La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha anunciado que están trabajando con la Asociación de Afectados por la Talidomida de España (AVITE) en la elaboración de un proyecto de ley "urgente" para satisfacer las demandas del colectivo de pacientes
En su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Montón ha asegurado que con la normativa que está elaborando su departamento, junto con AVITE, se podrá dar soluciones «reales, claras, transparentes y honestas» al colectivo.
Por ello, la ministra de Sanidad ha calificado de «brindis al sol» la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para mejorar las ayudas a los afectados por la talidomida, elevando las cantidades de los 36.000, 96.000 y 180.000 euros, según tramos de discapacidad (36, 45, 65 y 75 por ciento, respectivamente), a los 12.000 euros por punto porcentual de grado de minusvalía.
«La enmienda es un brindis al sol y demagogia. Nosotros vamos a afrontar esta situación con los afectados y nuestra hoja de ruta es clara y pretende satisfacer sus necesidades y cuando se trata de situaciones dolorosas, un grado de honestidad en la política se agradece», ha aseverado Montón, defendiéndose así de las críticas vertidas por el diputado de Ciudadanos Francisco Igea, quien le ha reprochado que su grupo parlamentario no hubiera apoyado la enmienda a los PGE cuando antes de estar en el Gobierno «apoyaron siempre a las víctimas».
A finales de junio el Pleno del Congreso aprobó la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 por la que se adaptan las indemnizaciones de los afectados por talidomida de forma proporcional a las discapacidades que sufren por el consumo de este este medicamento de la farmacéutica Grünenthal .Esta medida supone un aumento de estas compensaciones.
La partida relacionada con este caso salió del Congreso el pasado mes de mayo, hacia el Senado, con 20 millones, una cifra que supondría una media por afectado de 65.000 euros como pago único que, dividido en 82 años de media de vida de un español, sería el equivalente a 56 euros de pensión al mes.
Ahora, con los cambios aplicados en el Senado y la aprobación definitiva en el Congreso, el importe de ayuda a percibir sería el resultado de multiplicar por 12.000 euros cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada por los organismos competentes.
Además, el documento recoge que estas ayudas «serán compatibles con cualquier pensión pública y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza».
Del mismo modo, se modifica el texto en el que se especifica que el Gobierno deberá recabar de la compañía propietaria de la patente del fármaco y, en su caso, aquellas que hubieran realizado su distribución en España, la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado.
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