los mayores beneficios de una política pública de vacunaciones. En esta ocasión se hablará de los pros y los contras de un calendario vacunal unificado a través de las opiniones de Mercedes Vinuesa, Director General de Salud Pública, y de Amós García Rojas, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología; conoceremos las medidas que se han puesto en marcha en otros países para favorecer la adherencia y la confianza en las vacunaciones. Me refiero, por ejemplo, a las medidas de compensación por posibles daños debidos a efectos adversos de las vacunas, de lo que hablará José Tuells, de la Universidad de Alicante. Por su parte, Galo Sánchez-Robles, experto en metodología de evaluación GRADE, hablará sobre cómo medir las condiciones de efectividad que deben reunir las vacunas. Finalmente, Federico de Montalvo, experto jurista en derecho sanitario, hablará de la responsabilidad médica en la salud pública vacunal.
-Desde su punto de vista ¿en qué situación se encuentra actualmente la política pública de vacunaciones?¿hacia dónde se dirige?
-A juzgar por la reciente aprobación del Calendario de Vacunación Común Infantil por el Consejo Interteritorial del Sistema Nacional de Salud, parece que hay interés por resolver las disparidades existentes en las actuaciones vacunales de las distintas comunidades autónomas. En el caso del calendario, parece claro que no existen razones epidemiológicas en España que justifiquen con evidencia contrastada la diversidad de calendarios vacunales; ni razones de equidad que impidan que todos los niños reciban las mismas vacunas; ni criterios tácticos que dificulten el cumplimiento del calendario en todo el territorio nacional.
Otras actuaciones de política pública vacunal están resultando más controvertidas, como es el caso de la limitación al ámbito hospitalario de la vacunación frente a la enfermedad meningocócica por serogrupo B. Es posible que la AEMPS se haya precipitado dando vía libre a una vacuna cuya efectividad no está suficientemente evaluada, pero también es posible que las sociedades científicas que defienden su uso también fuera del hospital estén errando su análisis, porque antes de decidir dónde es el mejor lugar para administrar la vacuna, es necesario estar seguro de que la vacuna es realmente eficaz y efectiva, cosa harto dudosa con la información actualmente disponible.
Otro asunto conflictivo es la limitación impuesta por la AEMPS a la comercialización en farmacias de la vacuna contra la varicela. Aunque se compartan las razones de la AEMPS (que la vacuna de la varicela administrada a niños de temprana edad produce un efecto contrario a la protección de rebaño, perjudicando a los que no se vacunan, desplazando los casos de enfermedad a edades adultas y con afectación más grave, etc…), no estamos ante una decisión urgente, por lo que hubiera sido deseable un debate científico profundo hasta llegar a un consenso entre Administración y profesionales y hasta proporcionar a la población posiciones creíbles, no sospechosas de intereses ajenos a los meramente salubristas.
Por no hablar de las campañas de vacunación antigripal que, como es sabido, concitan posturas de todo tipo. Por ejemplo, sorprende la insistencia en propagar la vacunación entre el personal sanitario cuando según la última revisión Cochrane no hay pruebas suficiente para apoyar la vacunación de los trabajadores sanitarios para prevenir la gripe-gripe en las personas de 60 años o más.
-Parte de la filosofía de la Jornada se centra en que la interacción entre sociedad, investigación, producción de vacunas, salud pública y medios profesionales se está convirtiendo en un apasionado campo de intereses, ¿qué podría comentarnos al respecto?
-Resulta que las vacunas sistemáticas de la infancia son la medida preventiva más eficaz, barata y segura de que disponemos; que la palabra vacuna lleva implícita una consideración de «bondad», y que esa bondad es percibida por la población y que por eso, generalmente, acepta de buen grado la administración de vacunas. Pero también resulta que la sociedad actual es mucho más compleja que la que permitió asentar las campañas de vacunación desde mitad del siglo pasado. Hay muchas formas de vida alternativas; hay grupos de distintas creencias sobre la intervención médica; sigue habiendo, sobre todo, grupos sociales marginales y marginados desde el punto de vista de las desigualdades socio-sanitarias a los que apenas se llega desde los servicios de salud; también hay muchos intereses comerciales en la elaboración y en difusión de las vacunas; hay, incluso, una apropiación indebida del concepto de vacuna, denominándose así a sustancias que no lo son, o que no han demostrado suficiente efectividad poblacional. Por encima de todos estos cruces de intereses debe haber una política pública de vacunaciones que refuerce constantemente la confianza de la población en las medidas que son de eficacia y efectividad probadas.
-Uno de los aspectos que se va a debatir en dicha Jornada es el de la responsabilidad médica en el ámbito de las vacunas ¿cuál es su opinión al respecto?
-En este punto será interesante escuchar a F. de Montalvo hablar de que nuestro ordenamiento jurídico no recoge un deber legal de vacunación, fuera de los supuestos de epidemias, ni establece previsión expresa alguna sobre mecanismos legales para resolver los conflictos que pueden plantearse en torno a las vacunas, sobre todo, por la negativa de los padres a la vacunación de sus hijos. También se hablará del marco legal que permite que una decisión concreta de vacunación pueda ser acordada judicialmente en el supuesto de epidemias, debiendo atenderse, en todo caso, al principio de proporcionalidad y al de necesaria intervención judicial.
Los profesionales de la salud sí tendrían una responsabilidad justificada para incrementar las coberturas vacunales en aquellos supuestos que ya existe una evidencia científica suficientemente contrastada sobre los beneficios que para la salud colectiva e individual supone una vacuna concreta.
-A su juicio, piensa que el debate científico de las vacunas que lleva vivo desde hace tiempo ¿está contribuyendo a una mejor gestión y concienciación sobre su uso?
-A una mejor concienciación está claro que sí. Como decía antes, la diversidad poblacional, la mayor autonomía de los pacientes, la facilidad de acceso a la información, etc…, contribuyen a democratizar el debate. Lo que es poco entendible, desde un punto de vista profesional y científico, es mantenerse en la ignorancia deliberada, cuando hay pruebas suficientes a favor o en contra de tal o cual medida. O el empeño de algunos laboratorios, de algunos grupos profesionales y de algunas administraciones en mantener contra viento y marea determinadas medidas cuando hay suficientes dudas sobre su valor, simplemente porque necesitan sobrevivir reforzando su supuesta autoridad administrativa o científica, aunque sea manteniendo el error y la confusión.
