La Fundación CERMI Mujeres y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han celebrado este martes que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos haya registrado en el Senado una proposición de ley y en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica que sufren sobre todo las mujeres y adolescentes y que esperan que se aprueben “cuanto antes” con el “máximo consenso”
Así lo han expresado la presidenta y la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Concha Díaz y Ana Peláez, respectivamente, durante un acto que ha tenido lugar este martes en la Cámara Baja, en el que la diputada Sara Jiménez y el senador Tomás Marcos han presentado sendas iniciativas parlamentarias. El acto ha contado con la participación de una veintena de personas representantes del CERMI, de diferentes organizaciones miembro como Plena Inclusión, Salud Mental España y Down España y de un grupo de mujeres con discapacidad.
“La esterilización no consentida es una discriminación y un atentado contra el cuerpo de las mujeres, pero también una negligencia, porque se incumple la legislación, como es el caso de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio de Estambul. Hace cinco años parecía imposible que las casi 100.000 personas con discapacidad privadas del derecho de sufragio pudieran votar, y el año pasado lo hicieron con completa normalidad. Esperamos que muy pronto suceda lo mismo con las esterilizaciones forzosas, que sean ilegalizadas y que las mujeres con discapacidad tengamos libertad sobre nuestros cuerpos”, ha declarado Concha Díaz.
Por su parte, Ana Peláez ha expresado su agradecimiento a Ciudadanos por su “gran sensibilidad” con las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad y ha recordado que la cuestión de las esterilizaciones forzosas está en la agenda del CERMI desde 2004. Además, ha resaltado que la Constitución española recoge que los tratados internacionales de derechos humanos, cuando son ratificados, forman parte del ordenamiento jurídico nacional y por tanto deben cumplirse.
Peláez ha advertido de los casos de esterilización forzosa “ocultos que no se denuncian” y ha alertado de que se trata de una práctica que “lejos de proteger a las mujeres con discapacidad de abusos, las deja más expuestas”.
También ha criticado los casos de mutilación genital por razón de discapacidad que se producen en todo el mundo y experimentos médicos, entre otras prácticas, que ha tachado de “aberrantes”. Por ello, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos, Jesús Martín, ha señalado que “este acto de hoy es feminismo, es inclusión y es avanzar hacia la igualdad”.
Tanto en la proposición de ley como en la proposición no de ley se exige suprimir el párrafo del artículo 156 del Código Penal que permite, como una excepción, la esterilización no consentida de aquellas mujeres que tienen modificada su capacidad jurídica.
“En cuanto se constituyan las comisiones de Discapacidad y de Igualdad, pediremos la rápida tramitación de ambos textos”, ha indicado la diputada Sara Jiménez, quien ha apelado al consenso de las fuerzas políticas ante esta iniciativa.
“Soy consciente de la discriminación que supone que a las mujeres con discapacidad se les prive del derecho de formar una familia. Todas las personas tenemos que poder elegir y como partido europeísta seguimos las recomendaciones de los tratados y organismos internacionales”, ha añadido la parlamentaria.
Mientras, el senador Tomás Marcos ha destacado que es la primera iniciativa que su partido ha registrado en esta legislatura en la Cámara Alta “porque el propósito de Ciudadanos es seguir ahondando en la igualdad de derechos de las personas con discapacidad”. Asimismo, ha subrayado que, además de erradicar las esterilizaciones forzosas, “se deben establecer canales accesibles para que las mujeres con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones plenamente informadas”.
Por último, el acto ha concluido con la intervención de diferentes mujeres con discapacidad procedentes de distintas comunidades autónomas como Madrid, Ceuta, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Todas han expresado su “emoción” y “gratitud” por el hecho de que este asunto se lleve finalmente al Parlamento, porque aunque Ciudadanos ya presentó una iniciativa similar en el Senado en la anterior legislatura, el texto decayó por el adelanto electoral.
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