La Guardia Civil, con el apoyo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la desarticulación de una organización dedicada al tráfico ilegal de medicamentos, en el marco de la operación «CADUCEO» desarrollada en Navarra. Dichos medicamentos eran enviados establecido a países de la Unión Europea y terceros países
Madrid, 3 de julio 2014 (medicosypacientes.com)
La Guardia Civil, con el apoyo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha desarticulado una organización dedicada al tráfico ilegal de medicamentos, en el marco de la operación «CADUCEO» llevada a cabo, recientemente, en Navarra. Los medicamentos eran enviados establecido a países de la Unión Europea y terceros países.
La operación se saldó con la detención de dos personas y a la imputación de otras 13 a las que se les imputa la comisión de un delito contra la salud pública, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible, según han informado ambos organismos en rueda de prensa.
Asimismo, se realizaron cinco registros en domicilios y empresas, localizando en una de ellas un almacén clandestino de medicamentos con más de 12.000 envases de medicamentos valorados en unos 300.000 euros, los cuales no se encontraban en las condiciones sanitarias requeridas.
Se intervinieron cerca de 163.000 euros en metálico y más de 2.500 dólares americanos de curso legal, así como diversa documentación y material informático. Asimismo, se bloquearon 19 cuentas bancarias.
La operación, llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra con la colaboración de las Inspecciones de Farmacia de las Comunidades Autónomas afectadas, se inició a raíz de una denuncia presentada por una farmacia en la que se manifestaba que, mediante una llamada telefónica, le habían encargado un pedido considerable de determinados fármacos, los cuales debían reunir unos requisitos mínimos.
Al hilo de dichas investigaciones, los agentes constataron la existencia de una empresa declarada como almacén mayorista de medicamentos con sede en Alboraya (Valencia), que estaba constituida a su vez por tres empresas más y que eran las responsables de adquirir directamente en farmacias distribuidas en diversos puntos del territorio Nacional, medicamentos que sólo podían dispensarse a particulares y nunca a otras empresas o distribuidores, alegando para ello la imposibilidad de abastecerse de los laboratorios que los fabricaban.
Las empresas proveedoras del almacén implicado obtenían los medicamentos requeridos por la organización a un precio inferior al que le correspondía si los hubieran adquirido de manera legal a los distribuidores oficiales.
Para ello, a la hora de hacer la factura de los fármacos que habían sido solicitados por la organización se pactaba el precio final a abonar con un concepto distinto al real, normalmente «venta de productos de parafarmacia» ya que la tipificación de IVA era mayor a la que realmente le correspondía (la venta de medicamentos es del 4%, mientras que el de parafarmacia es de 10%). De esta forma, las farmacias implicadas, a la hora de pedir la devolución de IVA, obtenían un incremento de ganancias además de la comisión acordada por la venta de estos productos.
Del mismo modo, según información facilitada a los medios, los paquetes que contenían los medicamentos se preparaban de tal forma que el exterior fuera identificado como productos relacionados con suavizantes o colonias. A continuación, la mercancía era recogida por personas contratadas por las mercantiles o mediante empresas de paquetería.
Posteriormente, la mercancía era transportada hasta una nave de Vara de Quart (Valencia), donde la empresa de Alboraya se hacía cargo de los gastos del transporte y de su destino a empresas situadas en varios países europeos (Dinamarca, Reino Unido, Bélgica y Holanda), ya que el precio de estos fármacos en los países de destino eran tres veces superior al que se obtenía con la venta en España.
Perjuicio para la salud pública
Con este tipo de actividad se produce el consiguiente perjuicio para la salud pública, dado que la incorrecta conservación y transporte de los medicamentos, pueden motivar la pérdida de su eficacia. Por otro lado, se pueden dar situaciones de desabastecimiento en el territorio nacional o en determinados puntos de la geografía española, con el consiguiente perjuicio también para la salud de un determinado colectivo de pacientes, según explicaron los expertos ante los medios de comunicación.
Los medicamentos adquiridos por este sistema, al carecer de control no cuentan con las garantías de calidad, seguridad y eficacia, por lo que la posterior distribución podría causar un grave riesgo para la salud. Hay que destacar que entre los medicamentos incautados se localizaron 3.705 envases (267.880 cápsulas) de los medicamentos recogidos en la Circular 2/2012 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que regula la exportación de determinados medicamentos destinados a la cura de enfermedades como la leucemia o la epilepsia o el tratamiento para pacientes trasplantados.
Las empresas que fueron investigadas estaban realizando pedidos de unos determinados medicamentos para cubrir la demanda que realizaban empresas radicadas en el extranjero.
La operación, tal como indicaron, «sigue abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones».
Se puede obtener más información en la Oficina Periférica de Comunicación (O.P.C) de la Guardia Civil de Navarra, teléfono 948 296 882.
