La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), formada por colectivos, organizaciones y movimientos en favor del acceso universal a la sanidad, recopiló, en un informe, más de 500 casos de vulneraciones del derecho a la salud en España en el último año que se suman a los más de 1.500 casos documentados en informes anteriores elaborado por dicha plataforma. Estos datos fueron dados a conocer ayer miércoles con motivo del cuarto aniversario de esta normativa que introdujo numerosas modificaciones en el sistema sanitario
Según denunció REDER con motivo del cuarto aniversario de esta norma, impulsada por la ministra Ana Mato, entre agosto de 2015 y marzo de este año se detectaron 541 vulneraciones que sumados a los más de 1.500 casos documentados en el informe anterior elaborado por esta plataforma.
Las barreras administrativas (188) y la falta de información (251) suman más de la mitad de las incidencias, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia. La mayoría de los casos se producen, por este orden, en los centros de salud, en los hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Además, la información recopilada por las organizaciones que integran la red incluye también incumplimientos de la propia normativa, como l 36 casos de niños a quienes se les ha denegado la tarjeta sanitaria, las 47 incidencias en urgencias por negación de asistencia o por intento de cobro, y las 28 mujeres embarazadas que no han conseguido acceso a tratamiento o seguimiento de su gestación.
Teniendo en cuenta la nacionalidad de los afectados, quienes más sufren los efectos de esta norma proceden de países latinoamericanos (49%) y comunitarios (22%), seguidos de los subsaharianos (13%).
Esta red también tiene identificadas al menos 20 personas de avanzada edad que siguen sin poder acceder de forma normalizada a la atención sanitaria pública pese a haber llegado a España a través de un proceso de reagrupación familiar y, por tanto, “quedan absolutamente al margen del sistema sanitario, sin acceso a servicios que les son imprescindibles”.
Para REDER, el problema sigue siendo la vigencia de esta norma arbitraria e injusta”, al tiempo que celebra que 14 de las 17 comunidades autónomas hayan aprobado algún tipo de medidas “paliativas” para contrarrestar sus efectos.
No obstante y, pese a estos avances, denuncian que los gobiernos autonómicos “carecen de competencia para revertir la profunda modificación del sistema sanitario que supuso la reforma de 2012” y no pueden devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria “arrebatado” por el actual Gobierno en funciones a más de 800.000 personas.
En el informe también se incide sobre la falta de información. En concreto se alude al baile normativo de los últimos años, con reformas y contrarreformas en torno a las condiciones de acceso al sistema sanitario que, para mayor complejidad, varían en función de la comunidad en la que se resida, ha generado confusión entre el personal administrativo de los centros sanitarios en torno a qué regulación es la aplicable.
A esto, los autores del informe añaden “el desconocimiento, miedo y desconfianza que se ha instaurado en la población en situación irregular, que la ha disuadido de acudir a los propios centros de salud”. Al respecto consideran que toda nueva normativa debería ir acompañada de una campaña informativa, dirigida tanto a las personas beneficiarias de la misma como a aquellas responsables de implementarla.
PSOE y PNV se suman a las reivindicaciones de REDER
A las reivindicaciones de REDER sobre el R.D. 16/2012 se sumaron el Partido Socialista (PSOE) y Partido Nacionalista Vasco (PNV). En este sentido, el portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara y diputado por Navarra, Jesús María Fernández, lo consideró “el mayor atentado a la sanidad española de los últimos 20 años”, que ha excluido de la sanidad universal a 800.000 personas en este tiempo, según denunció.
Acompañado del resto de diputados socialistas miembros de la Comisión de Sanidad, así como de representantes del PNV y de organizaciones sociales y REDER, participaron en un acto reivindicativo en las escalinatas de la Puerta de los Leones, en el que han posado mostrando su tarjeta sanitaria autonómica.
“La sanidad era un derecho de ciudadanía, dejó de ser así para volver a un sistema de aseguramiento”, denunció Fernández, a la vez que se comprometió a que, de haber un próximo Gobierno socialista, la primera medida que adoptará será recuperar esta tarjeta sanitaria.
Asimismo, y con motivo del cuarto aniversario de la reforma sanitaria, diferentes municipios y entidades regionales se movilizaron promoviendo mociones en ayuntamientos (La Coruña, Santiago, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Huesca, Toledo o Santander, entre otros), Proposiciones No de Ley en parlamentos autonómicos (como los de Cataluña, Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Baleares) y en algunos se celebraron concentraciones de protesta ante los consistorios.
Relacionados
