Martes, 21 Mayo 2019

Jornada en Madrid

CESIDA reclama más implicación política para evitar "el derrumbe" del sistema sanitario en las prisiones

La Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA) reclama más implicación política para evitar "el derrumbe" del sistema sanitario en las prisiones del que advirtió en la Jornada “Presente y futuro de la sanidad penitenciaria”, celebrada en Madrid con la participación de representantes de la Administración pública, entidades sociales y profesionales

Madrid 13/03/2019 medicosypacientes.com
La Dra. Hoyos incidió en la precariedad laboral a la que están expuestos los profesionales sanitarios.
“Hace dos años, en estas mismas jornadas, pedimos la urgente transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas autonómicos de salud. Esto no ha sucedido y la sanidad es un barco que se hunde por la falta de relevo de profesionales sanitarios, entre otros motivos”, alertó el presidente de CESIDA, Ramón Espacio. 
 
La inauguración corrió a cargo de Julia del Amo, directora de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, que destacó que se han iniciado conversaciones entre la Dirección General de Salud Pública e Instituciones Penitenciarias para renovar el convenio de colaboración entre ambas que actualmente está paralizado. 
 
Por su parte, el coordinador de Enfermedades Infecciosas del Institut Catalá de Salut, Andrés Marco, reforzó la necesidad de esta colaboración: “aquella Salud Pública que no tiene en cuenta a su población reclusa no es Salud Pública”. Tales son las condiciones laborales en dicho sector que el personal sanitario de prisiones expresó, recientemente, su intención de convocar una huelga general 
 
Uno de cada cuatro reclusos, es decir, el 25,6% de las personas reclusas tiene una patología mental, y la cifra se eleva a casi la mitad de la población (49,6%) si se tienen en cuenta el abuso o dependencia de drogas. 
 
Al respecto, el representante de la Asociación Àmbit, dedicada a la intervención con personas privadas de libertad, Javier Vilalta explicó que muchas de las personas encarceladas en realidad serían inimputables, es decir, que su enfermedad mental les exime de la pena por el delito, pero la falta de recursos de salud mental en la sanidad pública tiene como consecuencia que terminen en prisión. Asimismo, opinó que “en España se vulneran los derechos humanos de las personas reclusas”.
 
José Antonio Martín, coordinador del grupo de trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó que para dar respuesta a la situación de privación de libertad de personas con enfermedad mental se creó el Programa Puente, pero denunció la falta de dotación presupuestaria para implementarlo.
 
Transferencia de la Sanidad penitenciaria
 
La ley de cohesión de sanidad de 2003 daba un plazo de 18 meses para transferir las competencias de sanidad penitenciaria desde el Ministerio de Interior a los Servicios Autonómicos de Salud. “¿Por qué no se cumple la ley?”, pregunta Andrés Marco, coordinador de Enfermedades Infecciosas del Institut Catalá de Salut, la única comunidad junto con el País Vasco que sí tiene transferida la sanidad penitenciaria.
 
La subdirectora general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martinez Aznar, analizó el trabajo realizado desde su departamento para avanzar la negociación de las transferencias en 14 comunidades autónomas. Aludió a su labor para progresar en la compatibilidad de los sistemas informáticos y la telemedicina entre centros penitenciarios y los sistemas autonómicos de salud como primer paso para hacer posible este logro. 
 
El director de Asistencia Sanitaria al Paciente de Navarra, Alfredo Martínez, explicó que el proceso de transferencia en su comunidad estaba muy avanzado, pero dada la situación política no sabe si se podrá culminar en los próximos meses.
 
Por su parte, la portavoz de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), Dra. Carmen Hoyos, puso en énfasis en la situación crítica que vive actualmente la sanidad penitenciaria, especialmente por la falta de profesionales y de relevo dada la precariedad y la desigualdad salarial existente entre los médicos de atención primaria y los de sanidad penitenciaria. 
 
“Un médico o farmacéutico cobra unos 1450€ menos mensuales, los enfermeros de prisiones cobran 300€ menos”, explicó Hoyos. La falta de profesionales en algunos centros penitenciarios es flagrante. En Ibiza, por ejemplo, han estado sin médico de octubre a enero y en Puerto 1 de junio a septiembre. Además, esta situación se agrava por la próxima jubilación de casi el 80% de la plantilla sanitaria penitenciaria.
 
La Dra. Hoyos incidió en datos expuestos el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en relación a 184 vacantes sobre un total de 491 plazas existentes en el cuerpo facultativo de Sanidad Penitenciaria, a lo que hay que añadir la marcha de unos 125 médicos en los últimos años, a consecuencia, fundamentalmente, de la precariedad laboral y las enormes diferencias retributivas que afectan al colectivo médico de prisiones. “El hecho de que se convocarán hace unos meses 15 plazas para las que sólo se recibieron dos solicitudes y que en la convocatoria para el cuerpo de facultativos de Sanidad Penitenciaria celebrada el pasado 1 de febrero, de 35 plazas convocadas hay 17 solicitudes es un ejemplo palpable de la situación”, señaló.
 
La principal consecuencia de esta situación, según señaló la representante de la OMC, es que en muchos centros no se hace más allá de una atención de urgencia a los reclusos, sin poder establecer consultas programadas para tratar las patologías de alta prevalencia que presentan como VIH o hepatitis C, entre otras.
 
El coordinador del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, Manuel Ródenas, se refirió a situación de vulneración de derechos es más grave en colectivos que sufren mayor estigma como son las personas trans, incidiendo en los numerosos casos en los que una persona trans es asignada a un módulo que no se corresponde con su identidad de género, a pesar de que existe una instrucción que lo regula.
 
Por último, Oscar Alfaro, de la asociación alicantina ACAVIH, presentó los resultados del programa Think Tank que se realiza en 10 centros penitenciarios a cargo de nueve entidades de CESIDA y que trabaja la prevención del VIH y otras ITS, así como la lucha contra el estigma.